En un hecho sin precedentes en Colombia, ha sido condenado el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su escandalosa y criminal participación en el llamado Cartel de la Toga. Aunque la Fiscalía pidió una condena ejemplar de 25 años de prisión, el juez que dictó la sentencia lo condenó a 19 años, que deberá cumplir sin beneficio alguno de casa por cárcel. 

          Los hechos son ampliamente conocidos en Colombia y en el mundo. En una situación inverosímil, pero cierta, algunos magistrados de esa Corte, en un franco concierto para delinquir, se aliaron con altos funcionarios de la Fiscalía, con los funcionarios públicos procesados y con sus abogados defensores, para crear el más complejo entramado de corrupción de que se tenga noticia en la historia del País.

          A través de esa empresa criminal que venía funcionando desde hace al menos diez años, algunos congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios de las más importantes entidades del Estado, aliados con algunos empresarios privados igualmente corruptos, desfalcaron los dineros de la nación en cantidades enormes.

Los negocios del Cartel de la Toga

          Una vez que se robaban los dineros públicos a la vista de todo el mundo, e iniciadas las investigaciones por parte de los organismos de control y administración de justicia, los pillos implicados se contactaban con los magistrados, jueces y fiscales del  Cartel de la Toga, para negociar su absolución a cambio de altísimas sumas de dinero. Según se desprende de las investigaciones, las sumas exigidas a los procesados por este Cartel llegaron a ser de hasta veinte mil millones de pesos (en su momento, unos diez millones de dólares), con lo cual se les garantizaba la más absoluta impunidad.

          Así las cosas, los integrantes de este monstruo de corrupción encontraron la forma de ocultar sus crímenes, escapar de la justicia y disfrutar de las enormes cantidades de dinero robadas al erario público. Pero, para fortuna de la gente honrada, que es la inmensa mayoría de los colombianos, esa telaraña de podredumbre salió a la luz pública y ahora los culpables comienzan a ser castigados como corresponde.

          ¡Este es sin duda un gran triunfo de la justicia! Los colombianos vemos horrorizados cómo en los últimos años una élite corrupta se apoderó del gobierno, de la política, de la educación, de la salud, de las obras públicas, y de casi todas las instituciones del Estado, para convertirlas en botín de la corrupción.

          Estos hechos nos obligan a felicitar muy sinceramente al Fiscal Francisco Barbosa, a los jueces y a los funcionarios que han administrado justicia, pues de esta forma le dan a Colombia un claro y contundente  mensaje. ¡Por fin, se ven algunos resultados en contra de la impunidad rampante que rodeaba estos hechos!

          Sin embargo, no podemos quedarnos apenas allí. Hay que recordar que el Cartel de la Toga no estaba conformado apenas por el ex magistrado Ricaurte. Hay otros dos ex presidentes de la Corte que están siendo juzgados por los mismos hechos y sus procesos avanzan poco. Ellos son Leónidas Bustos, prófugo en Canadá,  acusado de ser el jefe de la organización criminal, y Camilo Tarquino, también procesado. Y está el ex magistrado Gustavo Malo, quien fue destituido, encarcelado y está siendo juzgado. Todos ellos deben responder por haber vendido sus sentencias a cambio de sumas millonarias, por haber politizado las decisiones de la Corte, por haberse asociado con los políticos más corruptos del País, por haberlos declarado inocentes de sus crímenes, y por permitir que se robaran el presupuesto de la Nación.

Es necesario continuar las investigaciones

          Entre estos hechos de corrupción están también los millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht, que por medio de algunos congresistas y empresarios  llegaron en el 2014 a la campaña presidencial del ex presidente Santos. Y otros, que fueron girados a funcionarios del gobierno Santos para conseguir los más grandes contratos de obras públicas, como la Ruta del Sol y la autopista Ocaña-Gamarra, que involucran gravemente a dos ex ministras de Santos, Gina Parody y Cecilia Álvarez, que también están prófugas.

          Muchos funcionarios públicos sencillamente se dedicaban a expoliar el presupuesto público y después acudían al Cartel de la Toga para comprar su absolución. La captura del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y sus nexos con el fiscal anti corrupción, Luis Gustavo Moreno, ambos también condenados, fue lo que puso en evidencia esta red de corrupción que ahora comienza a ser desmantelada por la justicia.

          En este carrusel de corrupción no podemos pasar por alto los desmanes administrativos del hoy senador  Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, sobre todo por los millonarios contratos de la recolección de basura, que deberían inhabilitarlo para ejercer su actual cargo, y más aún, para aspirar de nuevo a la presidencia de la república. Y también, cuando recibió enormes cantidades de dinero en bolsas plásticas, lo cual fue grabado por el cómplice que le entregó el dinero, asunto que fue divulgado ampliamente por las redes sociales.

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Alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, en la mira de la Fiscalía

          Y está también la situación de los actuales alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, quienes aprovecharon la crisis generada por la pandemia para firmar todo tipo de contratos, en los cuales fueron favorecidos sus amigos políticos o sus parientes cercanos. Además, el de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene decenas de procesos en la Fiscalía, que vienen de su primer paso por la alcaldía (2008 a 2011), y que misteriosamente ninguno de ellos avanza.

          Entonces, Señor Fiscal General de la Nación, es verdad que algo está comenzando a cambiar gracias a sus investigaciones, pero también debemos decirle al oído, con mucho respeto pero con firmeza, que esto no puede concluir aquí. El País necesita que la justicia recupere el sitial de honor que alguna vez tuvo y es fundamental que todos los corruptos reciban el castigo merecido. De lo contrario, Colombia continuará sumergiéndose en un pantano de caos e incertidumbre, del cual con certeza no podrá salir en muchas décadas, con las consecuencias que esto tendrá para el futuro de 50 millones de compatriotas.

          Esa es precisamente la apuesta política de la extrema izquierda, en todas sus modalidades, que pretenden convertirse en los adalides de la moralidad, cuando sus máximas figuras políticas son los más grandes corruptos.

Por: Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

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