Por By Stefano Gennarini, J.D., este artículo se publicó por primera vez c-fam.org

El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos sentenció que Ecuador es responsable del suicidio de una adolescente de 16 años víctima de abuso sexual por parte de su vicedirector porque entre otros muchos fallos, no promovió una educación sexual integral en los colegios del país.

Paola Guzmán Albarracin, una chica de 16 años, se envenenó a sí misma en 2002 después de sufrir abusos sexuales por parte del vicedirector de su escuela en Ecuador durante dos años. Ella dejó tres cartas explicando su intento de suicidio. Una, dirigida al vicedirector, decía que se sentía “engañada” por él porque  había estado con otras mujeres.

En 2006 el bufete de abogados pro abortistas, el  Centro para los Derechos Reproductivos,  pidió a la corte un fallo amplio, imponiendo un rango de nuevas políticas sociales sobre Ecuador basadas en estándares de derechos humanos internacionales desarrollados por los comités de la ONU. Ahora, después de varios años, el tribunal ha decidido hacer una concesión a la decision general.

El Centro para los Derechos Reproductivos argumentó que el gobierno de Ecuador había violado los derechos internacionales de Paola Guzmán basados en las recomendaciones de los comités de la ONU y que Ecuador debe adoptar programas de educación sexual. También aducen que los derechos de Paola Guzman a la vida, la integridad personal, la libertad frente a la violencia, la no discriminación, las garantías judiciales, la protección judicial, así como un derecho a una protección especial del gobiernos debido a ser una menor, habían sido también violados.

Ecuador reconoció que había fallado en proteger a la niña del abuso sexual. Reconoció que había fallado en desarrollar políticas protectoras así como en perseguir enérgicamente a los perpetradores de abuso sexual en su sistema escolar desde el inicio del litigio. Pero el gobierno de Ecuador  no asumió todas las reclamaciones del Centro de Derechos Reproductivos.

Ecuador tampoco concedió todas las conclusiones de hecho del tribunal, quejándose de que el tribunal confiaba en declaraciones y testimonios que el gobierno nunca tuvo la oportunidad de impugnar. Esto no atañe al tribunal, que se alineó completamente el Centro de Derechos Reproductivos.

Siguiendo la decision del Tribunal, el Centro para Derechos Reproductivos está reclamando que el Tribunal haya impuesto un amplio conjunto de obligaciones para todos los países de América Latina, incluyendo “garantizar que el derecho a una educación integral incluya acceso a la educación sexual y reproductiva adaptada a las necesidades de niñas y adolescentes”.

El bufete de abogados también afirma que el tribunal ha regulado que todos los países en América Latina deben “reconocer que las niñas adolescentes tienen libertades, entre las cuales están la libertad sexual y el propio control de sus cuerpos”, así como que debe promover “el empoderamiento de las niñas para desafiar las normas y estereotipos patriarcales”.

A diferencia de los fallos de la Corte Suprema de los EE.UU. los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son susceptibles de sentar jurisprudencia. En virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de la corte sólo son vinculantes para los países involucrados en el litigio ante ella. Pero en los últimos años la corte ha dictaminado que sus propias decisiones deben ser incorporadas a las leyes de todos los países y que los tribunales nacionales deben seguirlas como un precedente vinculante.

La Corte Interamericana califica esta nueva doctrina jurídica de “control de constitucionalidad”,  y es un arma poderosa que a los activistas sociales de todas las tendencias políticas les gustaría usar para avanzar en sus políticas cuando el proceso democrático les falla. El tribunal ya ha tratado de imponer la obligación de aprobar el matrimonio homosexual en toda América Latina.

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