No sabemos si por ingenuidad, o acaso por oscuras e inconfesables intenciones, el Presidente y los alcaldes de las principales ciudades vienen actuando frente al llamado “paro nacional” como si fuera una protesta más, como tantas otras que en el pasado han recibido entierro de tercera con un cheque en blanco para sus promotores.
Nada más alejado de la realidad. Estamos frente a una toma guerrillera del país con un propósito bien claro: desestabilizar al país y darle golpe de estado al Presidente Duque. Abundan pruebas sobre la participación guerrillera en los disturbios, la financiación que ha enviado Iván Márquez desde la frontera venezolana y la presencia de “farianos” y “elenos” en la insurrección. Para rematar, la líder indígena Diana Perafán acaba de denunciar cómo se reunieron los delegados del CIDH con los miembros del CRIC (directiva indígena aliada de Farc y del narcotráfico) para acordar los pasos a seguir para tumbar a Duque.
Señala con dolor el médico Remberto Burgos como infames homicidas a los promotores de estos disturbios que tienen colapsados a la mayor parte de los hospitales y pide inútilmente que se castigue a los causantes de esta masacre sanitaria.
No sé cuántos años tardaremos en recuperarnos de las enormes pérdidas que están afectando al aparato productivo, a la infraestructura pública y a la economía en general. ¿Cómo puede subsistir Colombia con su principal puerto cerrado desde hace mes y medio?
La violencia, a la que nos había acostumbrado la guerrilla comunista, ya que durante 50 años nos informábamos de ella por la prensa, la radio y la televisión, ahora está a la vuelta de la esquina. Escenas de un tenebroso salvajismo las vivimos a diario, como en un macabro “reality”.
Más tenebroso aún es el futuro que le espera a la sociedad colombiana con el legado de Duque: Una Policía inerme, a merced de los criminales, gracias al proyecto de reforma que acaba de presentar para dar gusto a los extorsionistas del Comité de Paro.
El manejo del orden público en manos de los alcaldes “mamertos” en los cuales delegó las responsabilidades presidenciales.
Un mar de coca que nos convierte en un narco-estado, donde los carteles de la droga (comenzando por las Farc) imponen su ley en Colombia y dominan gran parte del territorio nacional.
La creación de una JEP agraria para dar cumplimiento a lo pactado en La Habana y dejar el campo en la ruina, como ocurrió en Venezuela.
La resurrección del tratado de Escazú, que nos deja a merced de una Corte internacional que decidirá sobre las reclamaciones de cualquier comunidad que se oponga a un desarrollo industrial o a una obra de interés común.
El triunfo en las elecciones del 2022 de quienes propugnan por el socialismo bolivariano, gracias a la tolerancia y debilidad de su gobierno.
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Mientras ello ocurre, ¿A qué se dedican los políticos del caduco y corrupto establecimiento? A cocinar coaliciones con cualquiera, sin tener en cuenta su ideología, con tal de detener a Petro y conservar sus privilegios.
No hay en su discurso una sola propuesta para solucionar las necesidades de un pueblo sumido en la pobreza y la desesperación. Tampoco una respuesta a los graves problemas de la Nación: La quiebra de las empresas, el aumento del desempleo, la inseguridad, el aumento de la droga, el robo del plebiscito, la ilegalidad derivada de un pacto espurio, la falta de Justicia, la corrupción rampante, la destrucción de la familia tradicional, el adoctrinamiento marxista de la juventud……………
Por fortuna se ha encendido una luz. Ya la sociedad civil, que no aguanta más, ha despertado y comienza a unirse alrededor de una doble consigna: Atajar el avance de la izquierda y reconstruir el país. Alianza Reconstrucción Colombia, en unión de grupos de la reserva de las FF.AA. y de grupos sociales, independientes de los desprestigiados partidos políticos, ha iniciado la creación de un nuevo partido. Una fuerza incontenible que capitalice esta imparable indignación que no se conforma ni con la vieja política, corrupta y mediocre, ni con los cantos de sirena del comunismo mentiroso y violento.
