Así define al Gobierno español el catedrático de Derecho Constitucional don Jorge de Esteban en un magnífico artículo titulado ESPAÑA: RECONSTRUCCIÓN O DESTRUCCIÓN. En él analizacomo a la desgracia de la pésima gestión de la pandemia, tanto en la primera como en la segunda ola, hay que añadir la ineptitud de la mayoría de los miembros del Gobierno. Cree que la Constitución y las leyes son para ellos únicamente una referencia que, según convenga, puede obligar o no, lo que induce a desconfiar de su actuación desde un primer momento. A estas alturas, después de 27 meses de gobierno, los españoles pensantes ya no desconfían, tienen la certeza de que el bien de España no es la prioridad de ninguno de los miembros del  gobierno.

Escriben Steven Levitsky y Daniel Ziblatt  en Cómo mueren las democracias  que “la crisis económica, el descontento público creciente y el declive electoral de los principales partidos políticos pueden hacer que incluso los entendidos más experimentados cometan errores de juicio”. Esto es lo que está ocurriendo en España. El socialismo sanchista se ha aferrado al comunismo podemita como náufrago a una tabla formando un frentepopulismo impositivo cada vez más cercano a aquel del terrible periodo de 1936-1939 ¿Buscando lo mejor para España? De ningún modo. El primero solo quiere consolidarse en el poder como si fuese uno más al estilo de los Castro, Maduro o Lukashenko y para conseguirlo no le importa atropellar tradiciones, valores y derechos humanos. Y en esto coincide absolutamente con la otra mitad de su gobierno, el comunismo de Pablo Iglesias con el que ha formado un negocio conjunto, una joint venture[1], pero aunque difieren en los métodos utilizados como si uno hiciera de poli bueno y otro de poli malo, no debe hacernos olvidar sus objetivos.

Afirman también dichos escritores que los políticos de la clase dirigente esperan poder encauzar también al advenedizo (en este caso hablaríamos de Pablo Iglesias) para que apoye sus programas, aunque lo consideran hacer un pacto con el diablo, sin tener en cuenta que al final la situación siempre suele mutar en beneficio del advenedizo, pues las alianzas otorgan a los recién llegados respetabilidad suficiente para convertirse en aspirantes legítimos al poder. ¿No teme Sánchez que le quite “la silla”? Quizá sí y por eso le mira de reojo, pero hoy está convertido en su esclavo por depender de sus votos para, trampeando, seguir con su política cortoplacista, que simplemente consiste en permanecer en La Moncloa.

De modo que entre los factores de destrucción coincidentes en sus objetivos, está, además del tándem frentepopulista, nada menos que la masonería.

Los masones defienden que solo buscan la perfección del hombre y que no pueden ser considerados como un grupo de presión al que estén supeditados los comportamientos individuales y las directrices de ciertos partidos. Sin embargo, sí tuvieron siempre una marcada vocación política, aunque dicen que nunca fue de partido, sino de tendencia y de principios generales, que mantenían enmarcados dentro de los ideales democráticos y de justicia social y que de ninguna manera son ni han sido privativos de la masonería. Declaraciones propias de la discreción que presumen tener pero bastante alejadas de su comportamiento real. Prueba de ello son los diez presidentes de Gobierno que han pertenecido a la masonería desde la Revolución de 1868 (“La Gloriosa”), empezando por el general Juan Prim, y terminando con la Segunda República (1931-1939), en la que la nómina de políticos masones fue de 143 diputados.

La diferencia de nuestro tiempo con el de la II República es que, en aquella época sólo había masones en la izquierda mientras que ahora los hay en todos los partidos. Hay bastantes masones en el PP en Galicia, Canarias y también en el PP vasco desde que Iturgaiz, Mayor Oreja y SanGil dejaron de liderarlo. “Quizás esto explique por qué en ocasiones PP y PSOE van tan de la mano”, dejó dicho don Ricardo de la Cierva en libros y entrevistas. No se sabe quiénes son por la discreción con que siempre actúan, pero deberíamos saberlo porque políticamente es importante, la masonería tiene un enorme poder: está en la banca, en la prensa y en la política aseguraba el mencionado escritor y últimamente, creemos que hasta en la iglesia. Refrendaba sus palabras con la afirmación de que también José Luis Rodríguez, ex presidente del Gobierno de la Nación Española, es masón, confirmado por el gran maestre adjunto de la Gran Logia de lengua española en los Estados Unidos, Arturo Fortún. Lo cierto es que las políticas de Zapatero, son promasónicas. Hizo una política laicista que podría estar dictada por la logia del  Gran Oriente de Francia y para que no quede duda de su hermanamiento, no tiene empacho en reconocer en su biografía[2] que para él, lo único digno de adoración no es Dios, sino el hombre, postulado de la gnosis antropocéntrica, esencial en la masonería.

