Voy a concentrarme únicamente en dos puntos sobre los cuales quiero atraer la atención de los parlamentarios llamados a pronunciarse sobre la transformación del decreto en ley.
UNA VACUNA PELIGROSA PERO OBLIGATORIA
El primer punto es la evidente –y subrayo el término– la evidente contradicción del decreto en cuestión.
Ustedes saben que el Gobierno, mediante el decreto-ley especial número ddl 44/2021 llamado «escudo penal», ahora convertido en ley, se exoneró de toda responsabilidad en cuanto a los daños causados por la vacuna.
Y la gravedad de esos daños viene del hecho que el artículo 3 del decreto en cuestión menciona explícitamente los artículos 589 y 590 del Código Penal, que se refieren al homicidio involuntario y… a las afectaciones por negligencia.
Como han señalado juristas de referencia, eso significa que el Estado no quiere asumir la responsabilidad por una vacuna cuya fase experimental no ha terminado aún pero, al mismo tiempo, hace todo lo posible por obligar los ciudadanos a vacunarse, amenazándolos con quedar excluidos de la vida social, y ahora, con el nuevo decreto que ustedes están llamados a validar, privándolos incluso de la posibilidad de trabajar.
¿Es posible, pregunto yo, imaginar una situación jurídicamente y moralmente más anormal que esta?
¿Cómo puede el Estado acusar de irresponsabilidad a quienes optan por no vacunarse, cuando ese mismo Estado es el primero en rechazar formalmente toda responsabilidad por las posibles consecuencias graves?
Recuerden ustedes los artículos 589 y 590: fallecimientos y daños provocados por la vacuna.
Yo quisiera aquí que los parlamentarios reflexionen sobre esa contradicción que, en mi opinión, constituye una verdadera monstruosidad jurídica.
EL “PASAPORTE COVID”, ¿CONSECUENCIA O FINALIDAD?
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El segundo punto sobre el cual quiero llamar la atención de ustedes no tiene que ver con el problema médico de la vacuna sino con el problema político del “pasaporte covid”, problema este que no debe confundirse con el primero.
Nos hemos vacunado tantas veces sin que eso nos obligara a mostrar un certificado…
Científicos y médicos han dicho que el “pasaporte covid” carece de significación médica en sí pero que sirve para obligar la gente a vacunarse.
Yo creo que más bien puede decirse lo contrario, o sea que la vacuna es un medio de obligar la gente a tener un pasaporte sanitario, o sea un dispositivo que permite controlar y seguir los movimientos [de la gente], una medida sin precedente.
Los politólogos saben desde hace tiempo que nuestras sociedades han pasado de un modelo que antes se llamaba de «sociedad disciplinaria» al modelo de «sociedad de control», de sociedad basada en un control numérico casi ilimitado de los comportamientos individuales, que se convierten así en cuantificables en un algoritmo.
Estamos acostumbrándonos ahora a esos dispositivos de control. Pero yo pregunto: ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que llegue ese control?
¿Es posible que los ciudadanos de una sociedad supuestamente democrática se hallen en una situación peor que la de los ciudadanos en la Unión Soviética de Stalin?
Ustedes saben quizás que los ciudadanos soviéticos estaban obligados a presentar una propiska, un salvoconducto para cualquier desplazamiento de un lugar a otro.
Pero nosotros también estamos obligados a presentar un pasaporte sanitario para ir a un restaurante, o hasta para ir a un museo o al cine.
Y ahora –lo que es todavía más grave con el decreto que ustedes deben convertir en ley– habrá que presentarlo incluso cada vez que usted vaya a trabajar.
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Además, ¿cómo aceptar que, por primera vez en la historia de Italia desde las leyes fascistas de 1938 sobre los no arios, inventemos ciudadanos de segunda sometidos a restricciones que, desde un punto de vista estrictamente jurídico y aun tratándose de dos fenómenos que no tienen nada que ver –me refiero a la analogía jurídica–… sufren restricciones idénticas a las que sufrieron los no arios?, lo cual, como ustedes saben, afectaba principalmente la posibilidad de casarse…
Todo lleva a pensar que los decretos que aparecen uno tras otro, como si vinieran de la misma persona, deben inscribirse en un proceso de transformación de las instituciones y de los paradigmas de la forma de gobierno de las sociedades de las que somos parte.
Es una transformación tanto más insidiosa cuanto que, como sucedió con el fascismo, se desarrolla sin que haya habido cambios en el texto de la Constitución… subrepticiamente.
El modelo que así se corroe y se anula es el modelo de las democracias parlamentarias con sus derechos, sus garantías constitucionales.
Y en su lugar se instala un paradigma de gobierno en el cual, en nombre de la bioseguridad y del control, las libertades individuales están condenadas a sufrir crecientes limitaciones.
La concentración exclusiva de la atención en las infecciones y en la salud, en efecto, me parece que nos impide percibir cuál es el sentido de esta gran transformación que está realizándose en la esfera política.
Y eso impide que nos demos cuenta de que, como los gobiernos mismos nos lo recuerdan sin descanso, la seguridad y la urgencia no son fenómenos transitorios sino que constituyen la nueva forma de gobernar.
Creo que en esa perspectiva es más urgente que nunca que los parlamentarios consideren con extrema atención la transformación política en marcha, que no se concentren únicamente en la salud… la transformación política que está teniendo lugar, y que por cierto inevitablemente conducirá a largo plazo a despojar el Parlamento de sus poderes, reduciéndolo –como está sucediendo actualmente– a simplemente aprobar, en nombre de la bioseguridad, decretos provenientes de organizaciones y de personas a quienes poco importa el Parlamento.
Gracias. Giorgio Agamben
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