Una publicación reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas ilustra varias tendencias preocupantes en la ONU: la primera es el impulso constante para insinuar el derecho humano al aborto, la segunda es la extralimitación de expertos especiales en el sistema de derechos humanos y la tercera consiste en los cambios del lenguaje y las ideas para adecuarlo a sus fines y pasarlo de una agencia a otra.
En diciembre, el UNFPA publicó un documento de orientación sobre cómo aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a su trabajo en planificación familiar y salud materna. El mandato original del UNFPA fue establecido en 1994 por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Pero el nuevo informe sostiene que varios organismos de la ONU han descubierto nuevos “derechos humanos”.
Por ejemplo, en 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió el “Comentario General 22” que, según el UNFPA, detalla las obligaciones para garantizar el derecho al aborto.
Este comentario, así como cualquier otra “elaboración” emitida por los órganos de supervisión de tratados, no son vinculantes. Sin embargo el texto del tratado sí es vinculante, aunque solo para aquellos países que lo han ratificado. Por otro lado, los comentarios de los comités de la ONU no son vinculantes para los estados que han ratificado el tratado.
Estados Unidos, por ejemplo, ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo órgano de supervisión emitió la “Observación general 36” en 2018. Según el UNFPA, este comentario “encuentra una obligación para los Estados de proporcionar acceso seguro, legal y efectivo al aborto” en determinados casos excepcionales, como la violación, el incesto, la inviabilidad fetal y cuando la vida o la salud de la madre esté en riesgo. Una vez más, este comentario no es vinculante para los Estados Unidos o cualquier otra nación que haya ratificado este documento.
El aborto nunca ha sido un derecho humano internacional, y ni el UNFPA ni los mecanismos de derechos humanos de la ONU, como los órganos de tratados, tienen el poder de convertirlo en un derecho. Sin embargo, la insinuación de que tal derecho existe ha sido impuesta constantemente por los órganos de tratados y luego se ha hecho eco de otras partes del sistema de la ONU, incluido el UNFPA y la Organización Mundial de la Salud.
El UNFPA, en particular, ha intentado caminar por una delgada línea en el tema del aborto durante décadas. Cuando Estados Unidos bajo el presidente Trump recortó su financiación debido a su promoción del aborto y su complicidad con la antigua política del hijo único en China, el UNFPA afirmó repetidamente que “no realiza, promueve ni financia el aborto”. En una reunión anterior de la junta ejecutiva, algunos de los evaluadores del UNFPA sugirieron que podría hacer más para promover el aborto, al tiempo que elogiaron su “liderazgo discreto” para incluir los medicamentos que causan abortos en las listas de medicamentos esenciales de varios países.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su intención de restaurar la financiación del UNFPA. Aun así, como ha dicho en repetidas ocasiones el director de comunicaciones del UNFPA, otros países han tomado el relevo. En septiembre, fue citado en PassBlue alardeando del apoyo sin precedentes de la agencia, principalmente de los países europeos y Canadá. “Por lo tanto, tenemos más dinero del que hemos tenido en toda la historia del UNFPA”.
Está claro que la presión de los órganos de supervisión de tratados y el apoyo posterior de legisladores y jueces aumentarán en los próximos años. La forma en que los gobiernos pueden protegerse es asumiendo el papel de “objetores persistentes”, un concepto del derecho internacional que detendría el acostumbramiento de tener un presunto derecho al aborto. La Declaración de Consenso de Ginebra publicada recientemente hace precisamente eso.
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