Cuando Maximiliano falleció en 1519 le dejó a su nieto español Carlos I, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. De ahí que se le llamase Carlos V, porque ocupaba ese lugar en la línea de los Carlos que heredaban la corona más importante de Europa. Pero también le dejó unas cuantas deudas. Para comprar la voluntad de los príncipes electores alemanes y que dieran la poderosa corona al español, Maximiliano había pedido dinero prestado a unos banqueros teutones llamados Fugger. Apenas Carlos V fue nombrado emperador, tuvo que firmar con ellos unos documentos llamados “asientos”, donde se comprometía a devolver los préstamos y sus intereses, es decir, nuestras Letras del Tesoro de hoy. Como garantía, Carlos V ofreció las rentas de las minas de mercurio del Guadalcanal de Almadén y los impuestos del Maestrazgo (comarca que abarcaba Castellón y parte de Aragón). Y también el oro y plata de las Indias. Con ello quedaba inaugurada la deuda externa, que hoy está absolutamente desbocada, y que también hoy como ayer, si no pagas, se quedan con tus propiedades. Y si no les das nada, no te vuelven a prestar.

Los Fugger, los Welser, y algo más tarde, los conocidos como “los genoveses”, −numerosos individuos de familias de patricios del siglo XVI y XVII que se dedicaban a la actividad mercantil, financiera e industrial−, fueron prestamistas de la Hacienda española. Entre ellos se pueden contar Doria, Centurione, Spínola, Grimaldi, Pallavicino, Grillo, Piquinotti, Invréa, Negri, Vivaldi, Serra, y Squarzifico.

A pesar de los cuantiosos préstamos, Felipe II, agobiado por los gastos derivados de la guerra en los Países Bajos, tuvo que admitir lo que se conoce como quiebras de Felipe II, es decir,los distintos incumplimientos de los compromisos de pago de la deuda pública de la hacienda durante su reinado. El rey declaraba la bancarrota y suspendían pagos pero por su completa dependencia de los préstamos de los asentistas, se quedaron en reestructuraciones pactadas de la deuda que suponían una modificación de las condiciones de la misma: alargamiento de los plazos, quitas o reducciones de los intereses o del principal debido a los particulares con menor capacidad de negociación (especialmente los súbditos particulares), y renegociaciones crediticias con los más importantes. La primera de las quiebras se produjo en 1557 como consecuencia de la deuda contraída por Carlos V, la segunda, en 1575-76, afectó de forma extraordinaria a la ciudad de Amberes y a la banca de los Fugger y la tercera se produjo el 29 de noviembre de 1596.

Con Felipe III se produjeron varias quiebras menores en instituciones sevillanas, pero la principal suspensión de pagos fue la que se llevó a cabo en 1607. La acumulación de débitos e imposibilidad de cancelarlos llevaron a decretar la bancarrota, reconvirtiendo la deuda flotante en deuda consolidada o juros[1]. Las dificultades hacendísticas fueron una constante de todo el reinado de Felipe IV, caracterizado por la conciencia de la denominada decadencia española y la crisis general del siglo XVII así como por los precedentes de las quiebras de los reinados anteriores.

Con Carlos II las dificultades hacendísticas heredadas obligó a la suspensión de pagos en 1666. Esta fue la última vez que se recurrió a tal expediente, quedando los réditos de los juros en casi diez millones de ducados en 1669, mientras que el valor de las recaudaciones era de menos de doce millones. Sin embargo, la reordenación monetaria del reinado de Carlos II consiguió reequilibrar el sistema financiero A partir de entonces los precios se estabilizaron, el valor de la moneda de plata castellana se equiparó al de sus equivalentes europeos, y mejoraron las finanzas tanto de la Hacienda como de los particulares, si bien partiendo de un nivel enormemente precario.

La nueva coyuntura económica positiva durante el siglo XVIII, bajo la dinastía Borbón no presenció nuevas suspensiones de pagos generalizadas. Los ilustrados por su nueva mentalidad e ideas sociales, tildados por estamentos conservadores de masones, jansenistas o volterianos, van a plantearse sustraer esta propiedad. Así los ministros de Carlos III, empapados de un espíritu reformista, iniciarán el estudio de los más graves problemas y sacarán a la luz importantes realizaciones en materia de obras públicas, así como la realización de la reforma agraria de los ilustrados. Sin embargo, la crisis del Antiguo Régimen  sí produjo problemas financieros insalvables que el nuevo Estado Liberal se vería obligado a enfrentar con un recurso revolucionario: la Desamortización que empezó en 1798 con la denominada Desamortización de Godoy que según Francisco Tomás y Valiente presentó «las características siguientes: apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas»; venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda».

