Buenos días, sus Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es “¡Qué m… de país!” y hoy, 18 de julio de 2020, dedicaré este programa a triturar la mentira memoriahistoricista que interpreta los sucesos del 18 de julio de 1936 como un golpe militar fascista: ¡Ojo, compatriotas, que volvemos a ponérselo fácil a los censores de YouTube!

Resulta fundamental tener en cuenta que la Ley de memoria histórica sólo es aplicable a partir de dicha fecha –18 de julio de 1936– como si lo ocurrido antes de ese día hubiese sido la plácida vida de una república idílica e incorruptiblemente democrática. Una especie de Arcadia feliz desde la que cayeron los hombres (y las mujeres) por culpa de unos pocos seres malvados y en extremo infernales.

Tuits como el siguiente evidencian que esta visión está en extremo popularizada en España. Advierte el tuitero “miércoles republicano”: “¡Que no te engañen! Esta bandera (la rojigualda) también representa a los fascistas que atacaron la república” (olvida decir que también es la bandera de las Cortes de Cádiz, de la I República o de la Revolución Gloriosa, pero en fin). Y, señalando la tricolor, afirma: “Esta es la bandera de los que defendieron la democracia y se opusieron al fascismo”. Desde luego, esta gente hace un ejercicio exquisito de Memoria histórica, lo que equivale –por definición– a hacer antihistoria, esto es, a manipular ideológicamente los materiales históricos para establecer, por ley, una historia oficial de España que favorezca los planes y programas de determinadas facciones políticas, aquellas que persiguen el desmantelamiento de España en pos de una República federal o vaya usted a saber. En conclusión, la leyenda negra retroantifranquista va conjugada con la leyenda dorada retrosegundorepublicanista.

Como no podía ser de otra manera, recomiendo en este punto la serie sobre la II República española que el verano pasado publiqué en este canal: 12 capítulos y más de seis horas de emisión. A lo que un avisado tuitero respondió: “A poco que se descuide usted, durará más la serie que la república en sí”.

Empezaré citando, una vez más, a Clara Campoamor quien, pocos meses después del estallido de la guerra, escribió La revolución española vista por una republicana, y así decía: “La división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno (frentepopulista) entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos (…) demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental”. Y continuaba: “(…) La victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro, cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de la futura propaganda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.

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Y mucho cuidado porque Clara Campoamor considera a la coalición frentepopulista (gubernamentales) ya muy alejada de los intereses republicanos. Presten atención a este lúcido párrafo: “Si el futuro tiene que depararnos el triunfo de los ejércitos gubernamentales, este triunfo no traerá consigo un régimen democrático, pues los republicanos ya no cuentan en el grupo gubernamental. El triunfo de los gubernamentales sería el de las masas proletarias y, como estas están divididas, serán otras nuevas luchas las que decidan si se quedarán con la hegemonía de los socialistas, los comunistas o los anarcosindicalistas. Pero el resultado sólo puede ser una dictadura del proletariado, más o menos temporal, en detrimento de la República democrática… Si, tal y como hemos indicado, las causas de la debilidad de los gubernamentales traen consigo el triunfo de los nacionalistas, éstos también deberán empezar por instaurar un régimen que detenga las disputas internas y establezca el orden. Este régimen, lo suficientemente fuerte como para imponerse a todos, sólo puede ser una dictadura militar”

