Podemos decir que en síntesis, hay tres formas de gobierno, en general buenas: monarquía, aristocracia y democracia; y tres formas corruptas del poder: tiranía, oligarquía y demagogia.

Es evidente que cuando planteamos la disyuntiva monarquía o república, estamos planteando la disyuntiva monarquía tradicional, o república parlamentaria, siendo necesario realizar dichas precisiones pues hoy la monarquía viene referida a una forma de jefatura del Estado, y la república a una doctrina política.

En la actualidad se han pervertido ambos conceptos, así cuando algunos defendemos la monarquía como algo diferente a una simple jefatura de estado, se nos moteja de autocráticos, cuando no de dictatoriales, y cuando algunos defienden la república como forma de gobierno se asocia dicha forma de gobierno con la democracia, con el poder del pueblo, sin embargo como aquí se demostrará la monarquía tradicional es más democrática que las repúblicas, y estas a su vez son más tiranas que cualquier monarquía conocida hasta la fecha.

En este punto se hace necesario precisar que además la palabra república no es unívoca, pues podemos entender la república como doctrina política, y la república como una noción histórica del ejercicio del gobierno y el poder, sin que esta segunda acepción llame a un régimen concreto (monarquía, aristocracia y democracia), siendo necesario destacar que como doctrina la República excluye la concepción orgánica con la que anteriormente se concebía la organización social, sin embargo como noción histórica la república fue afirmada en la Edad Media fundamentándose en las libertades municipales y corporativos, fundamentándose en el derecho legítimo del hombre a  vivir conforme con la  razón moral identificada en el ideal cristiano de esa época. Precisamente la monarquía se establece y desarrolla para defender esas libertades frente despotismo de algunos señores feudales, pues la monarquía tradicional caracterizada por la unidad de mando (en la persona del rey) y por la selección de los que le rodean y asesoran (Consejo Real, Cortes, órganos representativos …) tiene por objetivo procurar el bien común.

Sí a falta de una expresión más apropiada, hemos de utilizar la palabra «democracia», la monarquía es de esta manera el único régimen estructuralmente democrático conocido en la historia. Y decimos «democrático», porque sólo la unidad de la soberanía, a medida que la monarquía se consolida, logra el equilibrio de las clases, sin predominio de unas sobre otras.

El pensador Frances Fustel de Coulanges ya sostuvo que la «república» sólo era compatible con la «aristocracia», mientras que la «democracia» sólo acomoda verdaderamente con la «Monarquía». El historiador refiere que fue Grecia la que introdujo el gobierno republicano en el mundo, y fue precisamente su clase aristocrática la que la introdujo. Más tarde en Roma es la aristocracia la que derroca a los reyes, sustituyéndolo por un Senado con poder de decisión y magistrados que ejecutaban las decisiones del Senado. Tanto en Grecia como en Roma, la aristocracia, fundanda la república, pronto tuvo cuidado de alejar a la multitud de las funciones de dirección.  Más tarde, en el momento en que la república sucumbe, la forma de gobierno es reemplazada en Grecia por los clásicos «tiranos» y en Roma por el César que abre las puertas al Imperio. ¿Qué es el Imperio sino un mandato ejercido en nombre del pueblo romano?

Es decir, Fustel de Coulanges toma la «aristocracia» como sinónimo de «oligarquía». De hecho, las aristocracias representaban para Fustel la supremacía de una clase, la dictadura abusiva de una casta, esa es la lección que nos da la Grecia áurea en la que la república descansando en la esclavitud.

Desde entonces, y hasta la instauración de las monarquías medievales, el número de ciudadanos que tomaron parte del gobierno se tradujo en una minoría insignificante, siendo principalmente destinados a trabajar para otros bajo leyes opresivas y humillantes. Los tiranos surgieron, y Fustel los caracteriza como «representantes del pueblo contra la aristocracia». Este es el caso de Roma cuando la República colapsa. César es aupado por los plebeyos, aunque en Roma – nos enseña Paul Guiraud- la realeza era amada por la plebe y amada por los patricios, sin embargo su caída fue llorada por la multitud, que desde entonces mostró una marcada tendencia hacia el dominio de un uno.

La antigua realeza encarnaba fundamentalmente el tipo patriarcal de la sociedad, produciéndose un significativo avance en las monarquías medievales al incorporar la familia como elemento legitimador, a la par que el cristianismo fertilizaría, a través de la ley moral, el concepto de monarquía.  