El recrudecimiento de las relaciones exteriores españolas, hace que España deba mantener cuatro enfrentamientos básicos durante el período 1793-1808. Para hacer frente a los desorbitados gastos que producen estos enfrentamientos, el Estado emite Deuda Pública, que para el período 1794-1799 es evaluada por Tomás y Valiente en más de 3.000.000 de reales y que nueve años después, en 1808, Canga Argüelles ya la evaluó en unos 7.000 millones, es decir, más del doble. Godoy intenta solventar la situación poniendo en relación Deuda Pública y Desamortización, siguiendo las ideas de Floridablanca, pero las ventas de bienes organizadas durante su valimiento no da los resultados apetecidos y la Deuda pasa de 7.000 millones a 19.000 millones en 1827.

Canga Argüelles proponía desamortizar determinados bienes de «manos muertas» que se pondrían a la venta.  Se denominaba «bienes nacionales» a las propiedades que iban a ser incautadas por el Estado para venderlas en pública subasta. Se trataba de los bienes confiscados o por confiscar a los «traidores», como Manuel Godoy y sus partidarios, y a los «afrancesados»; también a los de la Orden de San Juan de Jerusalén y de las cuatro órdenes militares españolas: Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa; los de los conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra; las fincas de la Corona, salvo los Sitios Reales destinados a servicio y recreo del rey; y la mitad de los baldíos y realengos de los municipios, pero​ apenas pudo aplicarse esta desamortización debido al inmediato retorno de Fernando VII y del Estado absoluto.

Se debatió de nuevo en las Cortes en 1813: José Mª Calatrava y Vicente Terrero se opusieron. Éste afirmó durante uno de los debates: ​

Me opongo a la venta de propios y baldíos… ¿para quién será el fruto de semejantes ventas? Acabo de oírlo: para tres o cuatro poderosos, que con harto poco estipendio engrosarían con perjuicio común sus propios intereses .Así fue.

Con el Trienio Liberal (1820-1823) vuelven las leyes desamortizadoras impulsadas por la masonería. Las de Mendizábal[2] , primero en 1836, contra el clero religioso y en 1841, contra el secular. Hasta 1844 que volvieron los moderados, se procedió rápidamente a la venta del patrimonio de la Iglesia en general. Tras La Vicalvarada de 1854 y el pronunciamiento de O’Donnell, pasa a presidir el gabinete Espartero con Pascual Madoz, progresista, como ministro de Hacienda quien, realiza la desamortización más importante.

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Comenzó en 1855 y se prolongó prácticamente hasta los mismos comienzos del siglo XX. Se completó la desamortización eclesiástica y se acometió la expropiación de los bienes estatales y municipales, especialmente las tierras comunales, lo que tuvo profundos efectos medioambientales y sociales, tanto, que algunos la han calificado como  el “mayor desastre ecológico” que ha padecido nuestro país porque potenció la deforestación, −que ha sido un proceso constante en nuestra historia− y, en consecuencia, muchas especies de flora y fauna autóctonas. Los robledales de cientos de años fueron talados y, en consecuencia, el pito negro, el oso pardo y el lobo ibérico, ya no se dieron a partir de la cara sur de la cordillera cantábrica.

También hubo consecuencias sociales. Al desaparecer los montes comunales, se dio al mundo rural el primer gran golpe a su modo de vida, provocando el primer gran éxodo rural: hacia las ciudades donde se necesitaba mano de obra para los grandes Ensanches que se planificaban ya. Y también hacia América, donde se produce la primera gran oleada migratoria de campesinos pobres en busca de una vida mejor.

En definitiva, cientos de miles de fincas rústicas, muchas de ellas forestales o con fuerte presencia forestal, fueron desamortizadas para que se pusieran en explotación y, en teoría, generar riqueza económica. Sin embargo, la especulación, como ya advirtió Terrero[3], fue la gran beneficiada de este proceso y no la reducción del déficit.