A los ideólogos de la memoria histórica no les interesa que se aireen testimonios como este porque evidencian que presentar la Guerra Civil como una lucha entre la libertad y el fascismo se funda en un relato ideológico, maniqueo e inventado. Olvidando, entre otras cosas, que durante la Segunda República el PSOE –que sí existía, no así el PP, ni Cs, ni Vox– jamás reconoció la legitimidad a la alternancia política como requisito fundacional del juego democrático. Ya hemos explicado en otro programa que el PSOE de la Segunda República sabía que la CEDA no era un partido fascista y de sobra sus dirigentes deben saber a estas alturas que franquismo y fascismo son dos cosas distintas. A pesar de todo, nuestros lechuzos retroantifranquistas siguen clamando: “¡Hay que desfranquistizar España (empezando por el Valle de los Caídos), porque el franquismo es la negación de los supremos valores de la sacrosantísima democracia y de la sublime libertad!”. He aquí el fundamentalismo democrático en su versión más ingenua: creer en la sacrosanta incorruptibilidad de la democracia. No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que el Régimen del 78 ha dado lugar a las mayores corrupciones delictivas y no delictivas de toda la historia de España, incluidos latrocinios democráticos y secesiones democráticas, antes llamadas traición.

Políticamente hablando, la Ley de memoria histórica sirve a intereses de partido muy claros como puede ser borrar la culpa del PSOE histórico como principal responsable del hundimiento de la República y del estallido de la Guerra Civil y transferírsela a Franco. De este modo se blanquea su pasado y se legitima su presente y su futuro de cara a emprender la derrota definitiva de la Monarquía e instaurar una república federal que satisfaga las demandas secesionistas y desmantele la propia existencia de España como nación. Y lo más lamentable es que el PSOE, con su Himalaya de falsedades –como decía Besteiro– tiene como cómplice al vulgo ignaro que se cree a pies juntillas todas sus patrañas e imposturas y le da su apoyo en las urnas. Queridos votantes del PSOE, bájense del arcoíris. Cuanto antes lo hagan, mejor será para todos. Y escuchen bien: no digo mejor para unos pocos, sino mejor para todos. Y, si quieren saber más, véanse en capítulo titulado “Contra la proposición de ley de memoria histórica y democrática del PSOE”, programa que preparé con mucha entrega y cariño.

El PP ha sido presentado desde su origen como heredero de la misma sustancia que el franquismo, identificado, por tanto, con el mal absoluto. Aunque hoy día este lugar, en la concepción de la progresía, lo ocupa más bien Vox: la “extrema extrema derecha”, que decía una ministra. No obstante el PP se avergüenza de ser derecha y prefiere llamarse “centro”. Por eso Aznar, ya desde su primera legislatura, reivindicaba a Azaña como un gran demócrata y, de hecho, trataría de convertir a la derecha española en antifranquista militante. Así, el Diario de Sesiones de las Cortes democráticas de 1999 –cuando gobernaba Aznar con el apoyo de Pujol tras lo del Majestic– recoge la afirmación de que lo ocurrido el 18 de julio de 1936 fue un “golpe militar fascista” dado contra la legalidad republicana. Pero hablar de golpe militar fascista es una patraña tan grande como hablar en ese momento de legalidad republicana.

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Hoy os traigo un capítulo exprés, así que voy a tratar de fijar los argumentos más relevantes a modo de chispazo y a la espera de poder dedicar una serie completa al desarrollo de la Guerra Civil española y ahí, ya sí, sacaremos la lupa para examinar los detalles. En primer lugar, señalaré que resulta bastante problemático identificar lo sucedido el 18 de julio de 1936 con un golpe de Estado sensu stricto, pues como dijo Gabriel Naudé en el siglo XVII, un golpe de Estado es “el rayo que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado”. En este caso, sin embargo, los truenos se escucharon durante tres largos años. Tampoco fue un pronunciamiento clásico de los que se dieron con tanta frecuencia en España durante el siglo XIX, sino que fue un alzamiento general de una parte de la nación que no se resignaba a morir. Tampoco fue un acontecimiento exclusivamente militar y, por supuesto, poco tuvo que ver con el fascismo.

