En esta segunda ola, la disparidad de medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19 en países de nuestro entorno, unas más restrictivas, otras más laxas, no pueden llevar a negar la existencia del virus sobre cuyo origen tanto se ha especulado, ni suscribir ninguna de las teorías conspirativas, a cual más delirante, que niegan la pandemia, y en su lugar hablan de “plandemia”.

Desde el primer momento, algunos se han preguntado si estamos ante una pandemia cuyos efectos justifican los extremos alcanzados para frenarla, como el confinamiento de toda la población y la paralización de la economía. Constatamos además que casi ninguna de las medidas impuestas son de carácter estrictamente sanitario, sino gubernativas o “políticas”. La mayoría de las cuales son limitativas o restrictivas de derechos y libertades públicas e individuales, lo cual tendría hasta cierta admisibilidad si hubiera una fundamentación científico-médica sólida que avale su adopción invariable con la finalidad de preservar la Salud Pública, tal y como se pretende. Pero esto queda desmentido por los distintos enfoques con los que se trata la emergencia sanitaria en Europa, con diferentes resultados e, incluso a primera vista, arrojan los mejores allí donde las medidas han sido menos restrictivas, como es el caso de Suecia, por ejemplo, donde no se ha confinado a la población. A diferencia de España, donde todas las medidas promulgadas han sido y son generalmente, extremadas, desproporcionadas, arbitrarias y además de dudosa efectividad si tenemos en cuenta que, con los datos oficiales que se ofrecen, figuramos a la cabeza en número de contagios y fallecimientos. No en vano, no se habla ya de fuerte rebrote, sino de una segunda ola en la que lo peor estaría por venir. Según los datos oficiales, en el mundo ya han muerto un millón de personas, y en Europa llevamos ya 300.000 muertos por el Covid, y tal vez leguemos a los 350.000 muertos al final de año. En cualquier caso, son menos de la mitad de los que anualmente mata en Europa la contaminación atmosférica, que son 800.000 muertos al año. Lo que sí es cierto es que en la pasada primavera había que aplanar la curva porque las UCIs estaban saturadas, y en ese momento sí estaba justificado el confinamiento. En el momento actual sigue habiendo hospitalizados y fallecidos, pero mientras no se colapsen los hospitales y las UCIs, y ahora mismo no estamos en esa situación, hay que valorar también los perjuicios económicos, sociales y psicológicos que están causando las medidas restrictivas.

Asimismo, desde el comienzo de la pandemia ha habido y persiste un extraordinario uso de técnicas de ingeniería social y control de masas implementado en torno al relato del Covid-19, promovido por el gobierno de Sánchez con el concurso de los grandes medios de comunicación. Y vemos que todo esto coincide con un periodo convulso, actuando como un velo que cubre una realidad inédita, con el advenimiento de grandes cambios geopolíticos que marcan el declive del mundo unipolar y, asimismo, ejerce de anestésico frente a una nueva crisis devastadora del capitalismo que, a pesar de la pandemia, estaba por estallar igualmente y va a cebarse especialmente con España.

No nos erigimos paladines en la defensa a ultranza de los sacrosantos derechos inalienables del individuo, idolatrados por los autoproclamados liberal-libertarios. Esto se lo dejamos a ellos que en esta situación regresiva sin precedentes demuestran lo poco que valen sus convicciones. Pero sí debemos contribuir a alentar la denuncia y la resistencia frente a los atropellos de este régimen monárquico-capitalista, partitocrático y disolvente de la soberanía nacional que, con ínfulas autoritarias en todos sus niveles político-administrativos, so pretexto de combatir una pandemia, lamina y pulveriza sistemáticamente derechos y libertades de los españoles condenándoles a la miseria material y moral.

Así, con la justificación de evitar el colapso del sistema sanitario se ha confinado obligatoriamente a todo el pueblo español, paralizado y saturado todos los sistemas (el sanitario que se trataba de preservar, el económico, el productivo, el social, el educativo, el administrativo, el judicial, el cultural, etc.) ante una pandemia pronosticada como altamente contagiosa y de efectos desconocidos cuya letalidad y mortandad, si bien concentrada en el tiempo y número de afectados, no ha sido elevada si se compara con otras epidemias recurrentes. Por supuesto, hay que lamentar todas y cada una de las pérdidas padecidas.

Al alza o la baja, no hay datos fiables sobre la mortandad causada por el virus y con todo sería difícil clarificar qué porcentaje ha fallecido realmente por causa directa del Covid-19 o contagiado en el momento del deceso. El derrumbe económico total de España es el único dato cierto y fidedigno a la luz de todos los indicadores macroeconómicos y previsiones de instituciones económicas.

