No me queda la menor duda que el abandono de los valores trascendentales que nos dieron identidad como nación es el origen de la crisis generalizada que atraviesa Colombia.
Desde hace 6 décadas el marxismo-leninismo ha intentado la toma del poder a través de la subversión y el terrorismo, patrocinado inicialmente por la dictadura cubana, Rusia y la China, y autofinanciado luego gracias al tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión (conocida entre nosotros como “vacuna”), la corrupción estatal y la minería ilegal.
El sacrificio y la heroica tarea de las Fuerzas Armadas impidieron la caída del país en las garras del comunismo, lo cual generó un cambio en la estrategia de la izquierda radical, optando por la penetración de todos los estamentos de la sociedad con su ideología.
Se desterró de la educación la enseñanza de la religión, la cual fue sustituida por el adoctrinamiento en el materialismo marxista desde la escuela primaria hasta la universidad.
Por décadas los maestros afiliados al sindicato comunista FECODE se han dedicado a la siembra del odio de clases y a la estigmatización de todo el que se atreva a disentir de su perversa doctrina. En la universidad, decanos y catedráticos que gozan de todos los privilegios estatales se encargan de graduar a sus educandos en la ideología que más asesinatos ha necesitado para su implantación en los países comunistas.
¿Por qué nos extrañamos que una gran parte de colombianos afirmen en las encuestas su preferencia por un terrorista para la Presidencia de la República, si desde la universidad y desde los medios de comunicación los han enseñado a venerar un asesino como el “Che” Guevara?
Nos acostumbramos a ver en las zonas marginales de nuestras ciudades a miles de niñas, convertidas precozmente en madres, sin recursos para mantener a sus hijos, sin la formación para educarlos cuando ellas mismas no han podido formarse. ¿Qué futuro le espera al país con esas nuevas generaciones?
Es una consecuencia de la falta de una educación basada en los principios de la ley natural, del mensaje evangélico y de la civilización occidental que dieron forma a nuestro país y ahora se han olvidado.
Ni en el hogar ni en las aulas los niños y jóvenes reciben esa formación. Ahora lo que prima es el libertinaje, los supuestos derechos a definir su sexo, la rebeldía contra los padres, los maestros y las autoridades como norma de vida, la calumnia y la injuria como método para defender nuestras opiniones, la violencia y el terrorismo para los cuales desde niños son entrenados por sus maestros y contratados por los agitadores profesionales.
Claro que gran parte de la responsabilidad en esta pérdida de valores corresponde al Estado. Un Estado que suscribió un pacto humillante y espurio y unos gobiernos – de Santos y Duque- muy aplicados en su implementación. Pacto con el que se sentó un funesto precedente: Premiar a los mayores criminales de nuestra historia con curules en el Congreso y enviar a la cárcel a los soldados de la Patria que defendieron la Constitución y la soberanía. ¿Cómo podemos exigir al resto de colombianos que se atengan a principios, valores y normas de conducta correctas, con semejante ejemplo?
Nos hablan de LEGALIDAD cuando la gestión pública está sujeta a un acuerdo espurio, que el pueblo rechazó en un plebiscito.
Nos hablan de DEMOCRACIA, cuando no se respeta la voluntad del pueblo soberano manifestada en el plebiscito.
Nos hablan de SOBERANÍA NACIONAL pero se monta un tribunal, la JEP, con magistrados elegidos por extranjeros afiliados a organizaciones de izquierda. Ahora se somete el país a los dictados de la Corte Penal Internacional abiertamente proclive a la ideología marxista. No nos basta con las misiones de ONU a las que se les prorrogó su contrato para que sigan afianzando el poder de la izquierda en Colombia.
Nos hablan de EQUIDAD, cuando gran parte del presupuesto se gasta en alimentar la voracidad de la clase política y en sostener un Estado paquidérmico e ineficiente, mientras el 42% de los colombianos vive en la pobreza.
Nos hablan de JUSTICIA en un país donde las Cortes sirven intereses políticos, se oponen a la erradicación de la coca y venden sus providencias al mejor postor.
Se habla de TRASPARENCIA cuando la corrupción estatal cubre todos los niveles del Estado y cuesta al año el doble de lo que se recauda en una reforma tributaria.
Echamos de menos en los programas que exponen los precandidatos a la Presidencia el rescate de nuestros más caros valores: La dignidad de la persona humana, la defensa de la Familia tradicional como núcleo fundamental de la sociedad, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el respeto por la voluntad popular expresada libremente en las urnas, la obligación del Estado a garantizar la vida y el patrimonio de los colombianos conculcados por los grupos subversivos, la tramsparencia en el manejo de los recursos públicos, el rescate de la legalidad perdida en el fatídico pacto Santos-FARC, la oportunidad de empleo para todos los colombianos, la aplicación honesta e imparcial de la Justicia, y la garantía del derecho de propiedad como motor del progreso económico y social.
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