Por By Rebecca Oas, Ph.D., artículo publicado originalmente en C-FAM

Por segunda vez, el Senado de Kenia está considerando un proyecto de ley de “salud reproductiva” que promovería el aborto, pondría en peligro los derechos de conciencia de los profesionales de la salud, y consagraría en una ley un derecho a la tecnología reproductiva asistida, incluyendo la subrogación.

Los promotores del aborto, como el Centro para los Derechos Reproductivos, afirman que las leyes de Kenia que restringen el aborto, la prevalencia de actitudes conservadoras y el estigma alrededor del aborto, están condenando a muerte a las mujeres. Un reciente artículo de Reuters promovía el mismo relato citando una estadística frecuentemente citada que dice que en Kenia, el 35 por ciento de las muertes maternas son causadas por “aborto inseguro,” comparado con un promedio global mucho más bajo.

Mientras que los estudios individuales pueden ser criticados por el tamaño de su muestra o su metodología, se acepta generalmente que tener datos más recientes es mejor. La cifra del 35 por ciento, la cual citaba Reuters de un reciente informe del Centro para los Derechos Reproductivos sobre Kenia, mencionaba datos de encuestas de 1998, lo cual está más de dos décadas anticuado.

Una investigación sobre muertes maternas en Kenia dirigida por el ministerio de salud del país encontró que sólo el 8,3 por ciento de las muertes maternas eran debidas a “resultados abortivos”, lo cual incluye abortos naturales espontáneos así como los inducidos. Esto es consistente con una revisión publicada en The Lancet por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual estimaba que, globalmente, las complicaciones de abortos y abortos naturales contabilizan un 7,9 por ciento de las muertes maternas.

Las estimaciones de la frecuencia de abortos son notablemente difíciles de obtener, especialmente en países donde la práctica está altamente restringida. En 2012 el Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud (APHRC) publicó un informe que afirmaba que al menos 100.000 mujeres Keniatas sufrieron complicaciones de abortos “inseguros” y aproximadamente una cuarta parte de ellas murieron. Expertos en Kenia —incluyendo a doctores y parlamentarios— cuestionaron esta afirmación, preguntándose cómo tal tasa de mortalidad podría haber sucedido, por cualquier causa, sin ser advertida por el gobierno. El APHRC recibe fondos del gobierno sueco, igual que FIDA-Kenya, el principal patrocinador del proyecto actual.

La Constitución de Kenia, establecida en 2010, señala que toda persona tiene el derecho a la vida, y que la vida de una persona comienza en la concepción. Más de veinte grupos provida, incluyendo a obispos católicos y organizaciones evangélicas cristianas, hicieron pública una declaración conjunta exigiendo que el proyecto sea retirado sin enmiendas. Un proyecto similar fue propuesto en 2014 pero no logró convertirse en ley, debido en parte a la fuerte oposición de grupos provida.

El Ministro de Salud de Kenia también ha pedido la retirada del proyecto. Su Secretaria Administrativa Jefe, Mercy Mwangangi, lo calificó de “fundamentalmente defectuoso,” haciendo notar que una parte “normalizaría el aborto bajo demanda, contrario a la Constitución y los valores del país”.

El proyecto se refiere a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud sólo para restringirla: ellos se encargarían de enviar a la mujer a un proveedor dispuesto al aborto o, en caso de emergencia, llevar a cabo el aborto ellos mismos. El incumplimiento podría acarrear una pena de prisión de tres años y una multa de un millón de chelines keniatas.

También establece que “toda persona tiene derecho a la reproducción asistida”, donde esto se define como “el intento de obtener un embarazo por el manejo o la manipulación del esperma o de ovocitos fuera del cuerpo humano, y transferir el gameto o el embrión dentro del aparato reproductivo”. Tal derecho nunca ha sido aceptado como un derecho humano internacional y es muy controvertido en los países donde se ha debatido.

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