A partir de la próxima semana, los chilenos gozarán de mayores libertades en el draconiano plan de control poblacional establecido por el gobierno a propósito del Covid-19. Mientras los medios de comunicación celebran esto y lo atribuyen al masivo plan de vacunación y la “responsabilidad” de la población (por no decir su sometimiento absoluto e irracional a la dictadura político-sanitaria), la gente celebra que sus gobernantes le hayan concedido graciosamente este regalo, olvidando que simplemente le están devolviendo lo que por naturaleza le pertenece y de lo que nunca debió ser desprovista.

Sólo muy pocos se han percatado que estas medidas constituyen un mañoso mecanismo para presionar a las personas a someterse a la inoculación experimental, pues benefician solamente a quienes se ofrecieron como cobayas. A los demás, sea que se encuentren sanos o hayan adquirido la inmunidad por haber estado infectados del coronavirus, sólo les cabe lamentarse o alzarse.

La autoridad ha llegado al extremo de disponer que, bajo ciertos supuestos, los vacunados podrán acudir a un restaurant y sentarse al interior de éste, mientras que a los demás se les atenderá solamente en la intemperie (si se lee parecido a como trataban a los negros en los EEUU hasta hace medio siglo, es porque es así). Lo mismo aplica para iglesias, estadios y espectáculos.

Muchos ciudadanos, cansados de lo anterior, han tapizado al gobierno de recursos judiciales, varios de los cuales están siendo acogidos. Se trata de una resistencia activa a las arbitrariedades a las que el pueblo lleva sometido por más de un año y medio. Por lo demás, resulta interesante lo que los funcionarios contestan en estos litigios: en uno de estos, por ejemplo, el abogado del Ministerio de Salud ha llegado a sostener que los contagiados recuperados gozan de peor inmunidad que los vacunados y que además son una fábrica de virus mutantes, en abierta contradicción a todos los estudios científicos y la lógica elemental.

Esperemos que los actos de estos burócratas no queden impunes y la ciudadanía organizada los siga forzando a mentir por escrito, pues todas estas acciones judiciales servirán luego para fundamentar su juicio y castigo a nivel personal.

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