Desde que surgió el marxismo, están unidos ambos (leninismo/estalinismo y masonería)  en una  profunda y estrecha conexión en esa labor de destrucción. Según testimonios conocidos ha sostenido e impulsado, y lo sigue haciendo, las avasalladoras ansias revolucionarias del socialismo, lo que se une al hecho de que, modernamente, el comunismo es el ejecutor, el tirano elegido por el judaísmo para proseguir la acción dominadora sobre la humanidad a través de destruir a  la familia, con el apoyo de organismos internacionales como la ONU y otros menos transparentes como el club Bilderberg, todos dependientes de los intereses de la secta.

¿Y por qué la familia? Porque es el núcleo esencial de la sociedad. Para lograr su objetivo, la masonería impone todas estas leyes sociales contrarias al derecho natural (aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, leyes LGTBI, etc…) que elaboradas y escritas previamente en las logias, son primero votadas por los masones, sea cual que sea su partido político y más tarde se exige el cumplimiento de esta su ingeniería social saltándose la soberanía nacional de los distintos parlamentos.

Importante en esta tarea de deconstrucción es naturalmente la educación. Por ello desde que en España dicen que estamos en democracia, han pugnado por imponer el laicismo, al margen de los padres y desde luego sin apelación. Con Zapatero la situación se agravó  al introducir la asignatura “Educación para la Ciudadanía” que pretendía seguir las directrices de la Escuela del masón Ferrer y Guardia, es decir, una enseñanza de contravalores lo que entra en colisión con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias. Claro que con la ministra Celáa, la situación es más caótica. Dos perlas tan solo: Aseguró que los hijos no son de sus padres, sino del Estado, en el mejor decir de Lenin y Stalin de modo que quedaban sometidos al poder del Estado y la última ocurrencia: echar por tierra la labor de maestros y el esfuerzo de los alumnos al imponer por real decreto que se pueda conseguir el título de Bachiller con suspensos y  que se valoren especialmente los trabajos en equipo en los que uno o dos trabajan, los otros miran y se califica por igual al grupo. El objetivo de esta disparatada medida es bastante explícito: obtener una generación de gente cuanto más ignorante y borreguil, mejor de manipular; pero ellos, los dirigentes, la casta, llevan sus hijos a colegios privados y seguramente al extranjero donde sí adquirirán los conocimientos necesarios para, años después, ocupar puestos relevantes en la sociedad. Sin embargo, a los hijos del pueblo −que ellos dicen defender−, les será muy difícil alcanzar ese nivel. Con ello la perpetuidad de la casta es evidente.

Otro de los objetivos a destruir son las Fuerzas de Seguridad porque realizan acciones contrarias a sus intereses como es la vertebración y dar sentido a la unidad del Estado español. Es más que conocido su sentido del deber, la obediencia y el respeto a los mandos, pero últimamente por culpa de las actuaciones dictatoriales del Gobierno se han producido desencuentros que han obligado a Jueces y fiscales a manifestar que la misión de la Guardia Civil «no es evitar estrés social y desafección al Gobierno» y que «el límite a la libertad de información es la Ley y no se puede instrumentalizar a la Guardia Civil».

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Y, por supuesto, atacan la Iglesia. No en balde están empeñados en imponer el Gobierno global mundial. Una de sus últimas manifestaciones fue transformar lo que debió de ser un funeral en recuerdo de algunas de las víctimas del Covid, en un acto  que muchos han considerado cargado de guiños y gestos masónicos. Les delata también su afán de destruir el complejo de Cuelgamuros. Quitaron con mentiras los restos de Franco[3] pero solo era un hecho, si bien principal, −seguramente por lo mucho que a lo largo de su vida defendió la Iglesia a la que siempre le fue fiel (aunque ésta no correspondiera ni a su fidelidad ni a  las ayudas recibidas) −  pero lo cierto es que el frente popular va por desacralizar el monumento que tanto les hace rabiar. En ese caso, expulsarían del mismo a los benedictinos (volvemos a 1931?) y sacarían todos los cadáveres católicos que no podrían estar ahí. Después sería la destrucción de la basílica y el monasterio, y por supuesto la Cruz porque en todas estas actuaciones se ve con claridad la mano de la secta masónica que en su primera Obediencia mixta que incluye a hombres y mujeres, se llama Le Droit Humain. Ni el Derecho Humano, porque es el primero en atropellarlos, ni, como dice el catedrático don Jorge de Esteban, ni el Derecho Constitucional ni los derechos fundamentales recogidos en él.

