Se engañó a los colombianos con la falsa promesa de que con la firma del acuerdo  “de paz” entre los narcoterroristas de las Farc y el gobierno Santos se alcanzaría la paz, se resarciría a las víctimas del conflicto y se erradicaría el narcotráfico con la colaboración de los integrantes de esa banda de delincuentes.

Hoy, después de 5 años de la firma de ese desdichado pacto, debemos reconocer que ninguna de las metas que fueron propuestas se ha cumplido.

En nada se parece a la paz la situación que vive el país, con gran parte de su territorio bajo el dominio de las guerrillas de las Farc, (ahora piadosamente denominadas “disidencias de las Farc), del ELN, y de los carteles mexicanos de la droga. El terrorismo ya no respeta ni las grandes urbes, como se evidenció con el genocidio cometido por el ELN en la Escuela de Cadetes de la Policía, en la capital de la República. Ya las fuerzas del orden no pueden ejercer su autoridad en los poblados, pues sus habitantes, aleccionados por los cabecillas guerrilleros, les ordenan retirarse. Tal como ocurría antes de la suscripción del humillante acuerdo, los comerciantes, ganaderos y agricultores del país siguen pagando la “vacuna” (léase extorsión)  so pena de ser secuestrados o asesinados.

Si antes se contaba con el dique eficaz de las Fuerzas Militares que obligó a los grupos ilegales a refugiarse en Venezuela o en lo profundo de la selva, ahora, merced a la tibieza de los gobiernos empeñados en la implementación del acuerdo, se ha menoscabado su fuerza operativa, se les ha cambiado su misión con la doctrina “Damasco” y se ha minado su moral cediendo ante las infames acusaciones de la izquierda enquistada en los tribunales y los medios de comunicación.  

Se le otorgó a la delincuencia carta blanca para operar, pues tanto la JEP, remedo de tribunal creado para la absolución de las Farc, como las demás cortes y tribunales, fallan sesgadamente en beneficio de los criminales más crueles de nuestra historia. Basta con repasar el triste proceso que condujo a la fuga de Santrich después de haber sido pillado traficando con cocaína, o la vergüenza  que ha significado la telaraña urdida por la JEP para abstenerse de condenar a sus amigos de las Farc por los crímenes más atroces de que se tenga noticia en Colombia.

Tampoco se  obtuvo la reparación de las víctimas con la firma del acuerdo. Después de explotar durante 50 años negocios tan productivos como el tráfico de estupefacientes, el secuestro, la extorsión, el despojo de tierras, la minería ilegal y el abigeato, se declaran en insolvencia los cabecillas de esta banda de facinerosos . Argumentan sus cómplices que es el Estado (es decir, nosotros como contribuyentes) el que debe indemnizar a las víctimas de sus crímenes.

Como resultado de la claudicación del Estado ante el terrorismo, tampoco se logró su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, el área cultivada que se había logrado reducir en el gobierno de la Seguridad Democrática mediante la fumigación aérea y otras eficientes acciones a 62.000 hectáreas en 2010, pasó, después del acuerdo, a 188.000 hectáreas. Más del 300%. Y en 2019 alcanzó el país el nada honorífico récord  de la mayor producción de coca en toda su historia.

Pero si no se lograron los objetivos en esa fallida negociación, sí fueron, en cambio, catastróficos los daños que acarreó al país:

1.- Destrozó en mil pedazos el Estado de Derecho introduciendo en la Constitución Política normas que fueron rechazadas por el constituyente primario en el plebiscito de 2016.En consecuencia, vivimos un permanente estado de ilegalidad, con unas normas que modificaron la Constitución por un sistema no permitido en la misma para su reforma, el “fast track”.

2.- Puso la Justicia al servicio del espurio acuerdo, de la impunidad para los cabecillas de las Farc y del sucio negocio de la droga. Ahora, según la letra del Acto Legislativo 2 de 2017,

 “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, e espíritu y los principios del Acuerdo Final.”

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3.- Se perpetró un golpe de Estado a la Democracia cuando se desconoció la voluntad de la mayoría de los colombianos que manifestaron expresamente su rechazo a los pactos de La Habana y la de más de 21.000.000 que tampoco quisieron acudir al llamado del Gobierno de concurrir a refrendar con su voto el funesto acuerdo. Con la complicidad de una Corte prevaricadora se sustituyó el veredicto de las urnas con una simple proposición del Congreso sin ninguna validez.

4.- Con la firma del pacto, se convirtió Colombia en el principal narco-estado del mundo. Los gobiernos de Santos y Duque dejaron de fumigar con glifosato, de extraditar  a los cabecillas de las Farc, de bombardear sus campamentos, de perseguir sus activos ilícitos, crearon un subsidio para los sembradores de coca, desmontaron la interdicción aérea y marítima para control de las rutas de la droga y han asignado a las Fuerzas Armadas múltiples tareas diferentes a las de perseguir a los responsables del ilícito negocio.

5.- En medio de la lucha por el predominio sobre las zonas cocaleras, las fronteras y las rutas de drogas y de armas ilegales, reina la inseguridad y el terrorismo. Miles de compatriotas se encuentran a merced de los criminales, a quienes protegen la ley y los jueces. Y el poder corruptor de las inmensas utilidades del narcotráfico neutraliza la persecución de los “narcos” y su judicialización.

6.- Se ha trasladado la inseguridad a los centros urbanos en los que sus principales problemas son las ollas del micro-tráfico y las bandas delincuenciales que extorsionan, asesinan y roban a la población. Se ha comprobado la presencia de milicias de las guerrillas en las denominadas “protestas sociales” acompañadas de daños a la infraestructura urbana y violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

7.- Se introdujo en el acuerdo la imposición al pueblo colombiano de la “ideología de género”, teoría antinatural que contradice la evidente diferencia  biológica entre los sexos, con cuya enseñanza se pretende envenenar las mentes de jóvenes y niños. Hace parte de la estrategia comunista y atea de destruir desde sus cimientos a la familia tradicional, célula fundamental de nuestra sociedad.

Es hora de poner fin a semejante tragedia. No será posible  garantizar la seguridad, la salud y la Justicia a los colombianos ni la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho mientras subsista este denigrante e inválido acuerdo.

Por eso los colombianos de bien, que somos la mayoría, clamamos por un gobierno, cuya prioritaria  decisión sea la de abolir ese abominable pacto.

Se respetarán los derechos de quienes fueron reclutados por la guerrilla y se hayan desmovilizado y entregado sus armas. El Estado entrará a tomar posesión de las zonas sembradas en coca y emprenderá empresas comunitarias y sustitución de cultivos con los que abandonen el cultivo maldito.

Removamos del cuerpo de la Patria esta lepra del “acuerdo de la vergüenza” que nos impide salir de la iniquidad y la inmundicia. “Reconstrucción o catástrofe”.

Luis Alfonso García Carmona, Presidente Alianza Reconstrucción Colombia

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