Fue el 25 de abril de 1990 cuando el ex Presidente Aylwin constituyó “La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, más conocida como “Comisión Rettig”, por el nombre del político radical que la presidió.

En esa oportunidad, la TFP chilena publicó en la prensa una inserción mostrando el absurdo de que el Decreto Presidencial estableciera, como plazo de la investigación, desde el mes de septiembre de 1973, hasta el fin del período del Gobierno cívico militar, y dejara de lado todo el período histórico anterior en el cual se inoculó a torrentes el odio entre los chilenos, por parte de los comunistas y sus cómplices.

Todas las guerras producen hechos que, pasado el fragor de los enfrentamientos, ambas partes lamentan. Analizarlos, sin tomar en consideración las causas que llevaron a ese enfrentamiento y lo exacerbaron al auge es amputar una parte importante de la realidad, sostenía entonces la TFP.

Naturalmente que este procedimiento debería producir lo que se verificó ahora. Una animadversión con aquellos que protagonizaron el pronunciamiento del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden y, al mismo tiempo, una simpatía por las supuestas víctimas de la izquierda, cuyos abusos trajeron tanto perjuicio.

Tal animadversión y simpatía fue lo que produjo en esta semana la aprobación del proyecto de ley sancionando los delitos de instigación al odio. Por iniciativa de la diputada comunista Hertz, se incluyó en el referido proyecto, un artículo que castiga a la persona que, “a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”.

La iniciativa en cuestión es el último paso para iniciar un linchamiento legal, no tanto a quienes libraron al País de la lacra comunista, quienes en su gran mayoría fallecieron, sino a quienes aún simpatizamos con esa gesta, o sea a la gran mayoría anticomunista del País.

De ser aprobado el artículo en cuestión, cosa que no es fácil en el actual ordenamiento jurídico, pero probablemente sí lo será de acuerdo a una eventual nueva Constitución, veremos repetirse el período histórico llamado del “Terror” durante la Revolución Francesa.

 Como se sabe, entre 1793 y 1794 miles de franceses acabaron en prisión y enviados a la guillotina por ser “sospechosos” de no adherir a los postulados de la “libertad, igualdad y fraternidad”, lo que llevó a una de sus víctimas –Madame Roland- a exclamar antes de ser decapitada: “libertad, cuántos crímenes se comenten en tu nombre”.

Frente a otros delitos evidentes, valen todas las opiniones.

Lo más absurdo de la situación es que, en esta misma semana en que la parlamentaria comunista presentó su artículo sobre el “negacionismo”, el Partido al cual ella pertenece dio a conocer una nota de repudio al Informe de las Naciones Unidas que condena el régimen de Maduro, por haber implantado un sistema de represión metódico y criminal, causante de incontables delitos de lesa humanidad.

Frente a esa clamorosa situación, que ha producido más de cinco millones de exiliados de esa infeliz nación y, de acuerdo a la propia Alta Comisionada, Sra. Bachelet, más de 2000 muertos sólo en el año en curso, todos pueden opinar lo que quieran; derecho del cual Jadué se vale a su antojo.

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Sobre lo ocurrido del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, nadie podrá discrepar de la posición comunista so pena de ser arrastrado a la cárcel.

Es la fatal obsesión en las aberraciones inspiradas en Marx: presupuestos equívocos, parcialidad desvergonzada y una verdadera embriaguez de fanatismo consumados por la oposición controlada por los comunistas. Es la forma de lanzar a Chile al abismo.

Juan Antonio Montes Varas– Credo; pasado, presente y futuro de Chile

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