Se conoce como “la quema de conventos” a la ola de odio y violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia católica ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en España, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República.
¿Cuál fue el proceso republicano habido, en tan corto tiempo, para que se produjeran tales sucesos? Trataré de dar una positiva explicación.
Con la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, el nuevo orden constitucional consideró que debí amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la Iglesia católica, que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía. A tal fin, aquel mismo día, el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional promulgó e hizo público en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, la proclamación de la libertad de creencias y cultos.
En menos de tres semanas, se aprobaron diversas medidas en contra de la Iglesia Católica, como la disolución y eliminación de las órdenes religiosas establecidas en España, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles, prohibición de participación oficial en actos religiosos, fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, y la eliminación de la enseñanza religiosa obligatoria.
Así mismo, los republicanos, en el poder, anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales, en clara animadversión contra todo lo católico.
A vista de la secularización que comenzaba a sufrir nuestra patria, un sector numeroso del episcopado no estaba dispuestos a transigir con las medidas laicistas de la República, a las que consideraban una desgracia para los católicos y la propia patria, y cuya cabeza visible era el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura. Éste, el 1 de mayo, hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono realista, afirmó que la República era obra de los enemigos de la Iglesia y del orden social, al tiempo que hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, “quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”. La prensa y los partidos republicanos interpretaron la pastoral como una especie de declaración de guerra a la República, y el Gobierno Provisional presentó una nota de “serena y enérgica” protesta al Nuncio y pidiendo que fuera apartado de su cargo.
Diez días después, en la mañana del 10 de mayo, según habladurías para justificar lo sucedido, con motivo de la inauguración en Madrid del Círculo Monárquico Independiente, corrió el rumor por Madrid de que un taxista republicano había sido asesinado por unos monárquicos. Una multitud de incontrolados se congregó entonces ante la sede del diario monárquico ABC, donde tuvo que intervenir la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban asaltar y quemar el edificio causando varios heridos y dos muertos, uno de ellos un niño.
La tensión no se hizo esperar. Otra manifestación se dirigió entonces a la sede de la Dirección General de Seguridad, y un grupo aislado quemó un quiosco del diario católico El Debate, apedrearon el casino militar y rompieron los escaparates de una librería católica. Algunas armerías fueron asaltadas y se produjeron disparos contra una unidad montada de la Guardia Civil. Hacia la medianoche un exaltado disparó contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona y luego fue linchado.
A primeras horas del día siguiente, lunes 11 de mayo, cuando el gobierno provisional estaba reunido le llegó la noticia de que la Casa de Profesa de los jesuitas estaba ardiendo. El Ministro de la Gobernación Miguel Maura intentó sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden, pero se encontró con la oposición del resto del gabinete y especialmente de Manuel Azaña, quien, según Maura, llegó a manifestar que “todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano” y amenazó con dimitir “si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez”. La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran en Madrid más de una decena de edificios religiosos.
De estos hechos históricos, hay constancia documentada, sin embargo, todavía hoy hay quien se dedica a suavizar los hechos. Como por ejemplo la página web de “Segunda República”, donde se dice textualmente, “De los ciento setenta conventos que existen en Madrid, según el director de Seguridad, han quedado destruidos seis”, cuando la realidad fue muy otra, como así se demuestra con los siguientes datos: Casa Profesa ubicada en la calle Isabel la Católica de los jesuitas. Colegio de Sagrado Corazón de Chamartín. Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas de Cuatro Caminos. Colegio de María Auxiliadora de las Salesianas. Convento de las Mercedarias Calzadas de San Fernando. El centro de enseñanza de Artes y Oficios de la calle de Areneros. Convento de las Bernardas de Vallecas. Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y el Instituto Católico de Artes e Industrias de la calle de Alberto Aguilera. Iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas Descalzos de la Plaza de España.
Además de estos se intentaron incendiar otros 12 edificios religiosos, aunque sin éxito. Amén de que se realizaron diversos saqueos y robos antes de incendiar los templos.
Cuando, el 11 de mayo, llegó la noticia de la quema de conventos y de otros edificios religiosos de Madrid, se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular, como en Málaga, curiosamente las turbas de incontrolados se echaron a la calle por la noche y comenzaron los asaltos a la Residencia de los Jesuitas y Seminario, y un intento de incendio del Palacio del Obispo. (lo que no cuadra con la muerte del taxista republicano). Los incidentes se prolongaron durante la madrugada y todo el día 12. Y otra curiosidad más, el general Gómez Caminero, gobernador militar de Málaga, además de ser condescendiente con las masas incendiarias, escribió y envió un telegrama a Maura con el siguiente contenido: “Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”. Pocos días después fue ascendido a General de División y nombrado Inspector General del Ejército.
