El Congreso argentino aprobó una ley que obliga al estado a mantener al menos el 1% de las vacantes en la administración pública para travestis , transexuales  y crear incentivos fiscales para que las empresas privadas sigan el mismo camino.

Denominada “ley trans”, la legislación crea un sistema de cuotas obligatorias y fue aprobada por el Senado, luego de haber sido aprobada en la Cámara, con 55 votos a favor, solo 1 voto en contra y 6 abstenciones.

“La medida tiene como objetivo compensar tanto dolor y tanta impotencia durante décadas”, dijo la senadora Norma Durango, del partido Frente de Todos del presidente Alberto Fernández. La congresista es una de las defensoras de las nuevas reglas para la contratación estatal.

La derecha argentina, por su parte, sostiene que las admisiones laborales deben promoverse en función de la capacidad y la competencia. Los parlamentarios que se oponen al texto cuestionan la prioridad del tema, alegando que el Legislativo debe enfocarse en las emergencias sanitarias y económicas del país.

La nueva legislación también indica que los “antecedentes penales son irrelevantes” y no pueden ser un impedimento para la contratación y que la cuota trans tendrá prioridad en los contratos gubernamentales.

El texto establece que los aportes patronales generados con la contratación de trans pueden deducirse de los impuestos. Además, a través de la banca pública, el Estado otorgará préstamos a tasas subsidiadas a empresas que contraten travestis, transexuales y transexuales.

Argentina se desliza, como tantos otros países, por una peligrosa pendiente de la que será difícil salir.

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