Por María López Belloso, Universidad de Deusto
El conflicto del Sahara Occidental se remonta a la descolonización fallida del territorio por parte de España en 1975. Desde el alto el fuego en 1991 y la firma del Acuerdo Marco el conflicto se encuentra estancado, encallado en procesos de negociación infructuosos, condenados al fracaso por el inmovilismo y la falta de voluntad política de Marruecos. Una partida que lleva ya demasiados años en tablas.
Son numerosos los estudios que han constatado la inmovilidad marroquí y sus continuas tácticas para la prolongación del conflicto mientras trata de consolidar su ocupación del territorio.
En este camino, la comunidad internacional, lejos de potenciar su papel como mediadora imparcial en el conflicto, ha ido acercando su discurso a las tesis marroquíes, con modificaciones evidentes de su lenguaje que han eliminado la alusión expresa al referéndum como solución a la controversia, y evitando asumir un rol más activo en el cumplimiento del Derecho Internacional.
Este posicionamiento claramente alineado a los intereses del país ocupante es, si cabe, más evidente desde la renuncia del último enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hans Kolher, en mayo de 2019. Ha pasado ya más de un año, y el secretario general sigue sin designar a quien sustituya al excanciller alemán.
Ataque doble para desbloquear el statu quo
El inmovilismo demostrado por las Naciones Unidas, la comunidad internacional en general y una de las partes, Marruecos, no es secundado por la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, que está poniendo en marcha una estrategia de desbloqueo multisectorial, un ataque doble, en términos ajedrecísticos, que deja claro que no está dispuesto a la perpetuación del status quo.
En primer lugar, recientemente el Frente Polisario anunciaba su decisión de iniciar un plan para la reconstrucción y repoblación de los denominados “territorios liberados”.
Esta decisión no ha sido repentina, sino que se sustenta en la progresiva apuesta del Frente Polisario de reforzar la presencia y la visibilidad de los “territorios liberados” desde la celebración del XII Congreso Nacional del Frente Polisario en Tifariti, el traslado del parlamento nacional al mismo enclave, y la recomendación institucional de reforzar los enclaves urbanos en esta parte del territorio.
Como defienden Irene Fernández Molina y Raquel Ojeda García, esta apuesta por consolidar la presencia del Frente Polisario en el territorio y su soberanía consolida la visión de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un “híbrido entre un Estado en el exilio y un paraestado”.
Esta estrategia de reconstrucción se enmarca, según Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario, en una consolidación de su soberanía sobre el territorio y en la búsqueda de alternativas para las miles de personas refugiadas que sobreviven desde hace décadas en los campamentos de población refugiada de Tinduf.
Sin embargo, esta apuesta también puede dar lugar a que se retomen vías ya descartadas para la solución del conflicto, como la partición del territorio, que como señalaba Carlos Ruiz Miguel, “no son acordes con el Derecho Internacional vigente”.
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Desde los territorios ocupados, Aminetu Haidar, conocida activista de los derechos humanos y premiada internacionalmente por su lucha no violenta ha anunciado la constitución de un nuevo movimiento, instancia saharaui contra la ocupación marroquí.
El nacimiento de un nuevo movimiento
La creación de este nuevo movimiento puede leerse en clave internacional y regional: como una apuesta clara de crear un movimiento que aboga por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui desde los territorios ocupados alineándose claramente en el entorno regional africano; y en clave política interna marroquí, evidenciando que no es sólo el movimiento secesionista Hirak en el Rif el que cuestiona la soberanía nacional, a pesar de la distinta naturaleza de ambos territorios.
En su documento constitutivo, el movimiento manifiesta abiertamente su voluntad de “defender los derechos del pueblo saharaui a la libertad, la independencia y la dignidad a través de medios legítimos no violentos según lo estipulado en los marcos internacionales y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos basada en la protección de todos los ciudadanos y derechos culturales ”
El derecho a la autoderminación del pueblo saharaui
Esta referencia clara al sistema africano de protección de derechos humanos recuerda que Marruecos convive ya en la UA con la RASD, miembro fundador de la organización regional africana que ha respaldado en todo momento la subjetividad de la RASD y su legitimidad como miembro de la organización, así como el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como solución al conflicto.
La respuesta de Marruecos no se ha hecho esperar, y desde la proclamación del movimiento ha emprendido una campaña de hostigamiento y acoso a la propia Aminetu y a otros activistas de derechos humanos .
