A través de los medios de comunicación, el mundo ha podido conocer la gravísima situación de orden público que atraviesa Colombia, país que, no hace más de dos décadas, era ejemplo de restauración del orden y lucha sin tregua contra el terrorismo neocomunista. Desde el pasado 28 de abril, las protestas en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez al estudio del Congreso de la Republica y que ya fue retirada, sin embargo continuaron y se han ido transformando en actos de vandalismo y terrorismo cada vez más agresivos contra la población civil, el Ejército y la Policía Nacional, al punto de tratar de incinerar 10 policías vivos en un Centro de Atención Inmediata – CAI (El Tiempo, sección Bogotá, 5/05/2021, 11:22 am), y asesinar de 15 puñaladas a un policía y herir a su compañero a bala en el abdomen. (Redacción Q’hubo Cali, 04/05/2021). 

Sobra decir que, aunque la Constitución Política de Colombia confiere a los ciudadanos el derecho a la protesta pacífica, los grupos de manifestantes no pueden extralimitarse en el ejercicio de este derecho constitucional, afectando a sus conciudadanos y vulnerando palmariamente el bien común y varios derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida (art. 11), el derecho a la paz (art 22), el derecho al trabajo (art. 25), entre otros derechos fundamentales que se han violentado en todo el territorio nacional, con ocasión de las protestas, y so pretexto de estas.

No bastó con que el gobierno retirara el proyecto de ley de reforma tributaria, tampoco fue suficiente que, el pasado 3 de mayo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, renunciara con varios miembros de su equipo; los actos de terrorismo se recrudecieron y han cobrado la vida de un número considerable de civiles y miembros de la fuerza pública. Más de 254 civiles y 457 policías se encuentran heridos de gravedad, situación que viene a agravar las ya lamentables circunstancias de clínicas y hospitales de todo el país, que, todavía, se enfrentan con los terribles efectos del COVID-19.

Especialmente, tres hechos de las últimas semanas confirman que el actual contexto colombiano es más que preocupante y que urgen soluciones radicales y cooperación internacional no ideologizada ni tendenciosa; además, demuestran hasta la saciedad que solo voluntades desviadas, conciencias erróneas o razones confundidas pueden seguir apoyando las protestas que alteren el orden civil y saboteen la vida nacional. Solo por un efectivo y maquiavélico proceso de manipulación mental pueden todavía algunos considerar que el terrorismo organizado surge de la indignación social y que no es, más bien, el resultado de un plan para desestabilizar el país y tomar el poder. En lo sucesivo, paso a describir estos hechos, acompañándolos con breves opiniones personales que comparto con una gran mayoría de compatriotas.

Atentado al niño por nacer

El pasado domingo 4 de abril, en la vía que comunica a Bogotá con Tunja y a la altura del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), una ambulancia que transportaba a una mujer en trabajo de parto prematuro desde el municipio de Chocontá y que se dirigía a la capital del país para ser adecuadamente atendida, fue detenida por manifestantes que bloquearon el corredor vial y causaron daños en los vidrios del vehículo y en su carrocería, mientras amenazaban con quemarlo. Esta brutal e injustificada agresión puso nerviosa a la madre y, a pesar de que Luz Mary, la médica intentó desviar la atención de la madre e indicarle que respirara mejor, sin embargo, afirmó John Fredy Abril, padre del bebé que también iba en la ambulancia, «todo se volvió terrible y se aceleró el proceso de nacimiento de mi hijo que se llamaba Salvador”, obligando a atender el parto dentro del vehículo mientras trataban de proteger la vida de la paciente y la propia. Lamentablemente el procedimiento concluyó con la muerte del bebé. (El Tiempo, redacción justicia, 09/05/2021).