Pero en lugar de proteger a los sectores poblacionales más vulnerables o aislar a los contagiados, en España se ha matado moscas a cañonazos con el hacinamiento indiscriminado, una práctica ajena a la experiencia histórica médico-sanitaria, y se ha desplegado las formas más represivas que se conocen en lo reciente, demostrando haber sido todas ellas muy poco eficaces con el transcurso de los meses, teniendo el dudoso honor de liderar el ranking con el mayor número de contagios, de muertos por millón de habitantes, y de sanitarios infectados con respecto a otros países.

Propiamente, no se ha adoptado ninguna medida de índole técnico-sanitaria. El uso obligatorio de la mascarilla desde hace meses no ha evitado ni los rebrotes veraniegos a la salida de la “desescalada” ni, actualmente, una segunda ola que se quiere descargar señalando el exceso de confianza e irresponsabilidad de los ciudadanos. Se ha producido daños colaterales en todos los ámbitos e infraestructuras vitales, incluida la sanidad que, en su base, la “atención primaria”, se ve ahora sobrecargada y desbordada, tanto por el tratamiento de las afecciones comunes como por la asunción de labores de control y seguimiento de la pandemia.

Visto lo visto, ha habido una reacción desmedida, un ataque de pánico frente a una falsa alarma en cuanto a la envergadura de la pandemia, situación que amenaza repetirse nuevamente. Antes se impuso el confinamiento con la excusa de aplanar la curva de contagios, y ahora se nos impone medidas restrictivas con la coartada de evitar un nuevo confinamiento generalizado.

Y a la vez, se promueven falsos debates éticos sobre la primacía de economía o salud mientras se asume que la libertad o los derechos han de ceder a todo.

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Una vez desactivadas las restricciones generales del estado de alarma que imponían la suspensión total de los derechos y libertades públicas contra lo que establece su propia previsión legal, es decir, la supresión antijurídica de la norma y por ende la instauración fáctica de una dictadura provisional que concentró el poder en el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, ahora se desconcentra la mayor parte de la gestión de la pandemia hacia las comunidades autónomas y los municipios sin necesidad de declarar ningún estado excepcional, mostrando las excelencias de la descentralización político-administrativa de la monarquía autonómica regida por caciques y despotillas locales de la partitocracia: así, en algunas comunidades autónomas se prohíbe fumar en la calle; en otras se cierra los burdeles; se confina pueblos o distritos y se limita la libertad de circulación; en cada una rige un número máximo permitido de asistentes para reuniones sociales en público o privado; algunos municipios se permiten vigilar a los vecinos sobrevolando sus ínclitas cabezas con drones o clausuran los parques infantiles; clubs, discotecas y locales de ocio cierran por decreto y se limita el aforo de bares y restaurantes, en mayor o menor medida, y se establece como toque de queda encubierto el horario de cierre, según la localidad, como si el Covid-19 fuera más virulento por la noches. Mientras, en algunas ciudades, por ejemplo, el transporte público se abarrota a horas punta y los padres y los abuelos se agolpan en las puertas de los colegios a la entrada y salida.

Más que pertenecer al ámbito de la potestad discrecional de los poderes públicos, estas medidas caen en el de la arbitrariedad y el abuso de poder. Así, para sortear el control judicial que pudiera obstaculizar, como ha sucedido, su aplicación que exige preceptivamente su ratificación por el juez de turno, se legisla “ad hoc” para elevar la decisión llegado el caso de negativa de aquel a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas mediante un procedimiento exprés y, de paso, a través de esta ley ordinaria se regula de rondón materias relativas a derechos y libertades que correspondería aprobar con las mayorías cualificadas de una ley orgánica. Por tanto, se ha inaugurado una nueva época, “la nueva normalidad”, caracterizada por la normalización de la restricción arbitraria de derechos y libertades con medidas coercitivas bajo pretextos sanitarios, tarea en la que se empeñan con fruición todos los niveles político-administrativos del régimen con el apoyo ciego de una parte sustancial de la población española enfundada en máscaras. Y a cuenta de los conspiranoicos, se nos da una nueva vuelta de tuerca a la libertad de pensamiento y de expresión.

Lo conspiranoico, actualmente, no tiene propiamente ninguna proyección política (algunos libelos u opúsculos de esta factura pudieron ejercer alguna influencia en el pasado) ni suele inspirar movimientos sociales amplios. Antes bien, se aproxima más al terreno del imaginario colectivo y las creencias populares y entronca con la psique de lo religioso y esotérico: la añoranza de una omnipotencia que pueda dotar de sentido a todo, la búsqueda de la certeza absoluta, el orden divino que subyace en el caos, un demiurgo sucedáneo de la providencia puede explicar, a veces con visos de cierta racionalidad, similitud y pseudociencia, que todo lo que acontece obedece a un plan secreto urdido en la sombra, en cenáculos de poderosos conjurados en torno a algún complot tenebroso puesto a descubierto por apóstoles de una verdad desvelada cuyas pruebas irrefutables se deben compartir urbi et orbe, a través de videos en youtube, whattsapp y redes sociales.

