Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Se van acercando las elecciones presidenciales de mayo de 2022. Mientras tanto, sigue en aumento la indignación de los colombianos ante las consecuencias ignominiosas del Acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016. Aunque ese día nefasto el expresidente Santos proclamó con cinismo que la guerra había terminado, la dura realidad es otra.

         La guerrilla de las FARC, que antes obedecía a un mando unificado, ahora se dispersó en decenas de grupos armados que se autodenominan disidencias. Y cada una de ellas se apoderó de una pequeña parte del territorio del País para aterrorizar a la población, sembrar coca, secuestrar, extorsionar y matar personas inocentes, especialmente soldados y policías. 

         Es evidente que la verdadera paz no existe en absoluto. Regresamos a los peores años de la inseguridad y del terrorismo, con la gran diferencia que ahora la subversión actúa en las principales ciudades y antes lo hacía en lo más profundo de las selvas.

Un Gobierno que no cumple sus promesas

         El actual Gobierno ha sido incapaz de controlar la situación, pues implementa una política desastrosa que pretende agradar a todos, pero no cumple sus promesas. Prometió derogar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que es un tribunal de vergüenza y de impunidad para los terroristas, pero no ha hecho otra cosa que acatar sus determinaciones.

         Prometió enfrentar a las FARC y sus disidencias, a los demás grupos terroristas, a los carteles de la droga, pero estos se campean por todo el territorio del País. Prometió fumigar los cultivos de coca, que son el alimento de la subversión, pero terminó aliado con la Corte Constitucional, que prohíbe su fumigación aérea con glifosato.

         Prometió enfrentar la corrupción insaciable que devora los recursos del Estado, pero los organismos que deberían impedir ese desangre son inoperantes. Uno de los casos más escandalosos es el del alcalde de Cali, que se roba el presupuesto público de frente, a la vista de todos, sin pudor y sin remordimiento alguno, y la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no hacen absolutamente nada para impedirlo.

         La ciudadanía envía quejas, documentos y pruebas contundentes a esos entes de control, con todos los detalles sobre cómo se roban el dinero público, pero no pasa absolutamente nada. Y lo mismo acontece en las demás ciudades, en los departamentos, en los ministerios y demás dependencias gubernamentales, que están diseñadas para que los políticos se roben los dineros públicos, aliados con algunos empresarios igualmente corruptos.

         Y como nada se resuelve, entonces se desploma la credibilidad del Presidente, que en las últimas encuestas llegó al 72% de opinión desfavorable, siendo que ningún mandatario de Colombia había llegado a esos abismos de reprobación. Es lo que acontece cuando se gobierna al contrario de lo prometido. 

El partido de la derecha tiene horror a que le digan derechista

         Este descrédito hace muy difícil que el partido gobernante, el Centro Democrático, elija al próximo presidente de Colombia. Es precisamente por ese partido que votan el centro y la derecha, y allí es donde menos aprecian a los candidatos de derecha, pues sus dirigentes tienen horror a presentarse como derechistas. ¡Qué gran contradicción!

         Desde hace mucho la opinión colombiana se inclina hacia la derecha, pero por un juego perverso de la politiquería, elige candidatos que se dicen de centro, pero que en realidad son afines con la izquierda. Y eso tendrá que acabarse en las próximas elecciones, pues llegó la hora de elegir a un candidato que de verdad sea de centro-derecha, para que ejecute con inteligencia los programas de gobierno de la centro-derecha, que son los únicos que garantizan la prosperidad, el progreso y la paz.

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         La única forma de evitar el caos hacia donde vamos, es eligiendo un presidente que ejerza la autoridad; que enfrente con valor a los que destruyen el País; que desmonte el infierno socialista en que se ha convertido el Estado; que suprima esa maraña de impuestos que asfixian a las empresas; que promueva la inversión privada y que estimule al sector productivo. Y que anule el Acuerdo de paz porque es espurio e ilegal, fue rechazado en el Plebiscito, las Farc no lo han cumplido en absoluto, y Santos logró imponerlo gracias a las maniobras fraudulentas que hizo con la complicidad del Congreso de la República y la Corte Constitucional.

         Además, es indispensable que se reconstruya la Justicia, que desapareció del horizonte de la gente honrada. Está en manos del llamado Cartel de la Toga, el principal aliado de los bandidos, que compran sentencias y absoluciones, y festejan ante la magnitud de la impunidad a la que hemos llegado.       

         Esta debería ser la agenda del candidato que quiera salvar a Colombia. Quien asuma estas premisas con entereza y honestidad, sin duda será el próximo presidente, pues obtendrá el apoyo del pueblo en las urnas. 

         Prometiendo más impunidad, más privilegios a los destructores de Colombia, y más capitulaciones ante quienes la destruyen, sólo conseguiremos pavimentar el camino hacia el desastre de la secta socialista. Este sistema impone la miseria como el mayor de los bienes terrenales, pero sus gobernantes viven como magnates mafiosos.

         Septiembre 27 de 2021 – trujillo.eugenio@gmail.com 

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