Las manipulaciones e injerencias realizadas desde las más altas instituciones  son las más difíciles de poner de manifiesto y resolver, porque quienes han asumido la representación y gobierno de la ciudadanía por una parte, y los que juraron la  obligación de aplicar la ley y el derecho por otra,  llevan a cabo una doble traición con  conductas antidemocráticas recurrentes, que enmascaran  bajo la coraza de un  constitucionalismo aparente,   sostenido por una confianza ciega de la población  en que lo que realmente sucede nunca acontecería  en un estado democrático de derecho,  y por ello este tipo de corrupción tiene  “pista libre”.  

Leía recientemente que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial consideraba urgente que el órgano de gobierno de los jueces desapareciera del escenario de la lucha partidista, lo cual hay que valorar de  forma completa.  Si algo tiene que salir de algún sitio  es porque ha entrado, y cuando el conflicto se sostiene durante tanto tiempo es porque está consolidado, razón por la cual   el urgente deseo de abandonar lo que siempre ha sido inconveniente no es tan fácil de cumplir. Conocidos son los dichos populares, tales como que “quien juega con fuego,  al final se quema” y “donde hubo fuego,  cenizas quedan”, y por este motivo,  aunque  en lo institucional se trate de “barrer” y “fregar” rápido y con la mejor técnica, siempre  quedan rastros,  para cuya visualización no hace falta acudir a la más alta tecnología, porque teniendo en cuenta  que la gran mayoría no repara en ello, la limpieza que se procura desde las instituciones cada vez es más burda. 

La Democracia exige cimiento, estructura y mantenimiento y en la actualidad sólo existe fachada y  cada día más deteriorada.  Lo que hace décadas era vicio oculto ahora es defecto grave y visible, circunstancia que  debemos acoger positivamente, porque  esa manifestación  puede  provocar que la soberanía focalice en la traición a la que viene siendo sometida de antiguo, con una red de compinches manejados desde un núcleo muy protegido.  No obstante,  el afán de notoriedad y fama de los integrantes de más alto rango  hacia la  repercusión de la  apariencia,  desde un cargo desde el que manifiestan lo contrario a lo que disponen, comienza a comprometer la  protección del cuadro de mandos, lo cual supone el inicio del camino  para nuestro único objetivo, que no es otro que alcanzar la Democracia.

Ese núcleo de poder  es el que castiga con  la desigualdad ante la ley a todo aquel que osa acercarse a su descubrimiento, tanto de forma directa como indirecta,  aunque lo que se persiga sea tan urgente y especialmente protegido como la defensa de derechos fundamentales, que no se  duda  en sacrificar si se compromete la autoridad oculta, desequilibrando la balanza hacia  la conducta criminal frente a intereses  de dignidad y vida. 

Estos días hemos escuchado una entrevista del Sr. Casado en Onda Cero, con el periodista Don Carlos Alsina, en la que ni siquiera ha sabido definir la función del Tribunal Constitucional, de forma que renuevan órganos que no saben lo que son. Hablaba el líder de la oposición de que el Tribunal Constitucional tiene “parte de judicial en cuanto a casación” y es un Tribunal de Instancia, lo cual no sólo no es cierto sino que resulta de un bochorno absoluto que quien quiere dirigir los destinos de nuestro país manifieste cuestiones como estas, porque no sólo no lo ha aprendido, sino que al parecer se lo han explicado mal, y por ello ya ni siquiera repara en que es muy importante guardar las formas, también para elegir a los candidatos que propone para el garante de nuestra Carta Magna. 

Habida cuenta que no hay nada más gráfico que un ejemplo, imaginemos uno  de corrupción institucional con múltiples intervinientes y la colaboración de la prensa (Discúlpeme el lector por las reiteraciones, pero considero que así se entenderá mejor):

Imaginemos a un alto cargo político en contacto  con la policía,  que  sorprendentemente le informa del desarrollo de un atestado, atestado que pasa al Juzgado y se archiva, sin llamar a declarar a aquel al que el alto cargo procuraba persecución con colaboradores en la denuncia y acusación. Se archiva porque en contra del interés del alto cargo  no hay ni siquiera indicios de criminalidad. 

