El régimen del 78, lejos de alterar su rumbo por causa de la pandemia del coronavirus, sigue su curso disgregador y de aniquilación nacional a velocidad de crucero. A su habitual carácter aniquilador de la nación española, ahora añade su vía autoritaria, fundamentada en la emergencia de una crisis sanitaria interminable.

Transcurrido un año desde la declaración de la pandemia y los consecuentes estados de alarma decretados por el ejecutivo de Pedro Sánchez, ha llevado a la instauración de un régimen de excepcionalidad permanente al amparo de un torticero estado de emergencia cuyo plazo de vigor, debiendo estar limitado por definición, se mantiene con vocación de permanencia. Que el estado de alarma decaiga formalmente en mayo y no sea prorrogado, no quiere decir que la excepcionalidad desaparezca súbitamente. Antes bien, campará a sus anchas en el ámbito autonómico y local bajo una dudosa regulación de derechos y libertades públicas.

Que lo excepcional sea lo normal es la premisa básica para implantar toda forma de gobierno autoritario, despótico y dictatorial y, por ahora, es el principio general exorbitante que rige en el reinito de “Expaña”, apuntalado por todos los partidos que integran el régimen y en cada uno de sus niveles de representación y gobierno, sea central, autonómico o local, mediante el retorcimiento interpretativo de su propia legalidad, cuando no el descarado incumplimiento de sus propias leyes – lo cual le viene de lejos – y la imposición de la arbitrariedad y el abuso de poder a través de medidas restrictivas y coercitivas en el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, algunas suspendidas de facto, en lo que supone un retroceso sin paragón, inimaginable para las contemporáneas democracias parlamentarias y su cacareado Estado de Derecho sometido al imperio de la ley.

En este contexto, algunos medios y plumillas del liberalismo casposo, conservador e incluso centrista-liberal-centrado, han desatado su literatura fantástica con la que se han empeñado durante meses en entretener al personal difundiendo la suerte que estamos ante un intento de golpe encubierto contra la Constitución urdido por el gobierno de coalición del PSOE-Unidas-Podemos y demás adláteres para imponer una “dictadura social-comunista” republicana de corte chavista-bolivariano-castrista. Según este irrisorio relato conspirativo, el infatuado presidente Sánchez, prisionero de su obsesión de poder por el poder, dada su precariedad parlamentaria, habría sido rehén del Rasputín comunista Pablo Iglesias, cuyo único propósito oculto sería dinamitar los cimientos del régimen desde dentro del Ejecutivo con insidiosos ataques al Rey, la propiedad privada, la independencia judicial, la libertad de prensa, etc… Esta literatura fantástica barata es apta para consumo de carcas y “Cayetanos”. En realidad, quien hasta ahora era Vicepresidente, no ha encarnado más que al patético personaje del esbirro jorobado de aspecto patibulario siervo de su amo y señor, el Doctor Frankenstein, Sánchez, a quien le debe el pan y pisar moqueta para gloria y perpetuidad de un régimen cuyo partido morado sostiene formando gobierno. Ahora que Pablo Iglesias se ha dirigido a defender Madrid con la pancarta en mano del “No pasarán” frente a las pretendidas hordas “fascistas” de VOX, que apoyan con sus votos a los gobiernos autonómicos del PP y C´s de la misma manera que salvan al gobierno de Sánchez de debacles parlamentarias en el Congreso de los Diputados, como en el caso de los fondos de la UE, hemos presenciado estos días atrás épicas jornadas de campaña autonómica madrileña para regocijo del aludido público, que lejos de desanimarse con la salida del gobierno de Pablo Iglesias y desistir en sus tesis conspirativas, ha prendido enardecido al calor de las vanguardistas consignas twitteras del PP, tales como “Libertad o comunismo”, sin duda muy apropiadas para la guerra fría del siglo pasado.

También se prodigan otros libelos de literatura fantástica desde la sección de novela-ficción en su variante distópica en entornos críticos más marginales y reducidos. Así, se marea la perdiz con este tipo de género que denuncia al gobierno de Sánchez como mera terminal de una presunta confabulación vírica bajo batuta de las élites globalistas y su siniestro plan, en su jerga “plandemia”, en el marco de la Agenda 2030, para exterminar a media población mundial con vacunas modificadoras del ADN y mantener a la otra bajo su yugo tras la implantación de una gobernanza globalista que sojuzgue el destino de la humanidad “reseteada”. Lo verosímil e inverosímil suelen entremezclarse de la misma manera que la realidad y la ficción compiten para superarse la una a la otra. Sin embargo, con este tipo de denuncias conspiranoicas no hay por dónde coger el hilo para desmadejar el ovillo de la situación sobrevenida o producida a propósito del Covid-19 y, menos, para elaborar una respuesta política a tanto despropósito.