Ahora bien, ¿por qué una parte del ejército se alzó el 18 de julio? La fallida insurrección de octubre de 1934 quedó como telón de fondo en la pugna entre los partidos de izquierda y de derecha. La violencia generalizada del sector blochevique largocaballerista del PSOE entre febrero y julio del 36 alcanzó incluso a sus enemigos dentro del partido: el propio Indalecio Prieto o los dirigentes socialistas asturianos. El 20 de enero de 1936 Largo Caballero afirmó en El liberal (el periódico de Prieto): “Si triunfan las derechas (…) tendremos que ir a la guerra civil declarada”. El día después, en otro mitin electoral, anunció: “Antes de la República, nuestro deber era traer la república; pero, establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario con todas sus consecuencias”. Y en otro mitin en Alicante diría: “Las elecciones no son más que una etapa en la conquista (…) pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Y el 2 de febrero en Valencia: “La clase trabajadora tiene que hacer la revolución (…) Si no nos dejan, iremos a la guerra civil”. Por cierto, también Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera afirmaron que en caso de derrota de las derechas no acatarían el resultado electoral. Como vemos, el antagonismo entre ambos bloques había alcanzado niveles de tensión insostenibles, hasta tal punto que las generaciones de izquierda y las modulaciones de la derecha creían estar luchando por su propia existencia: si los generales –en complicidad con, al menos, la mitad de la nación– no se hubiesen sublevado en 1936, las derechas corrían el riesgo de ser aplastadas desde el poder del Estado y desde las calles. Luego, si estos partidos y sus simpatizantes querían perseverar en el ser, el alzamiento se presentaba como una acción más prudente que imprudente, pues –como decía Gil-Robles– media nación no se resignaba a morir.

Las primeras noticias del resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936 anunciaban el triunfo del Frente Popular, lo que provocó que las masas izquierdistas, enardecidas por la noticia, invadieron las calles de algunas ciudades exigiendo la liberación de los presos de la revolución de 1934. Portela Valladares, quien asumía en ese momento la presidencia del Gobierno, declaró el Estado de Alarma, pero desoyó los consejos de Gil-Robles y del General Franco que le aconsejaban declarar el Estado de Guerra. Esa misma tarde Portela Valladares dimitió de la presidencia del Gobierno. El 19 de marzo, el ala bolchevique o bolchevizante largocaballerista del PSOE publicaba que una de las medidas políticas exigidas era la transformación del Estado en una “confederación de naciones ibéricas” con derecho a la “autodeterminación” e “incluso a la independencia”. También proponía disparates como la supresión de la lengua oficial del Estado (el español), la supresión de los ejércitos permanentes y exigía el “armamento general del pueblo”, más la confiscación de los bienes del clero y el fin de las organizaciones religiosas. En el orden económico, el Manifiesto propugnaba el “control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio” y la nacionalización de la banca y de los recursos naturales. El 17 de marzo, Manuel Azaña escribía a su cuñado, Cipriano Rivas Cherif: “Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias”. El 13 de julio es asesinado por órdenes del Gobierno, el líder de la oposición Calvo Sotelo. El día después, Prieto declaró: “La trágica muerte del Sr. Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento… Será una batalla a muerte, porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”.

El 16 de julio, un día antes del alzamiento del bando nacional en África, escribía Largo Caballero en Claridad: “La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale por un Gobierno dictatorial de izquierdas… ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. Todo menos el retorno de las derechas”. Tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto querían precipitar la revuelta militar porque creían que la iban a aplastar inmediatamente y que, a través de una huelga general, llegarían a conquistar el poder.

Recordemos, por otro lado, que el jefe formal del alzamiento no fue Francisco Franco, sino José Sanjurjo, el León de Rif, aquel que, curiosamente, se había negado a movilizar a la Guardia Civil en abril de 1931, una de las razones, junto a la complicidad de los propios monárquicos, por la que pudo instaurarse la república en España sin proceso constituyente y que sin que se derramara una gota de sangre. Sin embargo, el General Sanjurjo murió en un accidente de avión el 20 de julio, tan sólo dos días después del alzamiento. Tal y como señalan Stanley Payne y Jesús Palacios: “Por paradójico que parezca, su muerte fue un golpe de suerte para los nacionales, ya que abría el camino a un comandante en jefe más joven, sano y capaz dos meses después. Es dudoso que Sanjurjo poseyera la capacidad necesaria para lograr la victoria en una larga, cruel y compleja guerra civil”.