Al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica el historiador Manuel Aguilera[4], pretendió sin éxito, que se reconocieran como víctimas los mil asesinados que son una aproximación al total de socialistas, comunistas, anarquistas e independentistas aniquilados sin juicio alguno en esa otra guerra civil que se vivió en el bando republicano, dentro de la Guerra Civil. Como dice el escritor, “son unas víctimas que nunca han recibido justicia ni reparación institucional porque son incómodas, ya que los culpables son ellos mismos”.

Es la “ley del embudo” que utilizan tan a menudo y que es otro factor que coadyuva al enfrentamiento de la sociedad. Por ejemplo, el artículo 15.1  establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Tiene sentido que ante tal situación, un diputado de Vox en el Congreso, Francisco José Contreras Peláez, preguntara por escrito al Gobierno de España si dicha Ley y sobre todo el mencionado artículo “se aplica solo a las figuras del bando nacional” y si no se debería aplicar también “a las figuras del bando republicano implicadas en crímenes y atropellos”,  concretamente a Francisco Largo Caballero,(el conocido como el Lenin español) presidente del Gobierno republicano entre el 4 de septiembre de 1936 y el 17 de mayo de 1937, período en el que se llevaron a cabo fusilamientos y matanzas de forma masiva en zona republicana. Pedían también que retiren su estatua situada junto al recinto de Nuevos Ministerios en Madrid por su etapa como ministro de Trabajo. La respuesta del Gobierno PSOE-Podemos ha sido contundente: no, no se va a retirar esa estatua, porque a este presidente del Gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil NO SE LE PUEDE APLICAR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA sin dar más razones.

Reunido el pleno del Ayuntamiento ante esa actitud dictatorial, ha votado por mayoría retirar las calles de Largo y de Indalecio Prieto. Contrarreacción del Gobierno: confinar 10 localidades importantes de la Comunidad y toda la capital para que aprenda a no oponerse a los diktats. Esa es la realidad; las explicaciones de Illa son añadidos para tratar de justificarlo porque lo tenían ya previsto hasta el punto de haber mandado la orden al BOE antes de celebrarse la reunión.

La tercera pata de esta mesa inestable o, si se quiere, de este Gobierno de disolución y desconcentración, no hace falta decir que es Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno. Su misión en el Ejecutivo es atacar continuamente a la Monarquía para de esta forma destruir la Constitución del 78 y sustituirla, como anuncia el título de su libro Una nueva Transición. Allí define con claridad su deseo de crear la Tercera República, como corresponde a un populismo cuyo fin es la captación de votos para luego conquistar el poder siguiendo la filosofía de la praxis gramsciana. En esto coincide con los partidos nacionalistas que anteponen sus propios intereses, como ya hemos visto, a los intereses de la nación. De hecho, ya nadie habla de la nación española.

Con ese objetivo están aliadas, de momento, todas las izquierdas: contra el Rey y la Justicia, los dos poderes que aún tambaleantes, quedan independientes. Por ello, ningunean y aíslan al Rey, tratando con ello de quitarle prerrogativas como el refrendo de los actos en la entrega de despachos a la última promoción de jueces, en Barcelona lo que, a su vez, ha dado lugar a enfrentamientos con el Gobierno que éste pretende “corregir” dominando los actos jurídicos (lo tiene fácil con la Fiscalía General del Gobierno, que no del Estado, a su servicio). Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, durante su discurso ante los nuevos jueces  manifestó su «enorme pesar» por la ausencia del Rey,  «porque la presencia de su majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial. Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica, desde la  Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve, además, para resaltar la dignidad de la función judicial». Añadió que Felipe VI le comunicó en una llamada de cortesía, que le «hubiera gustado estar ahí».

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha dejado entrever que el asunto fue enrevesado con el objetivo de dejar en muy mal lugar al rey porque según ha explicado a Europa Press, tras recibir una primera respuesta afirmativa a la invitación que todos los años cursa el órgano de gobierno de los jueces, poco después se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto por lo que se deduce que esperaron a que aceptara para, demostrando su poder (“el presidente quien es?, pues eso), prohibírselo para agradar a los independientes: el Rey como moneda de cambio aunque conlleve el desprestigio de la Corona. Que los nuevos jueces al finalizar el acto dieran Vivas al Rey, terminó de exacerbar los ánimos en la Moncloa y de ciertos personajillos como Echenique, Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusando al Rey de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido» porque el Gobierno solo pretendía proteger al Rey, lo que es admitir que el Jefe del Estado no puede viajar libremente a ciertas zonas del país. La  asociación profesional de guardias civiles APROGC ha tenido que salir a defender su propio trabajo diciendo que se sienten «compelidos como guardias civiles» en la seguridad de cualquier autoridad del Estado y por supuesto del Rey.

