Bogotá, Medellín y Cali, las tres principales ciudades de Colombia, acaban de cumplir el primer año gobernadas por alcaldes de extrema izquierda. Ninguno de ellos fue elegido porque representase los anhelos de sus respectivas poblaciones, sino por la catastrófica circunstancia de que los votos del centro y la derecha se dividieron entre varios candidatos, abriendo una brecha por la cual se colaron triunfantes los candidatos de la izquierda.

          Realidad lamentable, que esperamos no pase en las próximas elecciones presidenciales del 2022. Por eso es importante hacer un balance de lo que han hecho estos alcaldes durante su primer año de gobierno.

Alcaldesa de Bogotá: lesbiana y feminista radical

          En Bogotá fue elegida Claudia López, una lesbiana y feminista radical. Su agenda de gobierno promueve la revolución homosexual, la ideología de género, y por supuesto, también el populismo socialista. Pero, sobre todo, pretende catapultar en forma grotesca y egocéntrica su propia figura, pues ella busca que su paso por la alcaldía la convierta en una firme candidata presidencial en el futuro inmediato.  

          Se enfrenta a los gritos con quien sea, incluidos el Presidente de la República, los ministros, los comandantes de las FFAA o el más humilde ciudadano, dando un triste espectáculo de arribismo y de soberbia, que por lo general termina en la toma de múltiples decisiones equivocadas que van conduciendo a la capital hacia el desastre.

Medellín está gobernada por un aventurero irresponsable  

          En Medellín, la segunda ciudad del País, ha llegado a la alcaldía Daniel Quintero, un joven aventurero salido de las entrañas de la agitación social, pero de aquella que está en los límites del terrorismo y la subversión. Lo demuestran los conocidos videos en los que sale encapuchado haciendo arengas marxistas durante las pasadas elecciones presidenciales.   

          Su primer año de gobierno tiene la peor de las calificaciones, sobre todo porque la emprendió contra el conglomerado empresarial de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), uno de los más grandes de Colombia, generador de energía y prestador de servicios públicos en varias ciudades del País y del exterior. Ese grupo empresarial, que se maneja como una multinacional privada, y que es un ejemplo de eficiencia y orgullo de su departamento y de Colombia, ha sido tomada por asalto para tratar de convertirla en un fortín politiquero al servicio de los intereses partidistas del alcalde.  

          De lograr ese objetivo siniestro, se desencadenará una verdadera debacle económica sobre Medellín y el departamento de Antioquia, que tienen en EPM al más grande generador de ingresos. Como EPM es a Medellín y a Antioquia lo que fue PDVSA para Venezuela y para el chavismo, la extrema izquierda se la quiere tomar para administrar por su cuenta los ingentes recursos que maneja y convertirla así en la fuente de recursos para financiar la revolución socialista en Colombia.

El alcalde de Cali tiene decenas de investigaciones

          Por último está el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien ya había ocupado el cargo entre 2008 y 2011, dejando a su paso una estela de corrupción y de malos manejos administrativos que le han valido decenas de procesos de investigación de los entes de control del Estado, que obviamente no conducen a nada.

          Pues bien, en su primer año de gobierno ha vuelto a las andanzas poco claras de su anterior mandato. Aprovechando la crisis de la pandemia  ha firmado más de 160 contratos millonarios, beneficiando a sus compinches políticos, de tal forma que el presupuesto de la ciudad se desangra sin control alguno.  

          Entre los gastos más sonados por su inutilidad y elevado costo, está el de una feria de Cali virtual que se transmitió por redes sociales que son gratuitas, y un alumbrado navideño que recorría las calles de la ciudad en una caravana de camiones, generando aglomeraciones no permitidas por causa de la pandemia. Además, con un Consejo Municipal de bolsillo, consiguió la aprobación de un endeudamiento de 650 mil millones de pesos (unos 200 millones de dólares), sin presentar ningún plan de ejecución de proyectos a realizar. Es decir, como si fuera una caja menor que se puede gastar a su antojo.

          El común denominador de estas tres administraciones está claro y muestra lo que sería un eventual gobierno de la izquierda en Colombia. Con el pretexto de la emergencia sanitaria en que estamos sumergidos, estos tres alcaldes, han destinado cuantiosos recursos, sin ningún control y sin licitaciones previas, para atender los gastos de la salud, para la compra de medicamentos y de insumos médicos. Y en la adecuación de centros médicos, en ayudas humanitarias para los más necesitados, en supuestos planes para generar empleo, y por supuesto, para atender a las maquinarias politiqueras que los llevaron a las respectivas alcaldías.  

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          Sin planeación alguna, el dinero público fluye a raudales entre unas mafias de la contratación que cada uno de estos alcaldes ha creado a su antojo, ante la indolencia de todos y la complicidad de los organismos de control.

La justicia ha sido cooptada por la delincuencia

          Estos representantes de la izquierda chavista roban a plena luz del día, sin el menor temor a ser denunciados ni sancionados, pues lo más trágico que ahora le acontece a Colombia es que la justicia fue cooptada por la delincuencia. El llamado Cartel de la Toga, con sus enormes tentáculos, se encarga de absolver a los acusados, de engavetar los procesos para que prescriban por vencimiento de términos, o de impedir siquiera que se inicie cualquier investigación.   

          Los ciudadanos que queremos una administración honesta y transparente nos preguntamos: ¿cómo es que esos contratos corruptos salen publicados en los diarios, en la televisión y ningún organismo de control del Estado comienza una investigación? ¿Dónde están la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría? ¿Por qué el Presidente, la vice Presidente y los ministros no denuncian estos casos y exigen a los entes de control una investigación rigurosa? Es sencillamente inexplicable que los encargados de vigilar la conducta de estos funcionarios públicos no se dan cuenta de nada, cuando las personas menos informadas del País conocen perfectamente todas sus corruptelas.    

          Algo muy grave está pasando en Colombia cuando estos monumentos a la corrupción pasan desapercibidos para las autoridades, cuando la justicia no actúa ante semejantes evidencias y cuando la ciudadanía tampoco exige honestidad a sus gobernantes.  Si seguimos así, mañana no podremos quejarnos del abismo a donde vamos a llegar. Y si alguien quiere conocerlo desde ya, puede mirar hacia Venezuela, que nos lleva algunos años de ventaja, pero que al paso que vamos, la alcanzaremos pronto.

Por: Eugenio Trujillo Villegas- Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

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