La nueva Reforma Tributaria parece ser el toque de finados del actual gobierno. Aunque su texto definitivo aún no se conoce, lo poco que se ha anunciado es que será una verdadera cascada de impuestos para las empresas, para los pensionados, para los pobres y para los ricos. O sea, una verdadera calamidad, que sumada a la actual pandemia, nos conducirá hacia la destrucción de las fuentes de empleo y al empobrecimiento de los colombianos.

          No es razonable que el Presidente Duque, que fue elegido prometiendo disminuir los asfixiantes impuestos que pagamos los colombianos, en sus primeros tres años de gobierno ha hecho dos reformas tributarias, y ahora presenta una tercera. Esas reformas han recibido unos nombres ridículos, que nada tienen que ver con su finalidad. El Gobierno, fiel al principio demagógico de no decir la verdad, bautizó a la primera de ellas “ley de crecimiento económico”, y a la actual, “ley de financiamiento”, para ocultar su único propósito, que es aumentar los impuestos para satisfacer la voracidad sin límites del Estado.  

          Esta trampa pedagógica es ampliamente utilizada por la izquierda, que con sus definiciones confusas diluye el efecto que producen sus perversas iniciativas. Es así como al secuestro le llaman “retención”, al terrorismo urbano le dicen “protesta social”, a la claudicación ante el crimen le llaman “paz”, a la impunidad la llaman “diálogo” y a la corrupción le dicen “mermelada”.

          Hay que preguntarse si los nuevos impuestos van a mejorar o empeorar las condiciones de vida de los colombianos. Con más impuestos, millones de personas perderán su calidad de vida, muchas empresas tendrán que disminuir o cerrar sus operaciones, y quienes tengan recursos para crear nuevos emprendimientos, preferirán invertir su dinero en otros países.

El socialismo destruye la economía

          Los demagogos, que consideran al socialismo como el ideal supremo, dicen que la actual crisis nos obliga a repartir los bienes y a que el Estado subsidie en todo a los necesitados. Esta retórica suena hermosa, solidaria y hasta es presentada como cristiana. Pero analizada con la objetividad de las ciencias económicas, es falsa y nos conduce irremediablemente al fracaso, pues multiplica la pobreza. Es lo que pasa cuando el Estado reparte lo que tiene y lo que no tiene, hasta que sus arcas se agotan, lo cual acontece bastante rápido.

          Si no existe una política de Estado que proteja, estimule y fomente el funcionamiento de la libre empresa, ésta sencillamente se acaba, y con ella desaparecerá en Colombia el 96% del empleo. Si colapsa esta colosal fuente de empleo y de riqueza, se derrumban el Estado y la economía. Entonces, impera la miseria, como ha pasado en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

          ¿Cuál es entonces la solución a este grave problema? Es claro que hay una solución correcta, pero los burócratas del Ministerio de Hacienda la ignoran. Afirman que se necesita aumentar el recaudo de impuestos en 25 billones de pesos anuales (US $ 7 mil millones), que es lo que esperan obtener con la Reforma Tributaria. Pues bien, el Sentido Común, que es el más sabio economista de todos los tiempos, podría hacerles respetuosamente algunas recomendaciones:

1.- Fortalecer al sector empresarial. La solución está en fortalecer el sector empresarial, que sabe crear empleo, sabe hacer crecer sus empresas y sabe comercializar sus productos. En vez de repartir subsidios a diestra y siniestra, que son pan para hoy y hambre para mañana, debería destinarse ese dinero para apalancar las empresas existentes, con la condición absoluta de generar empleos y crear nuevas empresas, en proporción al dinero prestado. Ese dinero no será regalado, sino que debe ser devuelto a largo plazo, con bajísimos intereses y con exenciones tributarias, de tal forma que las empresas crezcan y generen nuevas fuentes de negocios.

2.- Anular el Acuerdo con las FARC. El fallido Acuerdo de paz con las FARC, del cual no ha salido ni saldrá nada bueno para el País, costará la absurda suma de 125 billones de pesos (US $ 35 mil millones). Debería anularse, respetando el mandato del Plebiscito, y destinar ese presupuesto gigantesco para promover el desarrollo del País, fomentar las exportaciones y producir aquí las enormes cantidades de alimentos que ahora se importan. Tenemos tierra excelente y abundante para promover grandes desarrollos agroindustriales, pero el Estado solo protege los cultivos de coca, todos ellos en manos de grupos subversivos.  

3.- Confiscar la fortuna del narcotráfico. La inmensa fortuna del narcotráfico, incluida la de las FARC que aún no ha sido entregada, debería destinarse a enfrentar la crisis de la pandemia. Todas las  incautaciones de bienes que se han hecho durante décadas, incluyendo empresas, casas, lotes, bodegas y haciendas, la mayoría abandonadas, deberían venderse en una subasta pública internacional, de tal forma que el Estado recaude miles de millones de dólares. Esos bienes son una fuente inagotable de corrupción entre jueces, magistrados, administradores y mafiosos. Al venderlos y ponerlos a producir, van a generar ingresos al Estado y miles de empleos.

4.- Combatir la corrupción. La corrupción en el manejo de los recursos del Estado, según los especialistas, genera el robo de unos 50 billones de pesos cada año (US $ 14 mil millones). Entre los diferentes botines a disposición de los corruptos, está la contratación de las obras públicas, que siempre tienen sobrecostos, y las llamadas regalías, que es el impuesto a la minería extractiva (petróleo, gas, carbón, etc.). Estas últimas ascienden a 17 billones de pesos (US $ 5 mil millones) en este año, dinero que se reparte entre alcaldes, gobernadores y congresistas, que falsean proyectos de desarrollo regional que en realidad nunca se hacen, o se hacen a medias, pero el dinero se gasta. ¿Cuál es la labor del Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría contra estas mafias que desangran el presupuesto?

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5.- Acabar con el despilfarro del Estado. Es necesario acabar con el despilfarro de muchas entidades estatales y suprimir burocracias y organismos que no sirven para nada. Un ejemplo, entre muchos que se podrían citar, son las cerca de 10.000 camionetas de lujo, muchas de ellas blindadas, para uso de burócratas y personas que dicen estar amenazadas. Cada vehículo de esos tiene conductor, seguros, reparaciones, mantenimiento, combustible y escoltas pagados por el Estado. ¿Alguien sabe cuánto cuesta eso?

6.- Combatir el contrabando. Este flagelo de proporciones enormes, que no paga ningún impuesto, inunda las calles de todas las ciudades de Colombia, y es una competencia desleal que atenta contra el comercio legítimo. En vez de crear nuevos tributos para quienes trabajan dentro de la ley, es necesario acabar el contrabando, que constituye una fuente inmensa de evasión tributaria.

7.- Disminuir algunos impuestos aumenta el recaudo. Hay impuestos perversos que le hacen un gran daño al funcionamiento de la economía. Dos de ellos son el 4×1.000 a las transacciones financieras y el altísimo IVA del 19%. Los expertos afirman que si estos se reducen al 2×1.000 y al 12% respectivamente, la informalidad y la evasión se reducirán, con lo cual el recaudo sería mucho mayor.

          Como vemos, a causa de la pandemia se proponen soluciones equivocadas que son la ruina para Colombia. Aumentar los impuestos no es sensato y no soluciona los problemas que tenemos. Si el Estado implementara al menos algunas de las medidas aquí sugeridas, se resolverían muchos problemas y podríamos vivir mejor. Pero no es así, pues al parecer, lo que el Gobierno quiere es la miseria.

          Por: Eugenio Trujillo Villegas, Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

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