Por Javier Urcelay
La pandemia de la covid-19 debe mucho a China. Tanto que no sabemos exactamente cuánto. Unas de esas deudas es que los científicos chinos tardaran un tiempo récord en caracterizar al coronavirus. Esa misma celeridad puede alimentar sospechas, pero el caso es que hizo posible que laboratorios y centros de investigación de todo el mundo se pusieran rápidamente a buscar soluciones frente a la pandemia. Gracias al conocimiento del coronavirus causante, desde el primer momento se empezó a pensar en la posibilidad de una vacuna, cuya necesidad resultaba evidente y cuya posibilidad científica políticos y periodistas daban por descartada (en contra de lo que la misma ciencia nos enseña).
Estaba claro que la vacuna debería ser universal, al tratarse de una pandemia global que no conoce fronteras, por lo que también el Tercer Mundo debería tener acceso y ser vacunado.
El panorama no podía ser más atractivo para la industria farmacéutica mundial: un mercado potencial de miles de millones de vacunados en todo el mundo, probablemente con más de una dosis por individuo, revacunados cada cierto tiempo, quizás incluso de manera obligatoria, y con el favor de los políticos para acelerar, aprobar y… pagar lo que fuera necesario.
Las multinacionales investigadoras líderes del sector -los Pfizer, J&J, AstraZeneca, GSK, Sanofi etc- se pusieron inmediatamente a la carrera, priorizando sus programas de I+D, a costa de otros proyectos que tuvieron que ceder paso, conscientes de que quien pega primero pega dos veces. También la investigación pública se puso en marcha, encabezada por centros de investigación como las universidades de Oxford y Harvard o el Instituto Pasteur, con el objetivo era identificar en el laboratorio un candidato que pudiera ser patentado y licenciado después a alguna de las mencionadas multinacionales -como ha sido el caso de la universidad de Oxford y de BioNtech-, las únicas que en términos reales tienen capacidad de desarrollar, registrar, fabricar y comercializar un medicamento a nivel mundial.
Personalmente –después de haber trabajado más de tres décadas en la industria farmacéutica internacional-, no me ha llamado la atención que las principales multinacionales del sector -existen más de 160 proyectos en marcha- se hayan aprestado a competir por el desarrollo de la vacuna, ante una oportunidad de mercado probablemente sin precedentes (se habla por ahora de unos 8.000 millones de euros comprometidos sólo por la Unión Europea). Si me ha llamado la atención, en cambio, que no parecieran entrar en la carrera algunas otras empresas punteras, en particular la americana Merck & Co, la empresa líder en el mercado mundial de vacunas y desarrolladora de cuatro de las siete vacunas introducidas a nivel internacional en el último cuarto de siglo. Su estrategia parece ser diferente, quizás por estar convencidos de que, en este caso, primero no significará mejor.
Resulta muy interesante leer la entrevista a Kent Frazier, CEO de Merck, publicada el pasado 13 de julio en la revista de la Harvard Business School, en la que explicaba el punto de vista de su empresa sobre la vacuna para la covid-19, y cuyo meollo puede resumirse así
El desarrollo de una vacuna lleva tiempo: hasta ahora los desarrollos más rápidos han sido la vacuna contra las paperas, cuatro años, y la del ébola, cinco años y medio. Su desarrollo requiere un conocimiento científico previo, y en el caso de la covid-19 aún conocemos poco sobre el virus y cómo afecta a nuestro sistema inmune. Se trata de encontrar una vacuna eficaz y bien tolerada. Lo preocupante es que hay tal voracidad por la vacuna, que hay una gran presión por acelerar y acelerar las cosas. Pero si va a usarse una vacuna en miles de millones de personas, es necesario conocer qué es lo que hace esa vacuna. Y para ello debe ser testada en un número grande de personas y con un seguimiento temporal suficiente. Hay muchos ejemplos en el pasado de vacunas que estimulaban el sistema inmune, pero que al final no conferían protección. E incluso hay casos aún más desgraciados, en los que la vacuna no sólo no proporcionaba protección, sino que de hecho ayudaban al virus a entrar en las células, porque su acción sobre el sistema inmune era incompleta. La obtención de una vacuna no siempre es fácil: llevamos trabajando desde los 80 en el desarrollo de una vacuna contra el virus del SIDA y hasta ahora ha sido sin éxito. No queremos precipitarnos en el desarrollo de una vacuna antes de disponer de bases científicas sólidas. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de la vacuna contra la gripe porcina, que al final causó más perjuicios que beneficios. Otra cuestión adicional es la distribución: Merck tiene la experiencia de distribuir Mectizan para la ceguera de los ríos. Consiste en una sola píldora por persona, administrada una vez al año. Tenemos la experiencia de lo difícil que es, aun así, alcanzar a toda la población diana para ser tratada. El reto de fabricar y distribuir a nivel mundial una potencial vacuna para el covid-19, a la escala de miles de millones de dosis que se precisa, es descomunal y no tiene precedentes.