Fue todo un “Proyecto”, por eso no es de extrañar, como con afirmó Miguel Maura, Ministro de la Gobernación, que presidió aquellas jornadas, y afirmó: “en Málaga se hicieron las quemas con el protocolo de las Fallas y la asistencia de los Gobernadores Civil y militar, quienes además fueron llevados a hombros por las turbas”.
En Valencia fueron incendiados los conventos de San José de las Carmelitas, San Julián de las Agustinas y el Colegio de la Presentación. Asimismo, fueron asaltados los conventos de Teresianas, la Residencia de los Jesuitas y el Seminario Conciliar de Valencia.
En Sevilla, las llamas ardieron hasta carbonizar el Colegio de los Jesuitas en la Plaza de Villacís, la Iglesia del Buen Suceso, la Residencia de los Capuchinos, la Capilla de San José y los conventos de las Mínimas y los Paúles.
En Córdoba ardió el Convento de San Cayetano.
En Granada fueron pasto de las llamas los Luises, la residencia de los Redentoristas, la iglesia de Hospitalicos, el convento de las religiosas de Santiago y el convento de los Capuchinos.
En Lora del Río se atacó a la iglesia parroquial, la ermita de Nuestro Padre Jesús y el convento de las Mercedarias Descalzas.
En Coria del Río se incendiaron tres iglesias.
En Alcalá de Guadaíra un grupo de asaltantes expulsó a las Franciscanas del convento de Santa Clara. Igualmente sucedió en Carmona donde tuvieron que abandonar su convento las Agustinas.
En Cádiz quemaron el Convento de los Dominicos, el Convento de Santa María, el Convento del Carmen y el Convento de la Merced.
En Jerez de la Frontera se asaltaron y se saquearon los Conventos de San Francisco, las Carmelitas y la Residencia de los Jesuitas.
En Algeciras se quemaron todos los templos de la ciudad.
En Murcia fue quemada la Iglesia de la Purísima y asaltados los conventos de las Isabelas y de las Verónicas.
En Alicante se incendiaron las Escuelas Salesianas, el Colegio de las Carmelitas, la Parroquia de Benalua, el Convento de San Francisco, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, el Convento de las Oblatas, la Iglesia del Carmen, la Residencia de los Jesuitas, el Convento de Capuchinos, el Convento de Agustinos, el Palacio Episcopal, el Colegio de Jesús María, el Colegio de la Compañía de María y el Colegio de los Maristas.
La respuesta del Gobierno Provisional de la República a la quema de conventos fue suspender la publicación del diario católico El Debate y del monárquico ABC, y también acordó la expulsión de España el 17 de mayo del obispo de Vitoria Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao, donde el Gobierno temía que con motivo de su visita se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos clericales, y los republicanos y los socialistas anticlericales. Asimismo, aprobó también algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la Iglesia y el Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, como la que ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa.
Nunca se ha querido aclarar con absoluta certeza quienes quemaron intencionadamente, entre los días 11 y 13 de mayo de 1931, alrededor de cien edificios religiosos, que ardieron total o parcialmente en toda España (además de la destrucción de objetos del patrimonio artístico y litúrgico y la profanación de algunos cementerios de conventos), y murieron varias personas y otras resultaron heridas durante los incidentes, pero la hipótesis más admitida es que los incendiarios fueron elementos de extrema izquierda republicana y anarquista que pretendían presionar al Gobierno Provisional para que llevara a cabo la “revolución” que significaba ante todo arrancar de cuajo, por su Cristo fobia, el “clericalismo”. Sin embargo, lo que sí que está claro es la irresponsabilidad del gobierno republicano en el manejo de tal situación, al que se le quiere dar, además de por una indefinida simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los incendiarios, una mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo, convencidos de que “las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de alboroto”. El propio presidente Niceto Alcalá Zamora, en una alocución radiada el mismo día 11 de mayo, justificó implícitamente la actitud del gobierno, diciendo que se había evitado un baño de sangre. Sin embargo, el Papa Pío XI el 17 de mayo, se refirió a la “gravísima” responsabilidad de los que no habían “impedido oportunamente” que los sucesos se produjeran.
El significado principal de estos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de inaugurarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. Las consecuencias fueron “desastrosas”, puesto que la realidad fue que aquellas llamas de mayo perduraron durante toda la República. Y si la Republica emprendió su camino bajo luz tan siniestra, esa misma luz fue la que habría de inaugurar su agonía.
Puede visionar “LA QUEMA DE LOS CONVENTOS” en el vídeo que encabeza este artículo.
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