Así, por mencionar alguna conspiranoia de las más difundidas con la pandemia, Bill Gates y Soros, cual malévolos Dr. No y Fu Manchú, encarnan el mal y conspiran diabólicamente para dominar el mundo y exterminar una parte de la población controlada mediante vacunas con microchip contra el COVID-19 de cuya propagación serían aquellos mismos los culpables. Sin embargo, si ambos “filántropos” resultan cuestionables, no es por este tipo de acusaciones paranoicas sino por sus posiciones públicas: El de Microsoft como neomalthusiano convencido que es, en coherencia con sus postulados, debería predicar con el ejemplo y en aras de la sostenibilidad del planeta que predica debería hacer algo por restar su vida al cómputo de sobrepoblación que tanto le escandaliza. Por su parte, el popperiano magnate judío húngaro con su historial de ataques financieros especulativos y sus continuas injerencias en la política de medio mundo a través de sus fundaciones y ONG´s promotoras del neoliberalismo y revoluciones de color produce grima.

Pero si lo conspiranoico no es un fenómeno político sí es funcional a su uso político-social por gobiernos y medios de comunicación afines: sirve para caricaturizar al verdadero disidente, al espíritu crítico que se resiste a comulgar so pena de ser condenado como un paria, a la par que actúa como mecanismo disuasorio para imponer la autocensura en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión.

Los argumentos válidos aparecen emponzoñados con otros disparatados que convergen en el esperpento de confabulaciones de reptilianos e illuminattis mezclados en el mismo saco con antivacunas, antimascarillas, denunciantes de las redes 5G y negacionistas de la pandemia, denominación esta última que por extensión puede etiquetar a todo aquel que osa cuestionar cualquier aspecto de la pandemia o son críticos y se resisten a las medidas restrictivas.

Si algunos “artistas” han sufrido el escarnio encarnizado, incluso ad hominem, de los medios de comunicación por sus opiniones descabelladas sobre el Covid-19, a fin de cuentas es un riesgo asumible que puede resultar cuando se decide bajar desde el escenario a la arena y manifestarse sobre algo. En cambio, es inaceptable que colectivos de médicos y sanitarios que ponen en entredicho las medidas adoptadas sean tachados de conspiranoicos, tratados de curanderos, amonestados y amenazados de ser expedientados por los Colegios médicos por poner en peligro la salud pública, como si hubiera una verdad oficial que proscriba la libertad de cátedra o el debate científico o existiera completa unanimidad en la comunidad científica internacional respecto a la respuesta que se ha de dar a la pandemia, mientras con la repugnante callada cómplice de colegas del estamento científico-médico, las agencias de fact-cheking se afanan con ahínco en descalificar sus argumentos obviando las “fake news” que fabrica el poder.

Y así, con la pandemia se está conformando una sociedad de creyentes temerosos y como tal precisa ser pastoreada hacia su redención, so pena de ser condenada a padecer las penalidades del virus. Rige una moral de tipo religiosa que sujeta a la prescripción y sanción la observancia de los buenos usos y protocolos higiénico-sanitarios y de distanciamiento social apelando a la responsabilidad ciudadana cual buenos creyentes en alerta ante conductas relajadas, propias y ajenas. La máscara, es ante todo un tapa-bocas que simboliza mejor que nada la sumisión y el silencio acrítico, la aceptación de la fe en pos de la salvación que nos procura coercitivamente los poderes públicos del régimen borbónico con sus medidas restrictivas.

Una sociedad religiosa tiende por sí a la auto-represión pero además exige la existencia de una casta sacerdotal especializada en elaborar y codificar dogmas para conducir el rebaño con dogal. Sin duda, en estos tiempos de pandemia esta dinámica se consolidará con un ejecutivo, como el de coalición de Sánchez e Iglesias que da prioridad en su acción de gobierno a la ideología. La Ley de memoria democrática muestra la expansión de leyes cuya función no es regular, sino primordialmente poner fuera de la ley algo para construir un relato. Abre la puerta a otras materias y sienta precedentes peligrosos. No sería peregrino pensar en la posibilidad, aunque fuera remota, que el gobierno PSOE-Unidas-Podemos planteara una legislación en el mismo sentido sobre la violencia de género, el cambio climático o incluso la pandemia, proscribiendo y sancionando a negacionistas.

Hay una clara intención de alinear y encuadrar a las masas. Una insidiosa preparación psicológica que incluye el hasta ahora inimaginable cercenamiento en sociedades avanzadas de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de forma generalizada. Si los españoles ceden tan fácilmente parcelas de libertad y permiten arañazos en la esfera de sus derechos lo acabarán lamentado irremediablemente porque todo apunta a un periodo convulso y excepcional.

Por de pronto, el gobierno de España ha conseguido un doble récord: España es el país más dañado por el Covid tanto sanitaria como económicamente. Algunos países han optado por dañar menos la economía y permitir más riesgos para la salud pública y otros por lo contrario. Pero hay que reconocer que causar el máximo daño a ambas cosas tiene su mérito.

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