Efectivamente, la cristianización de la institución monárquica determina que el poder supremo quede residenciado en el rey, pero no como persona individual, sino como cabeza de la familia real, y como máximo símbolo de una sociedad estructurada y jerarquizada en familias. Igualmente, la conciencia cristiana va imponiendo límites al poder, impidiendo que los reyes se convirtieran en tiranos a la manera clásica, es decir, se establece una monarquía limitada, que con el avance de los siglos se corrompe convirtiéndose en una monarquía absoluta como paso previo al parlamentarismo absolutista y tirano que actualmente padecemos.  

Lo propio de la monarquía tradicional es precisamente su poder limitado tanto por las organizaciones intermedias que encarnan el principio de subsidiariedad (corporaciones locales, gremios …) como por los fueros (verdaderas cartas de derechos civiles), al igual que su función mediadora o de dirección, pues tras la caída de Roma y la desaparición del estado, los pueblos del Norte tratan de reconstruir el orden a través de la relación recíproca de protección y fidelidad, que degenerará en el feudalismo que irá declinado ante una la monarquía que en ese momento tiene por misión subsanar la desorganización en la que la comunidad estaba cayendo de nuevo, ahora no por la ausencia del Estado, sino por la dispersión de la soberanía.

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El ejercicio mediador de poder por parte de la monarquía tradicional se percibe en el control de los excesivos privilegios de los señores feudales, pero ese control, ese freno al expansionismo de los privilegios feudales, dificultaba que la monarquía gozara con apoyos firmes, dado los reyes ya no podían contar con la colaboración sumisa de esos mismos señores feudales.  ¿Dónde encuentra la realeza esos apoyos seguros? Los encuentra en los municipios y en las Corporaciones, que luchan por la conquista de sus franquicias, sus exenciones, sus libertades. La autoridad real, en un pulso multisecular, defendió por su propio interés el equilibrio social frente a la preponderancia exagerada de unos grupos sociales frente a los demás, atrayendo a los señores feudales a la participación en el poder, transformando la aristocracia en nobleza, y convirtiéndola de competidora en colaboradora, alejando de esa manera la monarquía del gobierno de uno solo, y alejándola del riesgo de conversión en tiranía (poder mixto en la teoría tomista del poder).

Las luchas de la aristocracia contra la realeza están ampliamente documentadas, y en ese ejercicio del poder de la aristocracia feudal contra la unidad de la nación (la unidad de la soberanía), la aristocracia de antaño desempeñó el mismo papel que juegan los partidos políticos de hoy. Los hidalgos ayer, deseosos de mantener sus jurisdicciones privadas, los políticos de hoy, cada vez más deseosos de absorber en su propio beneficio la dirección de los asuntos públicos, suponen un claro ataque al bien común y a las clases populares. La naturaleza oligárquica de las democracias modernas ha sido pues claramente demostrada.

Ya Georges Sorel, el notable teórico del sindicalismo francés, caracterizó la democracia como un gobierno de clase contra las otras clases. De las enseñanzas de Georges Sorel deriva una de las corrientes positivas más curiosas del pensamiento contemporáneo. Una vez que la incapacidad orgánica de los sistemas democráticos para resolver el problema social se establece por su condición simultáneamente plutocrática y parlamentaria, al proletariado sólo le queda la Revolución o el Rey.

La disolución general del estado democrático está asociada a la descomposición de los partidos políticos, especialmente los partidos liberales,  por su imposibilidad innata de resolver los problemas dominantes en la economía actual, al no comprender cuál es el papel del estado. A esta causa de crisis profunda se unen otras, especialmente en lo que respecta a la falta de continuidad y previsión, visceralmente incompatibles con todo el régimen electivo de procedencia.   ¿Y por qué es eso?  Porque a la unidad nacional se sobrepone la conveniencia de los partidos y la satisfacción de sus partidarios. La integridad de la patria carece de quienes la sirva e interprete.  Sólo una dinastía con ella puede identificarse, porque sólo una dinastía lleva a cabo por herencia la coincidencia de su interés con el interés colectivo de los gobernados.

El predominio disuelto de las partes sobre las legítimas aspiraciones de la comunidad, eso identifica a las viejas élites, con las actuales élites partitocráticas. Frente al expansionismo de las clases privilegiadas contra la armonía social, antes se encontraba la monarquía debido a que los reyes intervinieron, ejerciendo su poder arbitral, lograron solucionar los disensos que amenazaban la existencia del bien común, y ahora frente a las élites partidistas no hay contrapoder alguno que ejerza de árbitro.

