El 30 de Diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.610 denominada eufemísticamente de “interrupción voluntaria del embarazo”, estableciendo la regulación de un supuesto “derecho al aborto” e imponiendo como “de orden público” la práctica del mismo a todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el primer momento esta ley inicua e injusta ha sido motivo de numerosos planteos judiciales que se encuentran en trámite ante tribunales en distintas provincias así como pedidos de derogación inmediata.
Los decanos abajo firmantes, en este nuevo recordatorio del “Día del Niño por Nacer” – que vivimos con gran dolor frente a este manifiesto agravio a la cultura de la vida – queremos expresar nuestro total apoyo a tales iniciativas.
Desde mucho antes de la sanción de esta norma, pero especialmente el 20 de Noviembre de 2020, hemos señalado que el proyecto de ley – ahora sancionado – no superaba el mínimo test de constitucionalidad, convencionalidad y congruencia legislativa dentro del derecho común.
Y frente a la concreción de este agravio al orden jurídico constitucional, por todos los fundamentos que hemos aportado al debate legislativo – que nunca fueron refutados más que con argumentaciones ideológicas – queremos reiterar nuestro compromiso con la cultura de la vida exigiendo que el orden jurídico proteja al ser humano desde su concepción y hasta la muerte natural.
Y ratificar este compromiso desde nuestras Facultades, las cátedras, los tribunales, los medios de comunicación y las redes sociales, en ejercicio de las libertades fundamentales, trabajando incansablemente con fidelidad y confianza por el sagrado derecho a la vida; de toda vida humana.
De allí, entonces, que solo cabe tener mucho ánimo y confiar – por una parte – en que sus graves y manifiestas incompatibilidades con nuestro orden constitucional harán que esta ley resulte de aplicación inviable a partir de la decisión de los tribunales.
Y que si la respuesta es la arbitrariedad frente a la letra de la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, siempre quedará entonces dar testimonio de la Verdad frente a la ley injusta y continuar dando el debate – con la Constitución en la mano – por la derogación de la misma. Debate no resuelto acerca de cuál es el contenido y alcance del orden jurídico constitucional argentino vigente en materia del derecho a la vida del niño por nacer, de la tutela acerca de la libertad de conciencia, de los derechos de las Provincias en materia de salud y educación y de la inviabilidad de pretender imponer normas como esta con carácter de “orden público”.
Como lo hemos señalado, no se trata de razones religiosas, morales, ni de convicciones personales. Ellas existen, tienen una fuerte e inocultable presencia en nuestra sociedad y, sin duda, seguirán presentes en este debate inconcluso más allá de la sanción de la ley 27.610. Pero en nuestro caso, como Facultades de Derecho, queremos situar los argumentos en el plano del orden jurídico vigente desde el cual podemos y debemos efectuar nuestro aporte al servicio del bien común.
Se trata del derecho objetivo a la vida del niño y de la madre y su efectiva tutela constitucional y convencional y de impedir el avasallamiento de nuestro orden jurídico federal junto con la eliminación de miles de seres humanos. Se trata de promover siempre la cultura de la vida, comenzando por la del niño por nacer.
25 de marzo de 2021
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