La Audiencia Nacional de Madrid ha condenado a 133 años y ocho de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano Morales, como uno de los mandantes de la masacre cometida por las Fuerzas Armadas salvadoreñas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989, en el que fueron asesinados el rector Ignacio Ellacuría y los sacerdotes Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos jesuitas españoles. Montano también ha sido declarado culpable del homicidio del jesuita salvadoreño Joaquín López, la cocinera Julia Ramos y su hija Celina, ocurrido en la misma circunstancia, pero no puede ser condenado por estos últimos delitos, ya que no entran dentro de la extradición del imputado, otorgada en 2017 por Estados Unidos.

La provincia española de los jesuitas ha expresado su satisfacción por la sentencia sobre “los mártires de la UCA”, como se les conoce ahora. Felicitando a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas, que han impulsado el juicio en España, el Superior Provincial P. Antonio Espana, en el mensaje enviado a la Agencia Fides, espera que la sentencia “facilite la labor de la justicia en El Salvador”, promoviendo el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación del país y la paz.

“La Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA -continúa- seguirán trabajando, como lo han hecho hasta ahora, por un juicio justo en El Salvador, como se anunció en el comunicado conjunto emitido el 7 de junio”. Por último, ha recordado que los jesuitas han manifestado su disposición a perdonar a quienes planearon y llevaron a cabo este horrendo crimen, “pero es necesario que primero se reconozcan los hechos, se saque a la luz la verdad y se identifiquen las responsabilidades correspondientes”.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) tras la sentencia también ha publicado un comunicado, enviado a Fides, en el que entre otras cosas reitera la importancia de que “el juicio relativo a la matriz intelectual de la masacre de los jesuitas y sus colaboradores, sea realizado en El Salvador”. Las pruebas y testimonios examinados durante el juicio en España han dejado claro “el sistema de encubrimiento e impunidad que guio a las Fuerzas Armadas, y en cierta medida al Estado salvadoreño, ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”. Del juicio se desprende claramente que las Fuerzas Armadas, y en particular la Escuela Militar de 1966, eran “una máquina criminal y de encubrimiento de los graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el Estado de derecho, apropiándose de un poder de facto que va más allá de la derechos y funciones que le atribuye la constitución”.

La UCA espera que esta sentencia ayude a la conciencia nacional y la justicia salvadoreña “a dar pasos concretos hacia la verdad y la justicia, no solo en el caso de los jesuitas, sino también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los derechos humanos”. “Las condenas judiciales por asesinato o terrorismo nunca son motivo de alegría” prosigue el texto, sin embargo constituyen “un reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad y un estímulo y garantía de que tales actos inhumanos no se repetirán”.

Reiterando que “el camino de la reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón”, la UCA subraya que continuará su labor “para contribuir a una nueva realidad donde el amor, la reconciliación y la justicia sean valores esenciales”.

COMPARTE: