Hace un año y tres meses, el 18 de marzo de 2020, el presidente Sebastián Piñera decretó el primer “estado de catástrofe” en todo el territorio nacional por 90 días. Este estado de excepción constitucional contemplado en el artículo 41 de la Constitución, se ha prorrogado hasta la fecha en varias oportunidades y podría renovarse el próximo 30 de junio por un nuevo plazo, con acuerdo del Parlamento.

Con la declaración del estado de catástrofe, el país queda bajo la dependencia de las fuerzas armadas y no solo se restringen libertades como las de reunión y de locomoción, sino el derecho de propiedad. En efecto, se puede disponer la requisición de bienes, la regulación de cantidad vendida al público de ciertos artículos, sus precios o disponibilidad, además de ordenar el cierre temporal de establecimientos comerciales.

Al decretarlo por primera vez, el presidente Sebastián Piñera indicó que la medida buscaba “dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar las fronteras”. Sin embargo, a la fecha sólo se ha utilizado para restringir la libertad individual.

Aún si confiásemos en las estadísticas oficiales, que han reconocido sobredimensionar el número de fallecidos por Covid-19, Chile registra prácticamente la misma tasa de mortalidad que los EE. UU., país en el que en gran parte de sus estados se ha retomado la vida normal. Por lo demás, durante el estado de excepción, en Chile se han llevado adelante dos procesos eleccionarios, que naturalmente implican la aglomeración de personas; es decir, se las mantiene encerradas y empobrecidas, salvo que sea para concurrir a validar el sistema “democrático”.

Las medidas del gobierno chileno, avaladas por su Parlamento, sólo han logrado transformar una crisis sanitaria en una crisis económica, generando en sus ciudadanos una “segunda pandemia” de afecciones siquiátricas y sicológicas, como la ha denominado Catherine Ettman, de la Universidad de Boston. Las largas semanas de angustia, miedo, tristeza y aislamiento, así como el empobrecimiento progresivo de las familias, han afectado el bienestar emocional de la población, multiplicando los casos de violencia intrafamiliar, abuso de sustancias y suicidios.

Pese a todo, la izquierda aboga por un endurecimiento de las medidas de control de la población, mientras que la derecha, temerosa de que se repitan disturbios como los que sufrió el país a fines de 2019, parece cómoda con la actual posición; y habría un consenso en toda la clase política para avanzar en la dirección propuesta por el Foro Económico Mundial, estableciendo subsidios y una “renta básica universal” que hagan a las personas dependientes del Estado y eliminen la iniciativa privada.

Así, estando ad-portas de una eventual renovación del estado de catástrofe, he llegado el momento de enrostrarle a nuestros gobernantes todo el mal que están causando sus dictatoriales resoluciones. Ya sea por la razón o por la fuerza, los políticos deberán entender que la libertad nos pertenece y que ellos están al servicio del pueblo, no al revés.

COMPARTE: