El portal de noticias peruano Ojo Público dio a conocer una investigación revelando los abusivos pedidos de la multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer a países sudamericanos, los que fueron descriptos como “intimidación de alto nivel”, con requisitos de inmunidad que obligaban a los Estados nacionales a responder incluso con “activos soberanos” ante potenciales demandas judiciales a mediano y largo plazo por “reacciones adversas”: “exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados”.
El laboratorio Pfizer fue acusado de “intimidar a los Gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra el Covid-19, y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales”.
“Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados”, se explica.
Tanto en Argentina como en Brasil, Pfizer reclamó que los activos soberanos se pusieran como garantía, por lo que ninguno de los dos países terminaron llegando a un acuerdo.
En el caso de la Argentina, “las conversaciones pronto se volvieron tensas y complicadas: ‘En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más’” y se reclamó que el país “contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa, ‘Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal. Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente’”.
Las mismas exigencias se hicieron al Ministerio de Salud de Brasil. Pfizer pidió que le otorguen indemnidad y solicitó al ministerio que pusiera activos soberanos como garantía, además de crear un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. En enero, el ministerio rechazó estas condiciones, calificando las condiciones de “abusivas”.
En Perú, Pfizer reclamó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos: “el 1 de diciembre de 2020, el gabinete del nuevo Presidente del Perú, Francisco Sagasti, emitió un decreto supremo que expresaba el compromiso del Perú a someterse a arbitrajes internacionales, ante controversias que surgieran en los contratos para la compra de vacunas. La norma también precisó que el Perú renunciaba “a la inmunidad soberana del Estado para la ejecución de una decisión arbitral” (…) Desde el pliego de condiciones vinculantes entre Pfizer y el Ministerio de Salud, el Gobierno aceptó asumir todos los gastos de posibles demandas en cualquier parte; transporte; distribución; o productos relacionados a la vacuna”. Pfizer llegó a recurrir a amenazas: “‘Compren más, van a matar a la gente, la gente va a morir por su culpa’”.
El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.
La investigación que revela este costado de la firma Pfizer y que publica el medio peruano, Ojo Público, forma parte a su vez del Bureau of Investigative Journalism, una entidad periodística con sede en Londres y que es auspiciado a su vez por, entre otros, la Bill and Melinda Gates Foundation y la Open Society Foundations, por lo que no se debe descartar que la información, si bien fidedigna, sea también parte de una guerra entre corporaciones farmacéuticas y/o pases de factura a nivel global entre gigantes corporativos.
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