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COLOMBIA: Pronunciamiento de Alianza Reconstrucción Colombia sobre la movilización indígena

Reproducimos el manifiesto del Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia en relación a la nueva revuelta izquierdista.

Colombianos:

Primero.- Nuevamente, las comunidades indígenas del Cauca, manipuladas por líderes de la extrema izquierda, como los senadores Gustavo Petro y Feliciano Valencia, y siguiendo los dictados de la guerrilla de las FARC, han iniciado una marcha de protesta en contra del gobierno legítimamente constituido, supuestamente para deliberar sobre “la vida, el territorio y la paz”.

Segundo.- Es de público conocimiento que el verdadero propósito de la protesta es coincidir en la capital de la república con otros sectores que, siguiendo órdenes del Foro de Sao Paulo y de la dirigencia de orientación castro-chavista, pretenden desestabilizar al gobierno y crear el caos apelando a todas las formas de lucha.

Tercero.- Disfrazan su verdadero objetivo argumentando incumplimiento de lo pactado anteriormente con el Gobierno, aunque la verdad es que de 900.000 millones que entregaba a los indígenas el Gobierno, se pasó a 1, 2 billones de pesos, lo que equivale a un incremento del 40%.

Cuarto.- Desafortunadamente, los dirigentes indígenas se valen de una supuesta autonomía que nadie les ha otorgado, para que ningún órgano de control vigile la destinación de los fondos públicos que todos los gobiernos les otorgan. Como resultado de lo anterior, se benefician unos pocos cabecillas, mientras los humildes comuneros continúan viviendo con las mismas penurias desde tiempos inmemoriales.

Quinto.- No conformes con lo anterior, piden más tierras para convertirlas en eriales ya que su fuerte no es el trabajo, o para alquilarlas y vivir de la renta. Son los mayores terratenientes del país, pues les pertenecen 34,3 millones de hectáreas, que representan la tercera parte de las tierras rurales, mientras su población apenas es del 14%.

Sexto.- Utilizan lo que llaman su ‘autonomía judicial’, para dedicar gran parte de la tierra a cultivos de coca, amapola y marihuana, fácilmente observable por todos los que hayan visitado el departamento del Cauca, excepto por las autoridades, que de ello no se percatan.

Séptimo.- Tampoco tienen reparos, como lo hacen con frecuencia en Santander de Quilichao, en invadir predios ajenos, como la hacienda La Esmeralda o empresas como la piscícola El Diviso, pues están inoculados con el virus del socialismo y de la desobediencia civil. Hasta la hidalga ciudad de Popayán fue objeto de toda clase de vejámenes con la invasión de los “mingueros” farianos y petristas. Ahora amenazan con cerrar el tránsito por la carretera panamericana para chantajear así a los gobernantes.

Octavo.- Demostrando lo poco que les importa a Gustavo Petro y a sus compinches de la izquierda radical y de la guerrilla de las Farc la salud del pueblo colombiano, no han dudado en instigar a los sojuzgados indígenas a marchar sin ninguna medida de prevención, amontonados como bestias, violando la prohibición a las reuniones y las demás normas sanitarias,  para causar el mayor genocidio de que lleguemos a tener noticia, mediante la propagación del Covid-19 en su recorrido y en su lugar de destino, la capital de la República.

Noveno.- Con el fin de evitar esa tragedia de mayúsculas proporciones, exigimos en nuestra calidad de ciudadanos en ejercicio de nuestros legítimos derechos, a los alcaldes de los municipios ubicados en la trayectoria de la “minga” y al Señor Presidente de la República, la inmediata aplicación de las normas restrictivas de las reuniones y las medidas de bio-seguridad que nos han obligado a cumplir al resto de los colombianos durante varios meses.

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Décimo.- En ejercicio de la Constitución y de la Ley, exigimos al Gobierno priorizar la aplicación de la Constitución Nacional que ordena al Presidente velar por el mantenimiento del orden público, proteger los derechos  fundamentales de los colombianos y dirigir la Fuerza Pública, por encima de cualquiera otra norma jurídica o de consideraciones de carácter político.

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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