Nos hablan las estadísticas de que el recaudo tributario, como consecuencia de la recesión económica más grande de nuestra historia, ha descendido a un 12,5% del PIB, mientras que el gasto público, que estaba en el 19% del PIB ya ha llegado al 24% del PIB, produciendo un alarmante déficit fiscal. 

Tampoco estaba Colombia preparada para asumir los gastos derivados de la pandemia ni el impacto que se derivaría de los cierres reiterados de la actividad económica, por lo cual se apeló a aumentar la deuda pública, que ya la administración Santos había duplicado para atender su política de incontinencia y derroche.

Se pretende ahora superar esta crisis con la recurrente fórmula de una nueva reforma tributaria para arbitrar los recursos faltantes mediante la vía de mayores impuestos a las personas naturales y a las empresas. Con el ingrediente adicional de ampliar el gasto social para subsidiar a las clases más vulnerables, cuyo costo deberá ser financiado por los contribuyentes.

Discrepamos de esta opción, que conduce necesariamente a profundizar la recesión, a incrementar el desempleo y a seguir ascendiendo por la espinosa espiral del endeudamiento.  Nuestra propuesta para un buen gobierno indica:

PRIMERO.- Reducir drásticamente el gasto público, disminuyendo el tamaño y el costo del Estado en todas las ramas del poder: Eliminar y fusionar entidades; suprimir programas no prioritarios; adelantar estudios de reingeniería para alcanzar la eficiencia con menos burocracia; sistematizar la mayor parte de las operaciones; derogar numerosas leyes que establecen cargas al fisco no indispensables para los fines del Estado; y, prohibir vehículos de representación, gastos publicitarios, remodelaciones locativas y de mobiliario, gastos de representación, eventos sociales, asesorías de imagen y demás gastos superfluos. El presupuesto de muchas entidades no se compadece con el resultado que arrojan y se debe ajustar a la relación costo/beneficio.

SEGUNDO.– Vender las empresas y participaciones del Estado que no se requieran para el cumplimiento de sus objetivos prioritarios. Igualmente, los bienes confiscados al crimen que se encuentran en Poder de la SAE deben ser enajenados como lo permite la Ley 1849 de 2017.

TERCERO.- Disminuir el costo de atención de la deuda en los próximos 4 años, mediante la negociación con acreedores para ampliar plazos, y rebajar el costo de intereses a través de abonos y pagos de los créditos más gravosos, para lo cual se utilizará el producto de la venta de activos y una parte de las reservas del Banco de la República.

CUARTO.- Plan de choque contra la corrupción en todas las entidades, dirigido por la Presidencia de la República, con la colaboración de la Contraloría General, Fiscalía General y Procuraduría General, para perseguir la corrupción que le cuesta cerca de 50 billones anuales al fisco nacional. Se establecerá una unidad jurídica especializada para lograr el reintegro de las sumas defraudadas por actuaciones no prescritas.

QUINTO.- Actualización y digitalización de los controles de la Dian para evitar la evasión y la elusión de impuestos y perseguir las sumas escamoteadas hasta la fecha.

SEXTO.- El crecimiento económico es la mejor forma para aumentar el recaudo.  Convirtamos a Colombia en una gran potencia económica, para lo cual habrá que tener en cuenta:

1. Reactivar la producción nacional con beneficios tributarios a las empresas, ligados a la generación de empleos formales;
2. Fomentar las exportaciones con una tasa monetaria competitiva, y protección a nuestros productos con acuerdos compensatorios;
3. Abolir el acuerdo de La Habana , cuyo costo estimado es de 129 billones de pesos, y destinar esa suma a recatar las empresas quebradas durante la pandemia, a créditos de fomento para nuevas empresas, a la construcción de grandes zonas industriales alrededor de nuestros puertos marítimos y al fomento de la agroindustria para desarrollar el campo colombiano;
4. Brindar seguridad a las personas y sus patrimonios, con una legislación que castigue el delito, una fuerza pública motivada y bien equipada, una administración de Justicia renovada a través de una profunda reforma y el ejercicio riguroso de la autoridad  dentro del orden democrático;
5. Modernización de la educación para formar buenos ciudadanos, competitivos en el mundo laboral, con valores éticos y no con la formación en ideas ateas o comunistas;
6. El Estado proporcionará los servicios, vías e infraestructura a los polos de desarrollo industrial y sistemas de riego en las zonas rurales, en lugar de invertir en obras que no contribuyen al desarrollo; 
7. Flexibilizar la legislación laboral, permitiendo la contratación por horas, el contrato de aprendizaje hasta por 2 años para los menores de 30 años, la reducción de los gastos parafiscales para pequeñas empresas en período de incubación, la modificación de los gastos de despido para incentivar la vinculación de nuevos trabajadores, el salario mínimo diferencial según las regiones, entre otras medidas; 
8. Rebajar la tasa del IVA para productos de fabricación nacional y para insumos agropecuarios;
9. Protección efectiva a la propiedad privada amenazada por torpes leyes que amenazan con la restitución de bienes hasta el 2031; y,
10. Erradicación del narcotráfico que genera violencia y desestabiliza toda la economía. Convertir la tierra expropiada a los narcos en polos de desarrollo agropecuario generando empleo para los antiguos cultivadores de coca. 

SEPTIMO.- El mejor programa social es la generación de empleo. Hacia ese objetivo debe orientar el Estado los ahorros obtenidos con la reducción en los gastos de funcionamiento.

1. Iniciar un gigantesco plan para la ejecución de pequeñas obras en todos los municipios y sus veredas, tales como caminos, puentes, acueductos, alcantarillados, reparación de escuelas, arborización, etc. Cada obra se financiará en forma tripartita por la Nación, el Departamento y el Municipio. La Nación puede invertir 20 billones de pesos que tiene en el FOME y las regalías no utilizadas.
2. Promocionar la construcción de vivienda social en todas las poblaciones, mediante crédito a constructores y ayuda a los beneficiarios.
3.  Acometer grandes obras de infraestructura que jalonen el desarrollo: recuperación del sistema ferroviario, modernización de puertos, vías que unan los puertos con los polos de desarrollo agroindustrial y los grandes centros de consumo.
4.   Cambiar la destinación de una gran proporción de los gastos de funcionamiento por inversión en infraestructura para el desarrollo y obras de interés social.

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