De nuevo la comunidad benedictina de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos está en peligro.
Los partidarios de dividir a los españoles en buenos (republicanos) y malos (el resto), los promotores de la división y de la vuelta a 1936 y a los enfrentamientos guerracivilistas, le han pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que expulse a la comunidad benedictina del Valle.
Escribe al Nuncio Apostólico, S.E.R. Mons. Bernardito Cleopas Auza, representante diplomático del Vaticano en España, pidiéndole que, de acuerdo con los tratados firmados por el Reino de España y el Estado Vaticano, defienda el derecho de los benedictinos a seguir en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
FIRMA: NO a la expulsión de los benedictinos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) es una organización izquierdista dedicada a la localización de las víctimas republicanas de la guerra civil. Su actividad coincide con precisión milimétrica con los enunciados de la ley de memoria histórica de Zapatero y con el proyecto de ley de memoria democrática de Sánchez.
La ARMH no localiza las fosas donde pudieran estar enterradas las víctimas de la guerra civil. Solo se dedica a la exaltación de un bando y a las víctimas republicanas. Tampoco distingue entre esas denominadas “víctimas”. Algunas de ellas fueron en efecto víctimas de injustas ejecuciones pero otras muchas fueron victimarios.
Ahora, en nombre de las leyes de memoria histórica, la ARMH quiere expulsar a la comunidad benedictina del Valle, y lo exige con carácter urgente:
“Urge tomar las riendas de ese lugar e iniciar con urgencia una intervención democrática en él.”
Urge pues que nos movilicemos para impedir este nuevo ataque a la libertad religiosa.
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El artículo 55.5 del proyecto de nueva ley de memoria de Sánchez, denominada “de memoria democrática”, dictamina claramente la intención del Gobierno de acabar con el Valle:
“Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales.»
El Gobierno no ha concretado la forma en que pretende echar a los benedictinos de su basílica, ni lo que pretende hacer con el templo y la Cruz, así que todavía estamos a tiempo para reaccionar.
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