Es necesario recordar que los partidos políticos ni siquiera son órganos del Estado, porque no son más que elementos parasitarios que permanecen a expensas de la corrupción y el favoritismo. El poder, cuando lo alcanzan, es secuestrado para su beneficio exclusivo, como si fuera conquistado. A través de los miles de tentáculos de la burocracia opresiva, los vemos imponerse de forma descarada frente a la comunidad esclava. Dado que el régimen de los partidos impone un orden social artificial, contrario a la constitución natural de los pueblos, para mantener su poder tienen que gastar todos los recursos económicos en mantener una administración parasitaria. En este sentido la historia nos recuerda que la constitución de un pueblo está inscrita en su historia, es más consuetudinaria que teórica, y está profundamente apegada a la realidad natural de la sociedad, por lo que el poder político inspirado en la monarquía se limitaba a reconocer dicha constitución natural, fundándose en las relaciones de sangre (familia), sociabilidad (municipios) e intereses (profesión). Esta situación comenzó a cambiar cuando los juristas exhumaron de la antigua Roma las normas de una ley ya cadavérica, comenzándose el periodo revolucionario, del que la Revolución Francesa no es más que un capítulo. El absolutismo de los reyes pervirtió la noción cristiana de autoridad con la idea naturalista del Poder y su excesivo centralismo, incluso despótico. Por primera vez este centralismo es empleado por los príncipes contra sus súbditos cuando la rebelión de Lutero rompe la unidad moral de Europa «Cujus regio, ejus religio», triunfando el absolutismo de forma clara ya desde el siglo XVIII.  »En la monarquía absoluta – escribe Amédée Presagie – , el monarca reúne en sí mismo todos los poderes … ; él hace la ley, pero la ley promulgada por él le obliga tanto como a sus súbditos.» No es más que una mejora ilusoria del poder real lo que el absolutismo le confiere. Destruyendo todos los organismos intermedios, el absolutismo deja sólo al Estado en presencia del individuo, ya despojado de la fina red de asociaciones domésticas y económicas. Es el concepto romano del poder lo que resucita por completo. Y el día que el soberano es derrocado por un viento revolucionario, la posesión del país por parte de los liberticidas se convierte en misión fácil, pues gracias a la excesiva estatalidad que pretendió aumentar el prestigio dinástico, la monarquía encuentra su muerte.

Ya se entiende cómo el estado absolutista del siglo XVIII precede lógicamente al estado metafísico y todopoderoso de las democracias modernas. Este estado es el estado napoleónico basado no en la noción histórica de autoridad, derivado de la Familia, el Municipio y la Corporación, sino en el simple concepto materialista de fuerza y dominio. Por eso, deshechos los órganos naturales de la sociedad, sólo por la burocracia y la centralización del estado el nuevo régimen se puede defender de la fragilidad de sus principios.

De esta manera, sólo la Monarquía, restaurada en su verdadera esencia, puede restaurar las antiguas libertades municipales y corporativas, que constituían la verdadera estructura democrática. Con las falsas democracias parlamentarias, la doctrina y la constitución legal impedirán la descentralización del poder, y es precisamente en las repúblicas donde el despotismo administrativo se vuelve cada vez más marcado.

Cuando los carlistas proclamaban  “Fueros y Rey”, enunciaban de forma clara sus reivindicaciones: el doble poder concentrador y descentralización de la Monarquía. Confunde el absolutismo las funciones de dirección,  con las funciones administrativas. Exigiendo para el Rey el ejercicio independiente del poder judicial supremo, la verdadera Monarquía está limitada sin embargo por el federalismo económico y municipalista.  «El Rey gobierna, pero no administra» esta es la fórmula política correcta.

Por todo ello la palabra república tiene un sentido permisible, y que se puede conservar incluso después del restablecimiento de la Monarquía, pues se puede conservar con aquel significado antiguo que designó  todo el negocio púbico. Sin embargo, la democracia parlamentaria debe ser prohibida como sinónimo de degeneración y expresión de desorganización.

Si las falsas ideologías del liberalismo no hubieran corrompido el sentido político de nuestras instituciones, las mismas no se habrían desviado de lo que formó su arraigado «medio vital». Es este «medio vital» el que tenemos que devolver. La Edad Media a veces sacrificaba la unidad por la libertad. Más opresivos y menos profundos los tiempos modernos han sacrificado la libertad a la unidad. Es necesario conseguir el consorcio adecuado de dos tendencias antagónicas «Autoridad y competencia en lo alto, libertad y supervisión en la base” y solo la monarquía reconcilia la unidad con la libertad, la concentración con la descentralización.

Este texto es una interpretación libre redactada sobre el texto «Monarquia e república» del autor portugués don António Sardinha, y publicado en su obra «Ao princípio era o Verbo»

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