Imaginemos a ese alto cargo, filtrando a la prensa lo que le interesa, al margen del procedimiento y de forma sesgada,  consiguiendo que se publique la versión que le interesa,  en artículos en serie,  con el fin de refrendar su tesis de culpabilidad respecto a aquel al que quiere destruir, presentándole ante la opinión pública como un delincuente. 

Imaginemos a la prensa, y a un medio en concreto (seguro que casi todo el mundo acierta el medio en cuestión)  publicando auténticas salvajadas, como que la policía, al margen del Juzgado, creía veraces los hechos que interesaba el alto cargo, hasta el punto de desconfigurar completamente  la realidad con un presunto refrendo de la institución policial, tratando de construir hechos a base de sospechas en un auténtico desvío de funciones.

Imaginemos a la Abogacía del Estado intentando una incriminación sin pruebas por orden y dirección del alto cargo, con generalidades vagas y abstractas. 

Imaginemos,  tras el archivo de la causa penal, el inicio de un procedimiento civil para protección del derecho fundamental al honor, donde el alto cargo decidía quien es el abogado de la parte que él protegía, (aunque en realidad se protegía a sí mismo) y  que en este proceso civil era  parte demandada. 

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Imaginemos al alto cargo postulándose como testigo del procedimiento a favor de la parte  demandada, manejando el proceso y  citando a dos policías con su número identificativo como prueba que abonaría su tesis.  

Imaginemos a la representante del Ministerio Fiscal vejando al demandante de honor en la sala de vistas sin hacerle ni una sola pregunta, tratado a sus testigos con odio e  ira, mientras era condescendiente y empática con el alto cargo, y los testigos de la parte a la que apoyaba. 

Imaginemos que la representante del Ministerio Fiscal no firmaba sus escritos en sede judicial. 

Imaginemos que la sentencia de la primera instancia recogía los hechos que explicó el alto cargo en juicio,  aunque por ausencia de pruebas y ocultación de autorías, vulneraran  la presunción de inocencia, al tiempo que se puede imaginar   al  juez utilizando esos mismos hechos para desestimar lo contrario a lo que interesaba el alto cargo, y darle la razón al mismo, aunque en puridad no era parte.. 

Imaginemos que la sentencia se recurre y el Juzgado tarda una eternidad en elevar los autos a la Audiencia Provincial, que tiene que requerir al órgano judicial  ante su tardanza, y ello a pesar de la insistencia  de la representación procesal  del recurrente, (todos los días) para que se agilizara.

Imaginemos al alto cargo como protagonista en medios de comunicación escritos  para justificarse y tratar de consolidar el convencimiento de la opinión pública,  una vez que había  leído el recurso que le dejaba en entredicho. 

Imaginemos que la Audiencia falla en contra del interés del alto cargo, detallando incluso que su testifical tenía nulo valor probatorio.  

Imaginemos que el abogado designado por el alto cargo  interpone un recurso ante el Alto Tribunal, con una técnica de recurso de casación no ya defectuosa sino bochornosa, que incumple los criterios de admisión del propio Tribunal y  no se hubiera admitido a ningún otro abogado, pero logra la admisión. 

Imaginemos que sin dar ninguna explicación ni justificación se cambia el ponente del recurso a última hora. 

Imaginemos a la Fiscalía posicionándose por primera vez, y por vergüenza, en contra de la tesis del alto cargo, y que sin embargo se dedique a su informe una sola línea en la sentencia. 

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Puede leer:  La corrupción en España

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Imaginemos una sentencia estimatoria en el Alto Tribunal a favor de la tesis del alto cargo, en tan solo  10 meses desde que se presentó el recurso, cuando la media de resolución en esa sala es de más de 22 meses. 

Imaginemos el telediario del mismo día, dando la noticia de la sentencia,  haciéndola coincidir y comparándolo con un caso repugnante y escandaloso en Estados Unidos, como refuerzo de la tesis del alto cargo. 

Imaginemos que aquel que perdió en el Alto Tribunal, en contra del interés del alto cargo, formula un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la Fiscalía que había informado a su favor en el Supremo, guarda silencio y deja de proteger el derecho fundamental que tan tajantemente había defendido con anterioridad, dejando al recurrente completamente “tirado”. 