Y  hasta un general[5] que fue ayudante del Rey, estalla y avisa en un demoledor artículo en Periodista Digital, de los planes del actual Gobierno que compara con el ambiente prebélico de la década de los 30 del siglo pasado. Son los políticos, y no el pueblo español, cualquiera que sea su ideología, los que nos arrastran a este sinsentido. Así es.

Por último, queda la Justicia, institución a cuyos fiscales también les están “meciendo la cuna” por mostrar su valor e independencia en sus conclusiones finales en el juicio del 1 O. Por su valentía y profesionalidad, en su momento, calificamos en un artículo, de “los cuatro magníficos” de modo que  lógicamente se encuentran molestos con los globos sonda sobre el posible indulto de los miembros separatistas, las desafortunadas declaraciones contra ellos por el fiscal Navajas, brazo derecho de la nueva Fiscal General del Estado, nombrada ad hoc para estos menesteres, ante lo cual la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, aseguró que  “es una manera muy clara de indicar» que el Gobierno quiere tener «sometida» a los fiscales. Esto es así y no solo a los fiscales sino a toda la sociedad española, véase lo ocurrido con la renovación de los miembros del CGPJ pendiente de hacerlo desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político. Al final han nombrado ellos mismos a los de tres Presidencias (de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar) y los de tres vacantes en la Sala de lo Penal. Los nombramientos se han producido además con un rotundo consenso entre los sectores conservador y progresista de ese órgano, de modo que todas las designaciones se han hecho con un elevado número de apoyos pero sin presencia del Gobierno.

Así que del rebote que se ha cogido, amenaza con un golpe de Estado institucional para controlar el CGPJ, porque a propuesta de Podemos quiere renovar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cesar a los vocales y al presidente del Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al Consejo vigente. En segundo lugar, la misma formación plantearía que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no haga falta tres quintos de los votos de las Cámaras (Congreso y Senado) sino mayoría simple, lo que facilitaría la renovación sin el PP, es decir, sin oposición, otra vez  dictatorialmente.

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Conclusión: estamos ante un gobierno disolvente el cual para conseguir su fin se apoya en tres cuestiones: 1º) el laissez faire del poder con respecto a la pandemia que hace a los individuos plegarse sobre sí mismos y sus familias y que preocupados por su salud y por su incierto futuro económico le hacen desentenderse de los problemas generales; 2º) Minar la Constitución hasta prostituir sus artículos más relevantes para, cambiándolos, acercarlos a sus intereses; 3º) Presionar al Rey emérito para que saliera de España (responsabilizándole de asuntos que quienes le acusan, según parece, tienen trapos tan sucios o más y quizás de mayor envergadura). Y sin que las aguas se hayan calmado, vuelven su ira contra su sucesor Felipe VI, porque lo de menos es el hombre, van por la Corona. Está claro. Estos individuos van a la destrucción del Estado. Queremos tener esperanzas en una reconstrucción como propone D. Jorge de Esteban pero no se ve una luz al final del túnel que permita pensar en ello y porque para liderarla sería necesario un líder, ejemplar que por ahora no se atisba en el horizonte.

• [1] La joint venture es una asociación estratégica temporal (de corto, mediano o largo plazo) de organización, una agrupación o alianza de personas o grupos de empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica pero que actúan unidas bajo una misma dirección y normas, para llevar adelante una operación comercial (en este caso política) determinada, donde se distribuyen las inversiones, el control, responsabilidades, personal, riesgos, gastos y beneficios
• [2] Suso del Toro “Madera de Zapatero, retrato de un presidente”
• [3] A ello contribuyó la ministra Carmen Calvo quien se entrevistó en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, asistente a la Reunión de Bilderberg en 2018. Ambos aparecen en multitud de fotografías saludándose con el típico saludo masónico al tiempo que  con la mano izquierda el cardenal oculta el crucifijo. Es conocido que judíos, islamistas y sobre todo masones, no soportan verlo, por lo que para que la señora vicepresidenta no se sintiera incómoda ante Cristo, se lo ocultó en un fraternal gesto .
• [4] En su libro Compañeros y Camaradas. Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española
• [5] General Juan Chicharro ingresó en la Escuela Naval Militar en 1969. Ha participado en operaciones internacionales, es General de División de Infantería de Marina y Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Actualmente está en reserva, ha sido el Comandante General de la Infantería de Marina entre el 2006 y el 2011 y fue Ayudante de Campo del Rey Juan Carlos durante 4 años. Hoy preside la Fundación Nacional Francisco Franco.

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