El 9 de noviembre pasado, sólo cuatro meses después de las cautelosas declaraciones de Frazier -aunque parezca que haya pasado un siglo- Pfizer anunció el éxito de la fase III de su vacuna, que habría alcanzado un 90% de eficacia. Sólo siete días más tarde, el 16 de noviembre, Moderna anunciaba también los resultados de la suya, que habría probado una eficacia del 94,5%, y con la ventaja de su más fácil conservación. También los rusos entraron en liza, predicando similares resultados para su Sputnik V; y la semana de titulares culminó con una nueva nota de prensa de Pfizer, el día 18, en la que resultaba que la eficacia de su vacuna había subido hasta el 95% desde su comunicado de hacía sólo unos días antes. Quedaba claro que la batalla comercial había comenzado.
Resulta llamativo que, contrariamente a la práctica habitual hasta ahora, los anuncios tanto de Pfizer como de Moderna, se han hecho a través de notas de prensa sin ir acompañadas, como era norma del sector, de la previa presentación de los resultados a la comunidad científica, bien fuera a través de una revista de prestigio o mediante su comunicación en un congreso científico. Está claro que los intereses comerciales, en una reñida disputa por quién se hace primero con el sustancioso pastel, han primado -con el beneplácito de los políticos y los medios- sobre los estándares que el sector siempre se había exigido hasta ahora y que hubiera considerado una noticia de ese tipo, emitida por el propio laboratorio y sin soporte científico, como promoción encubierta.
A falta de esa comunicación científica, que aún estamos esperando, lo cierto por ahora es que desconocemos por completo los resultados de esas vacunas y su perfil de seguridad. Lo único que sabemos es que tanto la de Pfizer como la de Moderna presentarían una eficacia superior al 90%. Pero la “eficacia”, así a secas y sin más especificaciones, es un término sin significado clínico, como cualquier médico práctico sabe.
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La expectativa de una pronta vacuna ha desatado las expectativas. El presidente Sánchez, siempre a la cabeza para subirse a la ola, ha sido de los primeros en anunciar el inminente comienzo de la vacunación masiva de la población. La vacunación empezaría tentativamente ya en enero bajo una estrategia única para toda España, a través de los 13.000 centros de salud y dispensarios de vacunación existentes y que se usan anualmente para la campaña de la gripe, consiguiendo que “una parte muy sustantiva de la población pueda ser vacunada con todas las garantías en el primer semestre del año” (El País, 23 nov 2020).