Imaginemos que el recurrente, antes de presentar el Recurso acierta el Magistrado que iba a figurar el primero en la providencia de inadmisión en sede del Tribunal Constitucional.  

Imaginemos que el recurrente renuncia a formular recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque vigente la condena en contra de los intereses del alto cargo, se hicieron entrevistas a la protegida del mismo  en las redes sociales del Consejo de Europa, facilitando su comparecencia ante el Comité de Ministros de dicho organismo, en defensa de la tesis del alto cargo, colaborando además la no recurrida en proyectos del organismo europeo que tutela el Tribunal de Derechos Humanos.

Imaginemos que la protegida del alto cargo comparece ante una comisión del Congreso de los Diputados para presentar una asociación, acusando de nuevo sin pruebas, e imaginemos que nadie en esa comparecencia en el congreso le  pregunta por la pseudo fundación con la que la compareciente, antes de constituir su nueva asociación pedía dinero en internet, al tiempo que era tenida en cuenta en planes públicos del órgano de gobierno que presidía el alto cargo.

Imaginemos que la compareciente, que no tenía trabajo,  empieza a trabajar en un órgano fiscalizado y controlado  por el entonces alto cargo, trabajo que abandona , una vez que ya el alto cargo no es alto cargo, para “ascender” a un organismo internacional, donde también trabaja un amigo de este. 

Imaginemos que cada cierto tiempo  se publicara   una entrevista escrita o un programa de televisión recordando los hechos no probados y la tesis del alto cargo que trabaja ahora  en comunicación e información. 

Imaginemos que,  en todo este imaginar,  los intervinientes más importantes del caso  tuvieran relación entre sí, habiendo  trabajando con el alto cargo  o  con alguno de sus familiares  y a su vez unos cuantos de ellos  formaran parte de alguna universidad o de algún instituto o institución con vinculaciones en el mismo partido político, formación  de esas que dice el expresidente francés Sarkozy, “que son fuertes y poderosas”. De esas   que  bloquean  o facilitan los nombramientos en el Consejo General  del Poder Judicial y que proponen a juristas de reconocido prestigio para el Tribunal Constitucional tras una larga andadura en sus filas como diputados en la Cámara Baja u otras circunstancias para la renovación. 

 Imaginemos que es “alguno de estos del reconocido prestigio” (lo siento no me merecen mejor trato)   quien figuraba el primero en la resolución sin motivar respecto  la inadmisión de un recurso de amparo que merecía cuando menos la admisión de un recurrente que defendía su honor a ultranza,  sabedor que le habían hecho un daño tan injusto como irreparable. A él, a toda su familia y a los miles de seguidores en todo el mundo, que admiraban su trabajo.  

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Podemos imaginar mucho más y nos quedaríamos cortos, porque en este caso  la realidad excede la ficción, ya que todo lo aquí expuesto, es cierto. 

En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento, dijo Einstein, más aún cuando imaginando lo inimaginable  se puede obtener  la verdad,  y este ejercicio nos puede librar   de la corrupción y la apariencia, para instaurar, por fin, la Democracia y la Libertad, desterrando para siempre este tipo de “altos cargos”, que promocionan la ocultación de las tramas,   protegiendo a los intervinientes más débiles, ya que si estos  flaquean  y hablan, sería la red quien acabaría desprotegida.   

Termino con unas preguntas, directas para el Sr. Casado y para los medios de comunicación que lo ocultan. ¿ Saben Vds quien puede ser ese ex alto cargo? ¿Saben que la libertad y la democracia no se sostienen en la imaginación? ¿Sabe, Sr. Casado que el Tribunal Constitucional está para proteger las libertades públicas y los Derechos Fundamentales de todos los Ciudadanos por igual? ¿Sabe, Sr. Casado la de veces que he imaginado poder hacerle estas preguntas? 

Espero que sus propuestas para el Tribunal Constitucional sean acertadas y tenga Vd en cuenta lo que le pregunto,  para no tener que imaginar más. 

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