Este peculiar país, en el que trabajo desde hace algunos años, siempre ha tenido características “chocantes”. El viajero que no las conocía encontraba, con sorpresa, que era interrogado varias veces en cada paseo y allí siempre se encontraba algo incompleto o irregular en su documentación. Muchas veces era examinada por los agentes visualizándola boca abajo. O no sabían leer, muchos de ellos, o carecían de interés por hacerlo correctamente. La conversación solía acabar con la frase “dame agua” que significaba adjuntar algunos billetes para obtener la ansiada tranquilidad y poder continuar nuestro recorrido. Nos acostumbramos a vivir así y hasta a desarrollar habilidades para eludir, en lo posible,  la corrupción.

Desde hace unas dos semanas todo cambió. Detenciones indiscriminadas en las que los ciudadanos, especialmente de origen camerunés, sufrían detenciones arbitrarias pasando noches enteras en la cárcel. Independientemente de que su documentación estuviera, o no, en regla se les exigía cantidades elevadas para  recuperara la libertad. Incluso los dependientes de algunos comercios fueron arrebatados a la fuerza, dejando abiertas las puertas del local, el dinero expoliado, los artículos en venta arrebatados por los viandantes. Al principio la agresión iba dirigida a la población negra. Luego la represión se extendió a los blancos, entre ellos los españoles (doce de ellos fueron detenidos y luego gracias a la atención consular) dejados en libertad y a los chinos. Un toque de queda ha sido impuesto a las 18 horas y, sin piedad, las tropas del Gobierno y su policía arrasan los barrios, maltratan a la población, secuestran, pegan e incluso matan de forma indirecta. Algunos ciudadanos han muerto por golpe de calor, otros por palizas o por carecer de dinero. 

El terror impera en la calle mientras los Gobiernos callan y estos hechos no llegan a la opinión pública. El país sufre un auténtico saqueo por parte de su propio ejército. Desconocemos el motivo último de esta actitud. Algunos culpan a la actitud esquizoide del Vicepresidente del Gobierno, personaje perseguido por la justicia francesa y británica. Otros piensan que ante la imposibilidad de pagar a las Fuerzas Armadas les han dado vía libre para un inmenso saqueo. El día de hoy la población extranjera permanece escondida, sus domicilios violentados con palos y utensilios metálicos. Un inmenso silencio invade la ciudad. Muchos ciudadanos han sido trasladados hasta la frontera y, cuando han llegado allí, les han dado la posibilidad de volver si pagaban cuantiosas cantidades. Los países del entorno reaccionan violentamente cerrando sus fronteras y provocando proporcionar un trato recíproco a los ciudadanos guineanos que en ellos residen. Cualquier chispa, pues los extranjeros se plantean armarse y hacer frente al desorganizado y patético ejército guineano, auxiliado por mercenarios israelíes ugandeses y ucranianos. Puede generarse un baño de sangre.

El Gobierno de España no puede ocultar esto ni dejar de tomar medidas. Tiene una responsabilidad histórica y miles de ciudadanos guineanos disfrutan de doble nacionalidad guineana y española. La situación es gravísima y desearía que no acabe con un derramamiento de sangre todavía mayor. Este país debe ser conducido a la legalidad internacional y, si eso no es posible, evacuar a las comunidades extranjeras. En la mente de todos está la matanza de un millón de personas en los enfrentamientos entre Utus u Tusis en Ruanda. España tiene la obligación de intervenir y el Santo Padre, con su Iglesia, debe poner fin a esta situación calamitosa que ofende a los sentidos y a la razón.

Bata a 12 de Noviembre del 2021- Por José Iradier Ponce de León

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