Tal y como declaró Franco, la legitimidad del alzamiento del 18 de julio del 36 estaba en la victoria alcanzada el 1 de abril de 1939. Nada más acabar la guerra, a primeros de abril de 1939, 22 juristas presentaron un dictamen en donde se afirmaba que el alzamiento del llamado bando nacional “no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados”. Se añadía que “desde febrero de aquel año (la república) se transformó de estado normal civilizado en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen”. Ante el alzamiento, el gobierno frentepopulista “lejos de acudir al medio constitucional y legal de declarar el estado de guerra, apeló (…) al procedimiento, jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de tribunales populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a patente de corso otorgada para la convalidación de los centenares de miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, cometieron y dejaron sin castigo”.

A propósito de este documento, informa Pío Moa: “El razonamiento del Dictamen contenía una paradoja: si el Frente Popular carecía de legitimidad por haber conculcado sin tasa la ley republicana, la consecuencia lógica habría sido restablecer dicha ley, tanto más cuanto que las derechas, en su mayoría, la había aceptado, aunque fuera a disgusto”. Cosa cierta esta y desconocidísima por el gran público, a saber: que la República no era de izquierdas y que hubo republicanos de derechas verdaderamente convencidos y comprometidos con la causa, pero para ahondar en estos detalles se tienen que ver la serie de 12 capítulos. Incide Pío Moa en el hecho de que la República perdió legitimidad al violar sistemáticamente muchos de los derechos programados en la propia Constitución republicana de 1931 y así dice: “Sin embargo, el franquismo pensaba en cualquier cosa menos en restablecer aquella legalidad, y no sólo por anticatólica, sino porque había resultado inaplicada e inaplicable: la República había vivido la mayor parte del tiempo entre leyes como la de Defensa de la República –que mutilaba las libertades constitucionales– los estados de excepción, la censura de prensa y violencias constantes. Más allá de eso, los vencedores achacaban a aquella Constitución haber allanado el camino a los revolucionarios en 1934 y en 1936 (…) La integridad nacional (o sea, la pervivencia de la Nación) y las exigencias de orden y derecho debían considerarse valores previos y superiores a cualquier Constitución particular”.

A modo de conclusión y ya para ir cerrando este capítulo exprés:

1. La Guerra Civil española empezó al fracasar tanto el intento de insurrección rápida como el aplastamiento de los insurrectos, si bien es cierto que la Guerra Civil tuvo su prólogo en octubre de 1934. Es decir, en julio de 1936 se reanudó lo que en octubre de 1934 había quedado a medias.

2. Franco no se sublevó contra la Segunda República, sino contra el gobierno del Frente Popular que hizo de la Constitución de diciembre de 1931 papel mojado. Y no luchó en la guerra en pos de la monarquía, sino por una idea general de España. De hecho la monarquía volvió tras su muerte (eso sí, nombrando en 1969 a Juan Carlos de Borbón como su heredero a título de Rey).

3. El actual Gobierno de coalición PSOE-Podemos y sus socios separatistas, tratan de fijar la atención pública en la amenaza de un fantasmagórico franquismo redivivo, convirtiéndolo en un asunto de prioridad nacional, como si la Ley de memoria histórica fuera a solucionar la tremenda crisis económica que se avecina o el gravísimo problema del separatismo. Si hoy día algo está plantando verdadera beligerancia al Estado y a la Nación española, estos son los movimientos separatistas, no el franquismo, que ya no existe, o Juan Carlos I, que ya no es rey. Si la propia existencia de España como nación no estuviera cuestionada podríamos, quizás, tomarnos todo esto a chufla, pero no ver que detrás de estos manejos hay otras intenciones y otros proyectos respecto a España es estar ciegos.

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Y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y recuerda: “Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla”.

Por Paloma Pájaro. Este artículo se publica con permiso de su autora, pudiendo leer el texto original en nodulo.org

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