Los Pandora Papers (www.icij.org/investigations/pandora-papers), publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), vuelven a llamar la atención sobre la falta de transparencia en la gestión de la fortuna del presidente chileno Sebastián Piñera y sus ambivalentes relaciones entre la política y el dinero.

Según el ICIJ, Piñera y su familia fueron los principales accionistas del proyecto minero y portuario Dominga hasta 2010, cuando en el noveno mes de su primer mandato (2010-2014) se produjo la venta de todas las acciones de la empresa a su amigo, el empresario condenado por delitos tributarios Carlos Alberto Délano y familia, en 152 millones de dólares.

El proyecto, de 2.500 millones de dólares, consiste en la extracción de concentrados de hierro y cobre y se construirá en la comuna de La Higuera, en el norte del país. También está prevista una mina a cielo abierto, la construcción de un puerto exclusivo para exportar la producción y una planta desalinizadora para evitar el consumo de agua dulce de la región, según la empresa responsable, Andes Iron. Pero su proximidad al archipiélago de Humboldt, un grupo de ocho islas e islotes que protegen uno de los ecosistemas más ricos del mundo, ha provocado la oposición de distintas organizaciones ecologistas.

La transacción entre las familias Piñera y Délano se formalizó con una escritura firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, según Ciper, el medio chileno que trabajó con el consorcio de periodistas en la investigación. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que preveía el pago en tres cuotas, con la última a cumplir sólo si no se producían cambios normativos que obstaculizaran la construcción de la mina y el puerto.

Así, no sólo en el actual mandato de Piñera (2018-2022) no se impulsaron iniciativas ambientales relevantes en esta región del país, sino que en agosto pasado una comisión ambiental y diez secretarios regionales ministeriales directamente dependientes de su gobierno aprobaron el megaproyecto Dominga. Como resultado, la última cuota del precio fue finalmente pagada a la familia Piñera.

Sin embargo, hay otro elemento: unos meses antes de la venta de las acciones de Dominga, a fines de agosto de 2010, Piñera intervino directa y personalmente en la cancelación del proyecto termoeléctrico Barrancones, ubicado en la misma comuna que Dominga, lo que se presentó como un gran éxito para el medio ambiente. Si se hubiera aprobado esta iniciativa energética, el proyecto minero y portuario en el que estaba involucrado el presidente difícilmente habría visto la luz. 

Piñera, que tiene una de las mayores fortunas del país y dejará el cargo en marzo de 2022, es uno de los tres presidentes latinoamericanos en ejercicio afectados por esta nueva investigación del ICIJ, que ha vuelto a sacudir al mundo tras sus Panama Papers de 2016.

La pesquisa abarca también al presidente ecuatoriano Guillermo Laso y al dominicano Luis Abinader, así como a otros once ex jefes de gobierno latinoamericanos y a numerosos dirigentes políticos de todo el mundo que habrían ocultado cuantiosas sumas para evitar el pago de impuestos. El caso Piñera, sin embargo, es mucho más sensible políticamente, ya que Chile celebrará elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en pocas semanas (el 21 de noviembre) y la polémica afectará sin duda a los resultados de los candidatos de la coalición gobernante, especialmente al candidato presidencial Sebastián Sichel, que ocupó altos cargos en el segundo gobierno de Piñera, representa su continuidad y se encuentra actualmente en tercer lugar en las encuestas.

Por otro lado, no hay que olvidar que entre los principales donantes del ICIJ están las Open Society Foundations de George Soros. Aunque Piñera y sus allegados han hecho grandes esfuerzos por participar en el progresivo desmantelamiento de las instituciones chilenas para adecuarlas a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el golpe periodístico demostraría que estos ya no son útiles a los intereses del establishment globalista.

Según las encuestas de opinión inmediatamente anteriores, el presidente chileno ya tenía una aprobación popular de apenas el 20%; luego de estas revelaciones seguramente seguirá cayendo. En cuanto a sus eventuales responsabilidades en el ámbito judicial, es probable que –una vez terminado su mandato- los tribunales de justicia no sean tan indulgentes como cuando anteriormente le han procesado. En cualquier caso, todo parece indicar que la carrera política de Sebastián Piñera se verá truncada de forma perpetua o, al menos, por un largo tiempo, tanto en Chile como en los organismos internacionales ante los que pretendía continuarla.

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