El plan sería centralizado, pero los recursos tendrán que ponerlos las Comunidades Autónomas. Una táctica ya habitual para cargarle el potencial mochuelo al prójimo: yo me pongo la medalla y tu corres con el marrón si luego la cosa no resulta a la altura de lo prometido. De momento ya han empezado a surgir las primeras voces de la Atención Primaria reclamando unos recursos sin los cuales la tarea que se les asigna resultará misión imposible. Y sin que, a todo ello y por lo menos en el caso de la vacuna de Pfizer, se haya explicado todavía cuál será el dispositivo logístico -eso que Frazier tildaba de “reto descomunal y sin precedentes”- que permita la distribución a 13.000 puntos y a -70 grados de una vacuna que a temperatura de un congelador normal -los únicos que pueden tener los centros de salud- sólo se mantiene estable unas horas, y que el conjunto de la población debe recibir en dos dosis administradas con intervalos temporales precisos. Nada que ver con los requerimientos para la vacunación contra la gripe, que es el modelo en el que se basa Sánchez con la inconsciencia que le caracteriza.
El anuncio de la inminente disponibilidad de una vacuna ha suscitado dos debates principales en la sociedad y en los medios: el de la priorización de los grupos de población que tendrán acceso temprano a la vacunación, y el de la posible obligatoriedad o no de la misma, planteada especialmente al conocerse los resultados de una encuesta del CIS según la cual el 43,8% de la población afirma que “no se pondrá la vacuna de forma inmediata”.
Parece que esta poca disposición de los españoles a vacunarse disuade al gobierno de imponer la obligatoriedad, que estiman que aumentaría la impopularidad de la vacunación y la resistencia a la misma. Quizás también intervenga el temor a la responsabilidad civil en que incurriría si se presentaran efectos secundarios imprevistos, aunque esto no se diga por razones obvias.
En cualquier caso, llama la atención como los denominados “expertos” que asesoran al gobierno y los políticos soslayan cuestiones que sería necesario conocer, y para las que aún no se ha dado ningún tipo de respuesta: ¿qué efectos tendrá la vacuna en el organismo?, ¿habrá diferencias en la efectividad de la vacuna entre personas previamente expuestas al virus y otros que no hayan producido nunca anticuerpos? ¿cuál es el margen de separación de tiempo entre la administración de la primera y segunda dosis? ¿cuáles serán los potenciales efectos secundarios a corto y largo plazo, y cuál será su tasa de incidencia prevista?, ¿existe alguna contraindicación en personas con patologías crónicas? ¿tiene la vacuna el mismo efecto en los distintos grupos de edad? ¿en qué grado estaré expuesto a sufrir la enfermedad después de vacunarme o durante cuánto tiempo conservaré la inmunidad?, ¿seré potencial contagiador si resulto infectado, a pesar de no sufrir personalmente la enfermedad?, ¿estaré excluido, si me vacuno, de posibles medidas de protección social tales como la obligatoriedad de las mascarillas, los confinamientos perimetrales, el toque de queda y otras similares? O, por el contrario, ¿correré riesgos de discriminación social o laboral si no tengo el “carnet” de vacunado? …
La disponibilidad de una vacuna eficaz y segura será una magnífica noticia para acabar con esta funesta pandemia que estamos sufriendo, y con la “nueva normalidad” totalitaria y liberticida que nos han colado de rondón. También lo será cualquier tratamiento eficaz del virus que disminuya su tasa de mortalidad o reduzca su gravedad clínica. Librarnos de esta pandemia y volver a la normalidad de siempre -con las lecciones aprendidas- es una necesidad cuanto antes. No se trata, por tanto, de ser negacionista y cuestionar la realidad y gravedad de la pandemia, pero hay motivos más que suficientes para demandar respuestas antes de precipitarnos, y para exigir, en el orden práctico, explicaciones concretas y presupuestadas respecto a los planes de ejecución -y esto corresponde a los partidos de oposición- que nos eviten vernos abocados a espectáculos como los que vivimos con la falta de mascarillas y equipos de protección, la ausencia de test, los ataúdes almacenados en parkings, las compras alocadas y otras muestras de la distancia existente entre la propaganda de los asesores de marketing del presidente Sánchez y la realidad sufrida por los españoles.
Negacionistas, no; pero borregos pastoreados acríticamente por unos gobernantes que han demostrado con creces sus mentiras e incompetencia, tampoco.
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