En occidente se está constatando que las administraciones cada vez intervienen más en la vida familiar, y sustituyendo a los padres establecen el ingreso de menores en instituciones públicas, y los datos parecen empeñarse en demostrar que la tutela de la administración en muchos casos es contraproducente para los intereses de los menores.

No obstante parece que el gobierno de las Islas Baleares sigue empeñado es esconder y tapar numerosos escándalos que parece apuntar que en las instituciones de tutela se abusa y se corrompe a los menores. Ahora una madre de una menor de 16 años ha denunciado en ABC que, desde que su hija entró en el IMAS –el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales–, hace dos años, «apenas la he podido ver»: «Solamente me dicen que la niña pertenece a una mafia de trata de blancas, que prostituye a las chicas».

La mujer, señala que la cría pasó de ser una niña angelical, de ojos limpios, a parecer «otra persona: va drogada, con la cara desencajada, y ha empezado a delinquir». El diario relata que la madre perdió la tutela de su hija cuando tenía 14 años por una supuesta denuncia falsa de ésta. El IMAS ingresó a la joven a uno de sus centros y, posteriormente, la cambiaron a un centro de adolescentes en Palma, donde conoció a una menor receptora que la captó a ella y a otra compañera: «Les come el coco para que se prostituyan a cambio de ropa bonita».

Ante noticias como estas creemos que ha llegado el momento para que el pueblo español pida explicaciones a los diferentes gobiernos autonómicos empeñados en alejar a los menores de sus familias, e ingresarlos en centros de tutela en los que no se garantizan ni el debido contacto con los padres, ni el debido trato humanitario de los menores. La obligación de la administración no es tutelar a los menores, sino remover los obstáculos que impiden a los padres cuidar debidamente a los menores, y proporcionar medios económicos y educativos a los padres para permitir un correcto ejercicio de la patria potestad.

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