Desde nuestra perspectiva es necesario un enfoque político, ya que la anormal situación que estamos sufriendo, la “nueva normalidad”, no es óbice para fijar la atención en una constante: la unívoca política de Estado del régimen borbónico durante los últimos lustros, asumida por todos los partidos que lo componen, pese a sus broncas y reyertas de bandería. Básicamente, se trata del programa inaugurado por Rodríguez Zapatero, mantenido inalterado en las legislaturas de Rajoy hasta su relevo por Pedro Sánchez quien, hoy día, está impulsándolo hasta el paroxismo mediante su actualización y profundización, a saber: un programa político e ideológico que conduce inexorablemente a la disolución nacional de España como entidad política mediante la paulatina articulación de la “España plurinacional” y que no se limita a esto, sino que se extiende incluso a la misma desaparición física de sus habitantes mediante el reemplazo poblacional exógeno e incluso a su erradicación facilitada bajo el aparente velo progresista de una ampliación del catálogo de derechos subjetivos (aborto, concebido novedosamente con la reforma de Zapatero, como derecho a decidir sobre el propio cuerpo extirpando al nasciturus y, recientemente, el derecho a decidir una “muerte digna” mediante asistencia de los servicios de sanidad).

No debe sorprender que estos vectores de descomposición vayan acompañados profusamente con los nada inocentes desvaríos de la posmodernidad nihilista y relativista que se agazapa en todas las formas exacerbadas de individualismo que, de forma coherente con su lógica interna, ha alcanzado su máximo grado de degeneración y subjetividad en nuestros días discurriendo en la autodeterminación emancipadora de la entelequia del yo en nuevas identidades atomizadoras y a cual más caprichosas. Al igual que resulta funcional la introducción de la noción de post-verdad para reescribir 2000 años de historia, la última década, la noticia de ayer o la que ha de llegar mañana, todo a buen recaudo de la “verificación” certificadora de fact-chekings mediáticos e institucionales.

Así, como ejemplo de la centralidad que ocupa toda esta narrativa, basta comprobar que hay todo un corpus legislativo inscrito sobre piedra: comprende desde el hito del “matrimonio” homosexual de la era Zapatero, como concreción de reivindicaciones del lobby LGTBIQ+, actualmente relanzadas con el discurso de género y las reclamaciones del colectivo “trans”; el proyecto de ley de libertad sexual complementario de la ley de violencia de género, como expresión del neofeminismo radical; el proyecto de ley de memoria democrática como ampliación de la ley de memoria histórica de ZP para sancionar una única visión de la verdad y proscribir como falso todas las demás.

El debate público sobre cuestiones esenciales para el porvenir de la nación y sus futuras generaciones es sustraído, y sustituido por eslóganes de ingeniería social para discutir sobre el sexo de los ángeles. Pasa a tercer orden, por ejemplo, lo que se refiere al modelo productivo, que es envuelto en vaporosas e inanes invocaciones a la economía digitalizada, verde y sostenible al uso (ZP con sus molinillos y espejuelos fue una vez más pionero), dependiente en cualquier caso de los fondos europeos condicionados desde Bruselas. Por supuesto, nadie cuestiona que todas las atenciones son precisas para alimentar los tinglados financieros y oligopolísticos parasitarios del capitalismo, además de los chiringuitos favorecidos por el BOE del reino de “Expaña”. Todo esto condena a España a la irrelevancia industrial y productiva, lo cual equivale a renunciar a la potencia económica con todo lo que ello conlleva.

Buena parte de lo anterior tiene su reflejo en la situación de España en el plano de las relaciones internacionales. La ausencia de una política diplomática autónoma, siempre supeditada al atlantismo y a Eurolandia, implica la pérdida de toda iniciativa en la esfera de nuestros propios intereses geopolíticos y la defensa de nuestra integridad territorial, tal como pone en evidencia la frenética actividad del pujante vecino marroquí que, en un corto período de tiempo, ha ampliado sus aguas territoriales a costa de las Canarias, ha obtenido el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sahara y ha emprendido una carrera armamentística sin precedentes, y sin cejar en sus continuas asechanzas sobre Ceuta y Melilla. Mientras, la prioridad de nuestra diplomacia es impulsar una “política exterior feminista”.

Hay, por tanto, una invariable línea de deconstrucción de la Nación y de desarticulación de España hacia su reconfiguración “plurinacional” ínsita en la Constitución del 78. Tanto con el PSOE o el PP, sin solución de continuidad, se ha mantenido el “proceso de paz” de Zapatero con el constante acercamiento de etarras a cárceles del País Vasco y la excarcelación de algunos de sus miembros en paralelo al blanqueamiento y legitimación de sus herederos y voceros políticos en todas las instituciones representativas del régimen. Como extensión y en combinación con el separatismo vasco, se ha insertado “el conflicto catalán” como versión postmoderna y renovada del “conflicto vasco” en el ínterin que va desde el Estatut concedido por Rubalcaba, pasando por el referéndum separatista de octubre de 2017 celebrado, cuanto menos, ante la inanidad de Rajoy, llegando al actual mantenimiento de los mecanismos de reelección y de las estructuras de poder del independentismo, pese a la aplicación del  Art.155, y la llamada a formar mesas de diálogo entre el gobierno de la nación y el separatismo institucional catalán con indultos de por medio para los sediciosos en aras del proceso de paz catalán – y vasco – que ha de desembocar en su resolución definitiva mediante la voladura final de España en un conglomerado de nacionalidades.

