El miércoles cinco de mayo, a petición del presidente Sebastián Piñera, se aprobó en la Cámara de Diputados de Chile un proyecto de ley propuesto por el partido Renovación Nacional (centro derecha) para crear un “pasaporte verde” que otorgue más libertad de movimiento a quienes cuenten con la vacunación completa contra el Covid-19.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconoció que esta es una medida que se viene evaluando desde hace tiempo. “Estamos hablando con expertos de diferentes organismos para ver la posibilidad de dar más libertad, sobre todo a las personas mayores que se vacunan con las dos dosis”, explicó Daza.
Carlos Stange, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, aseguró que la idea se ha discutido con el Ministerio de Economía entre las opciones para reactivar el comercio. Stange señaló que la medida tiene dos objetivos: “Uno es promover la vacunación y el otro es poder trabajar con seguridad”.
Sin embargo, la posibilidad de utilizar esta herramienta como medida de control de la población no estuvo exenta de polémica. La idea ha sido criticada por el Colegio de Médicos de Santiago. Según su presidenta, Francisca Crispi, “no es una medida adecuada” porque “la vacuna no elimina la posibilidad de contraer y transmitir el virus”.
Diversos colectivos ciudadanos por el respeto a la Constitución estuvieron presentes a través de las redes sociales con la etiqueta #noalpasaporteverde. Se han manifestado claramente en contra de esta medida, que concede privilegios a los vacunados y constituye una medida de presión para que la gente se vacune, aunque esto no sea obligatorio.
Este es un hecho inconstitucional, ya que contradice un fundamento de la Constitución chilena. El artículo 19 Nº 2 establece que “La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Es bien sabido que, en los últimos años y junto con la inmigración incontrolada, se han multiplicado en Chile los casos de enfermedades como el VIH, la hepatitis y la tuberculosis, así como algunas infecciones anteriormente erradicadas, como la viruela y la lepra. A pesar de todo, a estas alturas a nadie se le ocurriría encarcelar a estos enfermos y a sus familias o condicionar su desplazamiento, y mucho menos utilizar para ello pasaportes que dividen a las personas en primera y segunda clase.
Sin embargo, en lo que respecta al COVID-19, una gran parte de los biólogos, abogados y comunicadores parecen haber olvidado lo que han aprendido y estudiado durante mucho tiempo. La presión política, mediática y económica de las potencias y conglomerados extranjeros parece haberlos convertido en meros repetidores de la verdad oficial, donde los que deciden mantenerse al margen de la paranoia vacunal se convierten en “rezagados” o “rebeldes”. Y aquí no estamos hablando de enfermos, sino de personas perfectamente sanas que tienen derecho a elegir entre obtener la inmunidad natural o someterse a una vacunación experimental.
Vemos con preocupación como, en Chile y en todo Occidente, leyes o incluso simples actos administrativos pretenden afectar irremediablemente la autodeterminación y la salud de las personas. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que la libertad es inherente al ser humano y no la graciosa concesión de los burócratas.
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