Por Stefano Gennarini
(C-Fam) La Comisión Europea quiere castigar a Polonia y Hungría por sus supuestas leyes y políticas anti-LGBT, pero no quiere usar los canales políticos establecidos por el derecho de los tratados de la UE.
“La Comisión va a iniciar procedimientos de denuncia contra Hungría y Polonia relacionados con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales”, anunció la semana pasada la Comisión en un comunicado de prensa.
La base jurídica de las amenazas de la Comisión contra Polonia y Hungría sigue sin estar clara, al igual que la naturaleza de los procedimientos iniciados.
En el caso de Hungría, la Comisión se opone a una ley que prohíbe la promoción de información sobre transexualidad y homosexualidad a los niños, que entró en vigencia este mes. En Polonia, la Comisión se opone a una serie de resoluciones municipales adoptadas en los últimos años en varias ciudades polacas que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
La Comisión afirmó que el fundamento de su procedimiento de infracción es la violación de los “valores fundamentales” de la Unión Europea, lo que exige que la Comisión presente una solicitud al Parlamento Europeo.
Según el artículo 7 del Tratado de la UE, un Estado miembro de la Unión puede ser declarado infractor de los valores fundamentales de la Unión Europea por cuatro quintos del Parlamento Europeo. El Consejo de la UE puede entonces imponer todo tipo de sanciones al Estado miembro que incumple, incluyendo la eliminación de privilegios y subvenciones, e incluso quitarle el derecho de voto en el Consejo de la UE. Se trata esencialmente de un proceso político con un recurso político.
A pesar de denunciar una violación de los valores fundamentales de la UE, la Comisión no ha iniciado el procedimiento político previsto en el derecho de los tratados de la UE. En lugar de ello, está eludiendo el control político de los Estados miembros de la UE y acudiendo directamente al Tribunal de Justicia Europeo.
Los procedimientos anunciados por la Comisión contra Polonia y Hungría son por incumplimiento de sus obligaciones según el Tratado de la UE. En el caso de Hungría, la Comisión denuncia la violación de la garantía de libre circulación e información en la Unión Europea. En el caso de Polonia, denuncia la falta de cooperación.
Independientemente de que el Tribunal considere o no convincentes estas denuncias, se trata esencialmente de un proceso legal con un recurso judicial. El único tipo de castigo que puede imponer el tribunal es una sanción monetaria o una multa.
Esta es la última escalada de la actual guerra cultural entre la Comisión Europea y Polonia y Hungría. La Comisión es el órgano más poderoso de la Unión Europea. Controla el presupuesto de la UE. Establece las normas de la UE para todos los aspectos del comercio y gobierna la burocracia de la UE.
La Comisión ha criticado abiertamente a los políticos polacos y húngaros y sus políticas de protección de la vida y la familia, y no teme usar todas las herramientas disponibles para presionarlos.
Retuvo 900,000 millones de euros de los fondos de recuperación del COVID-19 durante meses porque quería condicionar la recepción de los fondos a la aplicación de políticas LGBT, algo que Polonia y Hungría no aceptaron. Además, la Comisión está reteniendo la aprobación de 7.200 millones de euros en fondos de recuperación del COVID-19 para Hungría y 57.000 millones para Polonia, amparándose en la preocupación por el “estado de derecho” en esos países
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La Comisión adoptó en noviembre del año pasado la primera estrategia global de la UE para promover la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarios, intersexuales y queer (LGBTIQ). La estrategia incluye los objetivos de convertir la “incitación al odio” y los “delitos de odio” en delitos de la UE en 2021 e imponer el reconocimiento mutuo de las “familias arco iris” en toda la Unión Europea en 2022.
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