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COLOMBIA: Píldoras para un buen gobierno (002): Combate integral contra el narcotráfico

Es necesario gobierno con voluntad política para adoptar las drásticas decisiones que la magnitud del problema imponen.

Después de un forzoso receso ocasionado por el virus chino, reanudamos esta serie que nos hemos propuesto escribir sobre los grandes problemas del país que debieran ser atendidos prioritariamente por el próximo gobierno.

Nos referimos en la píldora 001 a la abolición del  abominable acuerdo de La Habana, generador de la caótica situación que atraviesa el país en todos los órdenes. Pasemos ahora al tema del narcotráfico, que nos ha convertido en un narco-estado y afecta seriamente la seguridad, la economía y la moralidad pública.

Sobre el particular, proponemos que pasemos  del diagnóstico a la acción, mediante la utilización de todo el poder del Estado en todos los frentes:

1.- Fortalecer la inteligencia militar y de la Policía para detectar los “capos” de la droga, sus rutas de aprovisionamiento y distribución y sus estructuras logísticas.

2.- Para combatir la gran Trasnacional del Crimen, responsable del multimillonario negocio de los estupefacientes a nivel global, Colombia debe impulsar la conformación de una “Gran Trasnacional contra la Droga”, con la participación de los gobiernos demócratas que quieran sumarse a la causa. Uniremos con ellos nuestros recursos y esfuerzos para la vigilancia de fronteras; interdicción de rutas aéreas y marítimas; intercambio de información de inteligencia; colaboración en la captura y extradición de narcotraficantes; y,  control de precursores químicos y de lavado de activos.

3.- Eliminar los ilícitos cultivos mediante la fumigación aérea con glifosato en todo el territorio nacional donde se encuentren. No pueden existir santuarios  donde se permita esta conducta delictiva bajo ningún pretexto.

4.- Los campamentos, laboratorios y depósitos de precursores, pasta de coca y producto terminado deben ser bombardeados.

5.- Se elaborará un “Estatuto de lucha contra el narcotráfico” que clasificará  como de alta peligrosidad a todos los autores, cómplices y auxiliadores de estas conductas delictivas; se considerará al narcotráfico como crimen de lesa humanidad, y, por lo tanto, no prescribirá la acción penal;  se extraditará en forma breve y sumaria a todo el que sea solicitado por autoridades extranjeras; se adoptará un proceso ágil para la investigación y juzgamiento de los delitos relacionados con la droga; se condenará a los responsables a pena de prisión hasta por 60 años sin derecho a detención domiciliaria ni a subrogados penales; se aplicarán penas rigurosas a los que oculten o protejan a los narcotraficantes o se opongan a su persecución y captura, por cualquier medio; además, se declarará la extinción de dominio de sus bienes mediante un proceso de corta duración, para lo cual se modificará la ley vigente, y se sancionará drásticamente el enriquecimiento ilícito que provenga directa o indirectamente del narcotráfico.

6.- Se equiparán las Fuerzas Militares y de Policía, con modernas aeronaves, equipos de comunicaciones y flota para control de costas y ríos navegables.

7.- Se dará la mayor prioridad a la lucha contra la Droga reiniciando las sesiones semanales del Consejo Nacional de Estupefacientes con la presencia de los Ministros, Comandantes militares y de la Policía, y Fiscalía General  de la Nación.

8.-  Se eliminarán las “ollas” del micro-tráfico, para lo cual se prohibirá el porte y consumo de alucinógenos en espacios públicos, cualquiera sea su cantidad; se judicializará a todo el que se dedique al transporte, depósito de alucinógenos o expendio por mayor o al detal; y, se ordenará a alcaldes combatir el micro-tráfico, so pena de ser separados de su cargo para militarizar las alcaldías que no cumplan con su deber.

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9.- Se suprimirán todos los subsidios decretados para los cultivadores de coca. En su lugar, todo el que abandone el cultivo ilícito será vinculado a una empresa comunitaria dedicada a la sustitución de cultivos organizada y financiada por el Estado y recibirá una parcela en comodato. Pasados 5 años, si cumple con los requisitos que establezca la ley se convertirá en propietario y podrá formar parte de cooperativas de producción agroindustriales. Transformaremos el mar de coca en el futuro del campesinado colombiano.

10. Fumigada un área y destruidos los cultivos ilícitos, el Estado se encargará de la construcción de vías de penetración, escuelas, acueductos, suministro de energía y sistemas de riego para convertir estas áreas en polos de desarrollo agroindustrial.

11.- Diseñar un plan técnico y eficaz para el control del lavado de activos que realizan los narcotraficantes a través del mercado negro de dívisas, el contrabando de mercancías y las criptomonedas. Mientras estas actividades no sean reguladas y controladas rigurosamente por el Estado, los narcotraficantes seguirán actuando a sus anchas con la complicidad estatal. Las violaciones a estas regulaciones deben ser castigas con cárcel y confiscación de activos.

12.- Reforma a la Justicia. Con un sistema de Justicia signado por el sesgo político del marxismo, proclive a la protección del narcotráfico y de las guerrillas narcoterroristas, no será posible eliminar el  ominoso tráfico de estupefacientes. Simultáneamente con las medidas propuestas, debemos emprender la reforma judicial para eliminar el origen político de las Cortes, suprimir la dictadura judicial, erradicar la corrupción del “cartel de la toga”, implantar un sistema imparcial para la investigación y el juzgamiento de magistrados y jueces, y exigir idoneidad a los operadores judiciales.

Parece una ímproba tarea, pero solo requiere dos condiciones. Un gobierno con voluntad política para adoptar las drásticas decisiones que la magnitud del problema imponen, y que elijamos un Congreso que en su mayoría no pertenezca a las corruptas clases políticas o a los movimientos de izquierda que defienden el acuerdo de La Habana y el negocio de la droga. ¿Será mucho pedir que hagas algo por tu Patria, estimado compatriota?

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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