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La persecución de lo español y de la lengua española común y vehicular y el incumplimiento sistemático de la ley en este sentido, ha sido recurrente durante décadas. El último episodio con la reciente reforma de ley de educación con la que los paletos provincianos con ínfulas de estatalidad se frotan las manos soñando en sacar el español de las aulas para meter con calzador y manosear en su provecho nuestras venerables lenguas vernáculas.

Asimismo, la pandemia ha ofrecido la ocasión para introducir una dinámica casi confederal en la gestión conferida a las autonomías de 17 estados de alarma distintos para 17 crisis sanitarias diferentes. Los presidentes autonómicos se han erigido en caciques protectores de sus territorios y han decidido en cada uno de ellos sobre el grado de restricción de derechos y libertades ciudadanas, toques de queda, la limitación de circulación, actividades y el cierre perimetral que han sentenciado a la ruina a sectores enteros y contribuyen al colapso generalizado de la actividad económica, así como el establecimiento de fronteras entre regiones españolas a la vez que, paradójicamente, la inmigración ilegal sigue traspasando el territorio nacional a su antojo.

Unido a la deconstrucción de la Nación, la respuesta del régimen ante el reto demográfico, el inexorable crecimiento vegetativo negativo y el consiguiente envejecimiento de la población española y despoblamiento de regiones enteras de nuestra geografía es la deconstrucción de la población española mediante  “los millones y millones de migrantes” que por boca de Escrivá, actual Ministro de Inmigración, Inclusión y Seguridad Social, seguirán siendo necesarios de acuerdo al falaz y manido mantra neoliberal del mantenimiento del sistema público de pensiones mediante afiliaciones de mano de obra inmigrante. Es decir, deconstruyendo nuestra población.

Según el INE, cerca del 15% de la población española es inmigrante. España, se ha convertido en el primer país receptor de inmigración de Europa y el segundo del mundo. Y según parece, la tendencia será creciente en las próximas décadas. El aumento de población registrada en los últimos años se debe mayoritariamente, en un 80%, a la inmigración. Dado su potencial demográfico en contraste con la baja fecundidad de los españoles, no es difícil pronosticar la drástica reducción de la población española en unos pocos decenios a favor de contingentes extranjeros ajenos a cualquier lealtad política, cultural o afectiva por España, tal y como nos muestran los guetos de países de nuestro entorno tan celebrados por el multiculturalismo.

Así, brillan por su ausencia las políticas de fomento y promoción de la natalidad y de apoyo a la crianza de la población española. En el polo opuesto, en medio de la pandemia y el caos de las UCI y el drama de las diezmadas residencias de ancianos, se ha priorizado la aprobación de la ley de eutanasia activa que, previsiblemente, con una adecuada reforma permitirá en algún momento la ampliación de supuestos casi a voluntad como, por ejemplo, el derecho a morir por cansancio vital.

A este ritmo, no sabemos qué sucederá antes: si España se quedará sin españoles o si los españoles se quedarán sin España. Frente al programa de aniquilación nacional del régimen del 78, se impone desde ya una reconstrucción de España mediante un programa de reconstrucción nacional como instrumento al servicio de nuestros compatriotas para revertir la dinámica disolvente de España como realidad jurídica-política e histórica y la gradual desaparición de su población, reafirmando el carácter indisoluble de España en una República unitaria, indivisible y presidencialista que aborde como tareas fundamentales el relanzamiento demográfico, industrial y tecnológico. Ineludiblemente, esto supone la defenestración del Estado antinacional borbónico. Y éste es un momento propicio brindado por la coyuntura internacional que ha cristalizado en un orden multipolar al que una nueva España ha de abrir sus brazos si quiere pervivir junto a otras naciones europeas que persigan el mismo propósito de instaurar un espacio común, socialmente avanzado, y basado en el escrupuloso respeto a la soberanía de sus integrantes como alternativa existencial a la subordinada, decadente e irrelevante UE, a todos los organismos internacionales trasunto de la dominación norteamericana como el FMI o la OTAN y al “America’s back” del demencial Biden con sus predecibles injerencias y agresiones criminales a lo largo y ancho del mundo, la imposición de su ideología “woke” y sus formas represoras y atroces de censura de lo políticamente correcto, su cultura de la cancelación, y sus “Big Tech”, “Big Four”, “Big Pharma”, sus fondos de inversión buitres y demás montajes oligopolísticos depredadores, cuyo capitalismo futurista no se traduce en una idílica tierra prometida provista de abundancia y confort por robots y otros fantásticos artilugios, como coches voladores, sino en un paisaje plagado de “riders” sobre bicicletas portando menús de 5€ a domicilio y trabajadores precarizados desplazándose en patinetes eléctricos, junto a masas de consumidores pauperizados, eso sí, con acceso a todo tipo de dispositivos electrónicos y seriales en plataformas digitales. Que a eso vamos.

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