Esta nueva oleada de represión y persecución de los activistas de derechos humanos en los territorios ocupados refuerza el protagonismo de la protección de los derechos humanos en la agenda del conflicto, que sigue evidenciando la necesidad de la ampliación del mandato de la MINURSO, pendiente de la renovación de su mandato este mes, y una protección efectiva de la población saharaui por parte de los mecanismos internacionales.
Marruecos, por su parte, ha tratado de consolidar la ocupación del territorio a través de la inauguración de distintos consulados y la construcción de nuevas infraestructuras en el territorio, como nuevos puertos pesqueros. Esta construcción de infraestructuras, unidas a la proclamación en enero de dos leyes por las que se actualizaban los límites de sus aguas territoriales y de su zona económica exclusiva, incluyendo las aguas situadas frente a la costa del Sáhara Occidental, suponen una “nueva vulneración del estatus del territorio Territorio No Autónomo”.
Otra zona clave en la batalla por el control del territorio y por la preservación de la legalidad internacional es el enclave de El Guerguerat. Este paso fronterizo, que según el acuerdo militar entre el Frente Polisario y Marruecos con la MINURSO es un área restringida, se ha convertido en un enclave crucial desde que Marruecos lo convirtiera en 2016 en uno de los pasos ilegales más frecuentados del mundo.
La zona ha sido un foco de tensión constante entre las partes, y recientemente ha vuelto a ser cerrada por manifestantes saharauis que protestaban por el tránsito de vehículos alegando que contribuyen a la explotación de los recursos naturales.
El aumento de la tensión en la zona ha llevado al presidente de la RASD, Brahim Ghali, a declarar que “cualquier daño infligido a un ciudadano saharaui en El Guerguerat será una declaración de guerra.”
La batalla legal
Sin embargo, la estrategia del Frente Polisario para desbloquear el conflicto no se limita a las mencionadas iniciativas en el territorio, sino que en los últimos años ha potenciado también la batalla legal con la presentación de distintos recursos, especialmente ante las instituciones europeas, denunciando la explotación ilegal de los recursos naturales del territorio y la vulneración de su estatuto como Territorio No autónomo.
En este contexto cabe preguntarse cuál va a ser el papel de la comunidad internacional y cuál va a ser el de España, como potencia colonial del territorio. El cambio en la presidencia del Consejo de Seguridad, asumida por Rusia en este mes de octubre, y el hecho de que haya programado en la agenda del Consejo tres reuniones para abordar la cuestión saharaui y concretamente la renovación de la MINURSO, ha puesto a trabajar a los aparatos diplomáticos de ambas partes.
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Sudáfrica, uno de los principales aliados de la RASD, es miembro del Consejo de Seguridad en la actualidad, y lo presidirá durante el mes de diciembre, por lo que se prevé que presione para que continúen las negociaciones para solventar el conflicto. Sin embargo, el Secretario general sigue sin designar a un nuevo Enviado Personal que pudiera retomar las negociaciones iniciadas por Kolher.
¿Neutralidad activa?
España, por su parte, mantiene su postura de “neutralidad activa”, abogando por el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas y la búsqueda de una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” eludiendo mencionar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Sin embargo, es bien sabido que en derecho no existe el concepto de “neutralidad activa” y que quienes la sostienen, como afirmaba el profesor Juan Soroeta Liceras, quien no apoya la aplicación del derecho, que es claro en el caso del Sahara occidental, “está promoviendo su violación”.
Pero es que, además, según Soroeta, la pretendida “neutralidad activa” española no es sino una evidente parcialidad que se traduce en el apoyo explícito de las posturas del ocupante, como evidencia la participación del expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero en el congreso del movimiento “Saharauis por la Paz”, un movimiento disidente del Frente Polisario que trata de romper la unidad del movimiento saharaui, como ya lo hicieran anteriormente Jat Chahid o la Iniciativa Saharaui por el Cambio.
Todo parece indicar, pues, que se están dando pasos para desbloquear el conflicto, y que sólo una de las partes, Marruecos, está interesada en prolongar el statu quo . También es claro el marco legal aplicable a una situación derivada de una descolonización inconclusa, pese a los intentos constantes por eludir las obligaciones internacionales y alterar la naturaleza del territorio.
Algo se mueve en el Sahara Occidental. ¿Acabará este ataque doble en jaque mate?
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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