Cali lleva dos días sometida al terror y al salvajismo promovido por minorías extremistas y subversivas. Hemos presenciado escenas nunca vistas aquí, con unas turbas enardecidas incendiando y saqueando la alcaldía, sucursales bancarias, locales y centros comerciales, oficinas públicas y privadas, decenas de buses del transporte masivo y muchas de sus estaciones.

          El monumento emblemático del fundador de la ciudad fue derribado. Más que su valor material, indica el objetivo que se proponen las fuerzas articuladas en este proceso de demolición, que pretende destruir el actual orden social. Cientos de indígenas llegaron en autobuses desde el Cauca, y pasando todos los retenes de la Fuerza Pública entraron a Cali a las 05:00 AM del miércoles. Llegaron hasta el monumento de Belalcázar para destruirlo, aprovechando que no tenía vigilancia.

          Los daños a la ciudad son enormes y cuantificarlos tardará muchos días y repararlos llevará meses, tal vez años. Pero éste no es el problema más importante. Una sociedad impregnada de valores reconstruye lo que sea después de cualquier catástrofe. El verdadero problema es otro y paso a describirlo.

Una ciudad dominada por el terror

          Durante este ataque de locura dirigido y programado por la izquierda radical, la ciudad está a la deriva. Aquí no hay alcalde, ni autoridad, ni Policía, ni Ejército. Toda la destrucción y el vandalismo realizados fueron anunciados con varios días de anticipación por los promotores del paro. Y la destrucción realizada fue mucho mayor que la anunciada.  

          El terror se tomó la ciudad. Hordas de vándalos destruyeron todo lo que pudieron. Algunos ciudadanos armados defendieron sus negocios y sus viviendas, y pusieron en fuga a los asaltantes, pues la Policía no los protegió, o llegó tarde para hacerlo. El Ejército recibió la orden de no intervenir y de no salir a la calle. La Policía recibió la orden de no actuar, de no defenderse, de no usar las armas que tiene para proteger a los ciudadanos honestos. En medio del caos, el alcalde no apareció por ninguna parte, y ninguna autoridad de la ciudad comunicó cualquier directriz para proteger a la ciudadanía indefensa, impotente y aterrorizada.

          Debemos exigir drásticas sanciones a estas autoridades indolentes,  irresponsables y cómplices de estos hechos gravísimos, o ellos se repetirán hasta la saciedad, lo cual será el fin de Colombia. Cali no es la única ciudad en donde pasaron estos hechos aterradores, pues Bogotá y Medellín fueron objeto de las mismas actividades terroristas. Las tres ciudades más importantes de Colombia, ahora gobernadas por la izquierda, son el objetivo de la demolición vandálica que nos afecta.

          Ante el anuncio anticipado de los planes terroristas, no hubo absolutamente ninguna labor de prevención por parte de las autoridades. Solo no pasaron cosas más graves, porque en estas situaciones extremas los ciudadanos abandonados por el Estado se ven obligados a defenderse como pueden, haciendo uso de su derecho inalienable a la legítima defensa. Pero ninguna autoridad local previó que estas cosas iban a pasar, ni hizo nada para evitarlo.  

El gran responsable es el alcalde de Cali

          ¡Esto tiene un responsable!  Es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que no ha hecho absolutamente nada para defender la ciudad en una emergencia extrema como la que estamos viviendo, pues llevamos dos días en medio del caos.  

          Exigimos que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Las autoridades a quienes compete tomar decisiones, deben destituir a este alcalde incompetente y demagogo, envuelto en numerosos actos de corrupción, prácticas de mal gobierno y desangre de las arcas públicas, que son una vergüenza para la ciudad. Cuando fue necesario defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos honestos y trabajadores, omitió tomar decisiones, decidió no protegerlos, y dejar la ciudad a la deriva para que fuera destruida por hordas sin control. Quien las dirige y organiza son los senadores Petro, Bolívar y Cepeda, que envían sus directrices subversivas a través de los medios de comunicación, lo cual al Gobierno y a las autoridades les parece normal y muy democrático.

          Y ahora, el alcalde Ospina actúa como el lobo que abre las puertas a los terroristas para que destruyan la ciudad, para que arrasen con el progreso alcanzado por generaciones, que se han sacrificado para vivir en una ciudad mejor. Pero el marxismo cultural, aliado con organizaciones terroristas, quiere destruirla para implantar una quimera socialista que traerá hambre y miseria para todos. Como en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, que son los ejemplos a seguir.

          La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están en deuda con Cali y con toda Colombia, pues el País se desangra ante sus ojos y estas entidades no hacen absolutamente nada para evitarlo. Y claro, también del Presidente de la República, pues esperábamos que tuviera una mano firme para enfrentar esta debacle, pero dos días después de los hechos no ha abierto la boca, ni ha tomado medida alguna, ni parece preocupado por los hechos. Al menos, a los dos días de caos decidió enviar a Cali al Ministro de Defensa y a la cúpula militar, y es de esperar que resuelvan la situación con urgencia. 

          Si una sociedad se deja llevar al matadero por las personas elegidas para evitarlo, es que está muy enferma, y tal vez no merezca una suerte diferente. Eso depende de que todos los colombianos nos pongamos de pie, y enfrentemos la situación con valor y con heroísmo. De lo contrario, estamos perdidos, pues enfrentamos a una multinacional del crimen organizado, que nos quiere imponer la miseria y el comunismo, y lo logrará si no hacemos nada. Pero si luchamos por defender lo que nos ha dado progreso, cultura y civilización, sin duda que triunfaremos. Pero, sin hacer nada, y actuando con cobardía, no es posible enfrentar el peligro.

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          Convoquemos a la ciudadanía a exigir la destitución del alcalde y de su gabinete. Que sean reemplazados por personas capaces de defendernos de las amenazas marxistas que nos tienen al borde de la destrucción, y que tengan el coraje de enfrentar a los vándalos, a los demoledores del País, a los corruptos y a las minorías subversivas organizadas y articuladas para destruir la Sociedad. Es el clamor de casi tres millones de personas honestas, que quieren vivir en paz, que sostienen la ciudad con su trabajo y sus impuestos, y que además generan las fuentes de trabajo y de riqueza de la cual se benefician todos los habitantes de Cali.

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