¿Se han preguntado por qué nunca han tenido que firmar ningún tipo de “consentimiento” para vacunarse de la gripe, pero ahora resulta un documento “imprescindible” para la del COVID-19?. No es asombroso encontrar una relación entre los cultivos transgénicos y la nueva vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Pues sorprendentemente la hay, aunque hoy no toque hablar de ingeniería genética agrícola. La cuestión para nosotros, los ciudadanos, es saber si se pueden rechazar los alimentos transgénicos por su riesgo, y al mismo tiempo, correr y aplaudir para firmar el “consentimiento” que antecede a la inyección de la primera dosis de vacuna contra el COVID-19.

¿Quieren hacernos ver la vacuna de color rosa?

Una inquietud que puede aparecer al ver la propaganda gubernamental de la vacuna es, la de la promoción del optimismo exagerado sobre sus efectos. Algo que contrasta con la prevención y desinformación que subyace, al exigir la firma de un documento liberatorio de responsabilidades médicas. Porque señores, se van a vacunar millones de personas con una técnica innovadora de cuyas consecuencias, muy probablemente, no se responsabiliza plenamente ni la empresa que fabrica y vende la vacuna.

Para ser libres y decidir en consecuencia, hay que tener confianza, pero, ¿se puede confiar en un gobierno que ha hecho de la mentira su seña de identidad?

Si se trata de contribuir al bien común, podríamos aceptar un medicamento de este tipo pero, parece más que razonable, saber si la compra ha ido precedida de un protocolo que libere a Pfizer de responsabilidad por los eventuales daños colaterales de su vacuna. De hecho, las noticias de prensa abundan en que las industrias farmacéuticas se han blindado para evitar posibles indemnizaciones por los efectos adversos del tratamiento. “Así se las ponían a Felipe II… y nunca perdía al billar”, pues se llevarían todo el beneficio sin ningún riesgo aparente. El fabricante traspasaría la contingencia al Gobierno y, mucho me temo, que el “consentimiento informado” sería como un lavado de manos para que fuese el ciudadano quien finalmente soportase el riesgo.

Pero, ¿de dónde surge la necesidad del “consentimiento informado”?

La legislación prevé que cuando un medicamento, vacuna, o tratamiento médico, produce un efecto perverso, los pacientes tenemos derecho a demandar al laboratorio o al servicio médico, una indemnización. Para limitar sus consecuencias y prevenir al enfermo o a sus responsables se promulgó «la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica». Además, la exposición de motivos acude a diversas declaraciones y normas jurídicas emitidas por organismos internacionales como la ONU, UNESCO, OMS, la Unión Europea y el Consejo de Europa, con una retrospectiva a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que  tratan explícitamente, con detenimiento y extensión: «sobre la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales, resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas… »

Si nos detuviésemos aquí parecería algo habitual, pero no es así, porque en el texto del documento “consentimiento informado” que se exigirá previo a la vacunación, se hace especial referencia al artículo 9 de la ante citada Ley 41/2002 que prevé expresamente nuestra renuncia a recibir esa información. Vean el contenido del apartado 1: «La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por exigencias terapéuticas. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención».

Probablemente un motivo del crecimiento de las reticencias a las vacunas, sea que algunos Gobiernos pretendan tratar a sus ciudadanos como discapacitados.

Pero mi opinión, aunque refleje dudas, no es contraria a las vacunas. Reconozco que quien las retrasa o rechaza puede poner en riesgo a sus conciudadanos -1,5 millones de niños mueren cada año por falta de determinadas vacunas ya contrastadas-. No, no es esa, ni mucho menos, mi intención. Lo que me indigna, y no admito de buen grado, es que pretendan tutelarme, privándome del derecho a conocer los porqués de la decisión que debo tomar.

Mi reticencia y la de muchos otros con la del COVID-19, –pues se estima que el 50% de los españoles dudan sobre la conveniencia de vacunarse ahora- parte de la aceptación precipitada de este nuevo tipo de vacunas. No viene al caso añadir también motivos de falta de confianza en nuestros líderes españoles, porque me extendería demasiado. Preocupa, como he dicho, la inmediatez para aceptar una vacuna con una técnica genética de ARN mensajero, inédita hasta la fecha, cuando está vivo y candente el debate sobre la ingeniería genética de los alimentos, los conocidos como transgénicos, que muchos justifican por sus efectos benéficos, como la mejora de producciones agrícolas o la protección de los cultivos frente a plagas. 

Argumenta el Dr. Christophe d´Enfert, profesor del Instituto Pasteur, que «…no es posible que el ARN inyectado pase a formar parte del ADN humano…” Bueno, él es un experto y por ello, habrá que darle el peso que su opinión merece, pero es la primera vez que se aprueba una vacuna de ARN para seres humanos. Así que resulta complejo y arriesgado, prever las reacciones de los organismos con tan absoluta rotundidad. Y, alimenta las dudas, si el fabricante o el Gobierno trataran de eludir la responsabilidad de sus eventuales efectos negativos.

La ingeniería genética puede ser un tratamiento fantástico de futuro, pero se vigila cuidadosamente cada paso que da. Por poner un ejemplo digamos que la UE autoriza con cuentagotas aquellos alimentos a los que se les han añadido genes de otra especie –los llamados transgénicos-,  y se hace tan sólo cuando están destinados a piensos para alimentación animal, no para consumo humano.

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Algunas vacunas están más que contrastadas, evitan millones de muertes, y nadie debería cuestionar su eficacia. Otras, como la gripal, no tienen un efecto protector tan claro. Se puede comprender, a partir de la catastrófica gestión de la pandemia, que algunos gobiernos estén determinados a contenerla, asumiendo unos riesgos que consideran menores. Sin embargo, hay demasiada información publicitaria y falta mucha transparencia.

Pues ¿saben qué?, si tan seguros están de que es imprescindible ese tipo de vacunas, que al menos tengan la decencia de exigir que sean obligatorias, así no pareceremos imbéciles. Los bomberos que apagaron Chernóbil a costa de sus vidas y muchos otros héroes que se han sacrificado por los demás, conocían el peligro. Si vamos a correr un riesgo, al menos que se reconozca nuestro sacrificio por la comunidad.

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