Otras infracciones al DIH

Entre las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario se incluyen los ataques a los civiles y su maltrato, la destrucción de las propiedades, la violencia sexual y la restricción del acceso a la sanidad y a otros servicios básicos. Casos como el descrito son calificados por las normas internacionales como infracciones al DIH. No se explica, pues, el poco énfasis que la mayoría de los medios de comunicación han puesto en esta importante conculcación de los Derechos Humanos, pareciendo, más bien, obsesionados, con los abusos o excesos de la fuerza pública, para los cuales existe un conducto regular dentro de la ley, pero que, de ninguna manera, justifican el irrespeto a la autoridad o el desmantelamiento de los Escuadrones Móviles Antidisturbios-ESMAD, propuesta que, con frecuencia, se escucha en distintos medios de prensa.

Un segundo hecho de no menor importancia se refiere a la actual situación de la pandemia en Colombia. De acuerdo con los datos que reporta el sistema de monitoreo del Ministerio de Salud y los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (Crue) de los territorios, con corte al 6 de mayo, la ocupación nacional de las unidades de cuidados intensivos (UCI) se ubicaba en 83,63 por ciento. … Por entidades territoriales, la situación es especialmente crítica en Antioquia, Bogotá, Cesar, Chocó, Santander, Valle del Cauca y Casanare, cuyas ocupaciones permanecen por encima del 85 por ciento. (El Tiempo, redacción salud, 8/05/2021). 

Resulta verdad de Perogrullo que, en medio de unas circunstancias sanitarias tan complejas, la nación entera debe estar unida y enfocada en resolver este urgente problema. Ni las aglomeraciones que se dan en las protestas ni los actos de vandalismo y terrorismo contribuirán a disminuir el número de contagios. Decirse luchador o defensor de la vida mientras se contribuye a empeorar el estado de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se constituye en una contradicción evidente, por decir lo menos, siendo muy benevolente con quienes insisten en la vía de la violencia, el caos y la destrucción en medio de un panorama tan desolador para la nación colombiana.

El tercer hecho a considerar es que, ya en noviembre del año pasado, por medio de una misiva, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) habían alertado al Ministerio de Salud sobre el agotamiento acelerado de medicamentos por el incremento de pacientes, especialmente de sedantes, analgésicos y relajantes musculares. En este sentido, las sociedades científicas recordaron al Ministerio de Salud que, previamente, se habían hecho sugerencias de acciones a tomar para prevenir y/o mitigar el problema en el que influyen varios actores. No se entiende, pues, la falta de previsión con respecto a esta coyuntura, habida cuenta de las advertencias y sugerencias de las entidades mencionadas. Por otro lado, se confirma con este hecho la maldad intrínseca de los bloqueos que están impidiendo que toneladas de medicamentos lleguen a distintos municipios del país; valga aclarar que las principales ciudades no escapan del desabastecimiento de fármacos. (Consultor Salud, por Michell Vivas, 26/11/2020).

Las acciones terroristas que, a todas luces, son organizadas y dirigidas por grupos de expertos, atentan directamente contra el quinto, séptimo y décimo mandamiento de la Ley de Dios. La tendencia de un gran sector de los medios nacionales e internacionales es una flagrante violación del octavo mandamiento, pues en sus cubrimientos abundan las mentiras, las falacias y las interpretaciones tendenciosas de los hechos, lo cual es un acto manifiesto de manipulación, en el que la audiencia es cosificada al tratársela como un objeto que se mueve a voluntad según las indicaciones de grupos de presión ideológicos, en un irrespeto manifiesto por su dignidad y su condición de personas.

De manera pacífica y legal nuestro Centro invita al lector a valorar moralmente los hechos a la luz del Evangelio y colocamos estas letras a los pies de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia, pidiendo humildemente a Ella que proteja a nuestra patria en este momento aciago y restaure la moralidad en esas familias que permiten que sus hijos participen como idiotas útiles al servicio de la violencia

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―instrumentalizados como carne de cañón y arriesgando, incluso, la vida―, en las instituciones de educación básica y superior, para que respeten y hagan respetar la ética educativa, en las autoridades públicas para que ante el desorden cumplan su deber de gobernar con prudencia y ejerzan la autoridad con justicia, y en los medios de comunicación para que sean en todo veraces.  

Carlos Andrés Gómez Rodas Ph.D. – Director Centro Iuris Doña Isabel de Castilla

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