Por Graciela Camaño, Diputada nacional Consenso Federal-Buenos Aires
Nuestra actual legislación y jurisprudencia en torno al aborto enmarca el abordaje jurídico. Nuestro país está entre los que poseen legislación «moderada», ya que para ciertos casos, el mismo está permitido, como ocurre prácticamente en todos los países occidentales.
Este dato transforma en falsa toda la argumentación que bajo el discurso de «despenalizar el aborto» se propone transformar el feto en «cosa» y ponerlo en «posesión» de la gestante, en el marco de un discurso «pseudo-feminista» que, por otra parte, intenta dividir a las mujeres entre aquellas que supuestamente interpretan las urgencias femeninas y aquellas que en defensa del niño por nacer pasan a convertirse en «antifeministas».
Discurso este, el de la propiedad del cuerpo, que resulta cuando menos extraño. Suponer que una mujer embarazada no es dueña de su cuerpo es una premisa de muy baja autoestima. Nuestra Nación en el año 1813 decidió abandonar tan abominable actitud, cual es considerar que un ser humano puede ser cosa, al decretar en la Asamblea del año XIII la libertad de vientres. La esclava siguió siendo «cosa», su hijo/a era libre.
Nadie pudo rebatir el dato de la realidad: se trata de decidir sobre una vida humana, que va adquiriendo distintos status con el tiempo, célula, feto, persona, ciudadano. hasta su extinción (natural o violenta). Ciertamente todo un «fenómeno» que a pesar de los avances científicos aún es un misterio. Y esta realidad va más allá de las religiones a las que se aferra el humano frente a la finitud desconocida, o no.
Lo que engendra una mujer en su vientre luego del encuentro del esperma con el óvulo es un ser humano.
La pregunta entonces es: ¿se puede ampliar derechos de unos en detrimento de la vida de otros? La respuesta es no, las sociedades modernas se han impuesto para ello definiciones claras respecto a lo que se pretende respetar como valor superior, y la vida es el más importante.
La ley debe ser la codificación de las aspiraciones de una sociedad, y en función de ello educamos, creamos hábitos, reglamos nuestras conductas.
Me niego a que nuestra aspiración como sociedad sea aquella donde el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias y asumidas libremente, cuando las consecuencias son indeseadas. Incluso a costa de la vida ajena.
En ese caso la ley, solo servirá como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos y los intereses individuales. Será nuestro fracasado como comunidad.
Hace 50 años comenzamos a vislumbrar los efectos de las sociedades poco afectas a respetar la biodiversidad y el ambiente. La depredación del consumismo y el descarte hoy nos han puesto frente al horror de nuestras acciones. Pandemia, más de 5000 especies en proceso de extinción, entre otras devastaciones.
Asistimos a la primera extinción masiva provocada por una especie (el humano). Por eso es que, ciertamente, no es compatible el discurso ambientalista con este proyecto que pretende intervenir en la vida humana a manera de descarte.
El aborto es una experiencia por la que ninguna mujer quiere pasar, es conmovedor, traumático, sea legal o ilegal.
La incapacidad política de generar programas adecuados para la protección de las niñas, adolescentes y mujeres propone como solución someterlas al aborto como opción, mientras no se resuelven los problemas estructurales de desigualdad, violencia y pobreza que viven las mujeres en Argentina, esto, solo es demostrativo de la enorme incapacidad de una dirigencia que no está a la altura de la gravedad de la hora por la que atraviesan las mujeres en nuestro país.
Es hora que las políticas públicas de género generen oportunidades para salvar la espantosa brecha que acompaña a las mujeres. Es hora que los programas preventivos y de asistencia a las mujeres embarazadas comiencen a ejecutarse.
No es un Derecho Humano que un humano tenga la posibilidad de decidir sobre la vida de otro humano, que, por cierto, es el más vulnerable de todos.
Este artículo se publicó en el diario la Nación de Argentina.
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