El 23-F constituye un dramático punto de inflexión entre un Régimen recién creado a punto de desmoronarse -el de la Constitución del 78- y el inicio de una etapa de “plenitud” democrática (al menos en el imaginario del pueblo). En una sola noche la figura de Don Juan Carlos pudo haber naufragado nada más haber zarpado o, por el contrario, consagrarse para la historia democrática de la nación. La narración oficial del 23-F es que Don Juan Carlos frenó una intentona golpista. Un discurso televisado devolvió a los tanques a los cuarteles y la democracia se salvó. Desde entonces el rey Juan Carlos fue reconocido por la sociedad española como el garante de las instituciones y el defensor de la democracia. Su prestigio como un monarca demócrata creció considerablemente y así durante decenios lo han demostrado las encuestas. Para la inmensa mayoría de los republicanos, había nacido una postura intermedia: entre sus íntimos ideales y la monarquía, optaban por el «juancarlismo». O, dicho de otro modo, se consideraban partidarios del Juan Carlos pero no conformes con una monarquía en abstracto.

Años después las investigaciones y obras periodísticas han intentado salir a la luz, no sin dificultades, proponiendo nuevas versiones de los hechos: desde el coronel Amadeo Martínez Inglés que escribía 23-F. El golpe que nunca existió (su libro La Transición vigilada ya había sido retirado del mercado a los quince días de ver la luz), pasando por Jesús Cacho y su intrépida obra El negocio de la libertad, hasta la última entrega sobre Suárez, de Pilar Urbano. Pasamos a relatar las síntesis de estas nuevas teorías conspiranoicas o reales. La tesis de Amadeo Martínez es que “los golpes militares se dirigen desde el primer momento contra la cúpula del Estado, en este caso contra el rey; sin embargo, el 23 de febrero de 1981 al monarca no lo molestaron”. Por eso: “Los guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados bajo las órdenes del teniente coronel Tejero no iban en contra del rey, iban precisamente en su nombre, incluso dando vivas al monarca, como se observó en la televisión”. La conclusión sería la siguiente: “Fue una maniobra político-militar-institucional, puesta en marcha por el propio sistema, desde la Corona, para desactivar un golpe militar que se estaba fraguando para el 2 de mayo en los ambientes más radicales de la extrema derecha española, era un golpe contra el rey, preparado por militares que deseaban que España volviera al totalitarismo.”

“Los guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados bajo las órdenes del teniente coronel Tejero no iban en contra del rey, iban precisamente en su nombre, incluso dando vivas al monarca, como se observó en la televisión”

Tras el fallido golpe, se iniciaron rápidamente los procesos judiciales y los informes, a la par que la prensa creaba «el mito» del rey democrático. Sabino Fernández Campo, funcionarios e instituciones maniobraron perfectamente cronometrados para dejar a Don Juan Carlos al margen del procedimiento judicial. Por el contrario, los abogados defensores mantuvieron la tesis de que los militares insurrectos habían actuado «por obediencia debida» al rey. Pretendieron que Don Juan Carlos prestara declaración como testigo, como mínimo por escrito, pero no hubo forma. En su lugar declaró Sabino Fernández Campo. Excepto Armada, que mantuvo un silencio sepulcral respecto al papel de Don Juan Carlos, el resto de los imputados coincidieron en que el rey estaba enterado de todo y que participó en el plan de actuación. Como muchos de los imputados aducían cumplir órdenes reales, la anodina sentencia del Supremo dictaminó que «No sobra razonar que si, hipotéticamente y con los debidos respetos a Su Majestad, tales órdenes hubiesen existido, ello sin perjuicio de la impunidad de la Corona que proclama la Constitución, no hubiera excusado, de ningún modo, a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultadas de Su Majestad el rey, y, siendo manifiestamente ilegítimas, no tenían por qué haber sido obedecidas».

Respecto al CESID y a su papel en el 23-F, también hubo una contundente campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas. Entre los documentos desaparecidos en los días siguientes se tiene constancia del informe «Delta sur» (que evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen); se “desintegraron” unos edictos y decretos que se tenían que difundir una vez hubiera triunfado el golpe, e informes de vigilancia que incluían fotos de reuniones conspirativas celebradas en varios puntos de Madrid. También se elaboró el denominado «Informe Jáudenes«, que se mantuvo oculto durante casi veinte años y ahora ha visto la luz. Trata de la posible participación de miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Medios Especiales), cuyo jefe era José Luis Cortina, en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero. Fue encargado al teniente coronel Juan Jáudenes el 31 de marzo de 1981, cuando ya no quedaban pruebas.

Respecto al CESID y a su papel en el 23-F, también hubo una contundente campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas.

El «Informe Jáudenes» fue incorporado a la causa y después devuelto. Curiosamente en los trece mil folios del sumario del juicio sobre el 23-F no se hace ninguna mención a Juan Carlos. En cuanto a la implicación de políticos, y muy especialmente de los socialistas, de los que enseguida trataremos, salieron incólumes del juicio. Sinteticemos el informe, pues es uno de los pocos documentos que mantiene su vitalidad (quizá por haber estado enterrado tantos años) y nos permite redescubrir una interpretación sin demasiadas contaminaciones. En su momento fue entregado, por orden del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, al general José María García Escudero, instructor de la causa abierta en la jurisdicción militar por el 23-F. Pero no pudo ser incorporarlo al sumario por su carácter secreto.

El origen del informe se remonta a la misma tarde del 23 de febrero de 1981, pocas horas después de que Tejero, secuestrase el Congreso de los Diputados. El cabo primero de la Guardia Civil Rafael Monge, jefe de la Sección Especial de Agentes (SEA), acude al CESID y comenta, visiblemente excitado, que ha participado en el asalto, guiando a una de las columnas. Le escucha entre otros el capitán Rafael Rubio. La SEA era un grupo de élite formado por especialistas al que se encargaban las misiones más delicadas del servicio secreto. Dependía directamente del jefe de la plana mayor de la AOME, el entonces capitán Francisco García Almenta, brazo derecho del jefe de la Agrupación, el comandante José Luis Cortina. Pero el informe, aparte del relato de los hechos, se centra sobre todo en las conductas de Monge y del capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, jefe de grupo de la AOME. Este último se encontraba en esas fechas fuera del CESID, realizando un curso de tráfico en el parque de automovilismo de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid), de donde saldrían los autobuses con los guardias civiles que tomarían el Congreso al mando de Tejero. El informe tiene su importancia en la medida que deja abierta la puerta a la plausibilidad la participación del CSID en el golpe.

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