El presidente Biden firmó esta el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que anula la Política de Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global de su predecesor Donald J. Trump, también conocida como la Política de la Ciudad de México. Esta política impedía que los grupos extranjeros de la industria del aborto recibieran asistencia de salud y planificación familiar de Estados Unidos en el extranjero.

La orden de Biden destina efectivamente los fondos de los contribuyentes de EE.UU. a los gigantes del aborto International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International y cientos de grupos extranjeros que practican y promueven el aborto en todo el mundo en desarrollo, incluyendo la presión para derogar las protecciones para los no nacidos.

Anu Kumar, directora del líder de la industria del aborto, IPAS, lo calificó como “un paso importante para ampliar el acceso a los servicios de aborto en el extranjero” en un artículo de opinión publicado en la revista feminista en línea Ms.IPAS se especializa en el suministro de equipos para el aborto y en el diseño de sistemas de salud para practicar el aborto.

“Estos gigantes de la industria del aborto empujan vergonzosamente su agenda radical en naciones y culturas profundamente pro-vida”, dijo la vicepresidenta de comunicaciones de SBA-List, Mallory Quigley, a Friday Fax. Quigley anticipa que Biden también restaurará los fondos federales para el Fondo de Población de la ONU. Sha dijo que la agencia promueve el aborto a nivel internacional y respalda “las brutales políticas de limitación de niños de China, que incluyen el aborto forzado”.

En un comunicado de prensa esta mañana, la Casa Blanca anunció que la orden protegería y ampliaría el acceso a “la atención integral de la salud reproductiva” y promovería “la salud y los derechos sexuales y reproductivos” en Estados Unidos y en el mundo. Ambos términos son usados frecuentemente por la industria del aborto en las políticas y programas de la ONU para promover el aborto.

La Política de protección de la vida en la asistencia de salud global del presidente Trump renombró, restableció y amplió la Política de la Ciudad de México a toda la salud global, incluyendo el financiamiento para el VIH/SIDA.

La política, anunciada por primera vez en 1984 por el presidente Donald Regan, prohíbe que cualquier grupo que practique o promueva el aborto en programas de planificación familiar reciba ayuda exterior de Estados Unidos. Los presidentes Bill Clinton y Barak Obama anularon la política al asumir el cargo.

El presidente Donald J. Trump restableció la Política de la Ciudad de México en su primer día de gobierno. También amplió la política para que cubriera la totalidad de los aproximadamente $9 mil millones anuales de ayuda exterior de EE.UU. para la salud, en reconocimiento de cómo los grupos de la industria del aborto habían diversificado sus fuentes de financiamiento. Anteriormente, la política sólo cubría $600 millones de la ayuda exterior de EE.UU. para programas de planificación familiar en el extranjero.

La política del presidente Trump fue popular entre el pueblo estadounidense. Según una encuesta marista publicada ayer, el 77 % de los estadounidenses se “opone” o “se opone rotundamente” a usar el dinero de los impuestos para apoyar el aborto internacional.

La política de Trump también fue aceptada de forma mayoritaria por los grupos de planificación familiar y salud global. A pesar de las acusaciones de que la política interrumpe el acceso a la planificación familiar y a la salud global, sólo ocho de los 1,340 principales receptores de donaciones y 47 subreceptores rechazaron la política y rechazaron los fondos de EE.UU., según las revisiones oficiales de la política a cargo del Departamento de Estado de EE.UU. y de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Entre ellos estaban los gigantes del aborto International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International y sus filiales.

Incluso sin la Política de la Ciudad de México, una ley federal, conocida como la Enmienda Helms, prohíbe el uso de fondos de EE.UU. para practicar o promover el aborto. Pero la ley no impide que los grupos que practican el aborto reciban fondos de EE.UU. para prestar atención médica y planificación familiar.

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La Orden Ejecutiva firmada hoy también ordena al Secretario de Salud y Servicios Humanos que revise cualquier regulación pro-vida puesta en marcha por la administración Trump para los programas del Título X con vistas a anularla.

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