Después del asesinato de Cánovas, Fernández Villaverde fue nombrado ministro de Hacienda en el primer gobierno formado por Francisco Silvela, en 1899. Reorganizó la Hacienda pública de España a raíz de la crisis finisecular que experimentó España a finales del siglo XIX tras el desastre de la guerra en Cuba y Filipinas, que había supuesto un incremento de la deuda pública de unos 11.500 millones de pesetas. Su labor más urgente fue reducir esa deuda y reformar el cuadro de los ingresos. Para dominar la deuda pública tomó medidas que demoraban el pago y reducían los intereses. Se comenzó a tributar por la riqueza y se impuso contribuciones sobre las utilidades, sobre las rentas del trabajo y del capital y sobre los beneficios de las sociedades. El saneamiento financiero fue la gran obra de Villaverde, pues redujo el volumen y las cargas de la deuda a medio plazo. Realizó una gran obra hacendística, aunque fue muy protestada. De junio a noviembre de 1899, acontecieron movilizaciones y conflictos en contra de los cambios fiscales, sin embargo, esta política tributaria, unida al saneamiento de la Deuda Pública y a la contracción del gasto del Estado propició el superávit presupuestario entre 1900 y 1908.

Entre 1908 y 1914 se produce un retorno al déficit del saldo presupuestario debido a la intensificación de las operaciones militares en África, de modo que, asustados por ese creciente déficit, todos los ministros de Hacienda, independientemente de su color político, presentaron complejos programas de reformas tributarias con los cuales pretendían reforzar los ingresos y modernizar el sistema tributario. No obstante, todos los proyectos se estrellaron en las Cortes. La inestabilidad gubernamental derivada de la crisis del sistema del turno de partidos y la conflictividad social en Cataluña y Andalucía, la guerra de Marruecos y los conflictos de las juntas militares. En 1921, año de intensa actividad bélica en Marruecos, la deuda ascendió a 1.338 millones de pesetas. En 1928, Calvo Sotelo, para compensar la merma de ingresos y el aumento de la deuda, crea el monopolio de petróleos y Jaume Carner, minjstro de Hacienda de Azaña, creó un tímido impuesto sobre la renta.

Terminada la Guerra Civil, España era un país devastado como resultado del conflicto y del expolio (robo del oro del Banco de España y de las monedas antiguas del Museo Arqueológico) por miembros de la II República. Fue un período difícil de recuperación económica en circunstancias nada favorables, aislada internacionalmente, (otros países que sufrieron la SGM, recibieron ayudas económicas como los conocidos Plan Marshall), con la población diezmada, una economía destrozada y la mayor parte de los intelectuales exiliados. En el proceso de recuperación, se distinguen dos etapas muy diferenciadas, un período de posguerra durante los años 40 y 50, fundamentalmente de estabilización, y los 60 y 70, de modernización y cambio social con los “planes de desarrollo” que potenciaron la red industrial, con industrias como la automovilística o la naval, que fueron determinantes, junto al turismo, en lo que se llamó «el milagro español». Se modernizó el campo con maquinaria, regadíos, cooperativismo y concentración parcelaria; se ampliaron infraestructuras, como las carreteras, los pantanos o el ferrocarril, y se amplió la red eléctrica. Con la expansión industrial y terciaria se produjo un cambio socioeconómico y comenzó un importante trasvase de población del campo a la ciudad, que se aceleró a partir de los 60. Se produjo gran desarrollo del sistema educativo, se fortaleció la red de centros e implantó la Educación obligatoria en primaria. Creció el número de bibliotecas populares, aumentó el mundo editorial, libros, revistas y el auge del cómic, llamados «tebeos», disminuyó el porcentaje de analfabetos y se creó el CSIC para tratar de desarrollar la investigación científica.

Los años de crecimiento fulgurante hasta 1975, tan bruscamente frenados por ese “desastre sin paliativos”, −como lo denominaría el Rey, −según Fuentes Quintana[4]−, quien con un plan económico de emergencia nos salvaría ‘in extremis’:“a estos tíos [la oligarquía política] no les importa España, no están por las reformas, ni por la eficiencia que ni saben qué es; solo les importan la relevancia social, los pelotazos, el saqueo de la nación con las comunidades autónomas y los monopolios, y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos tan ignorantes y venales como ellos. Con ellos, jamás volveremos a alcanzar crecimientos como los de los últimos 30 años”. Esto dijo Fuentes Quintana y su juicio fue profético, porque nada ha cambiado. Durante 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% de entre 1950 y1975. Y sin embargo los españoles no son conscientes, aunque pronto lo serán cuando el BCE deje de comprar deuda (ya lo ha advertido) y estalle la gigantesca burbuja acumulada para financiar el Estado autonómico y las gabelas que nuestro último señor feudal concede graciosamente a familiares y amigos.

En solo 25 años, nuestra nación experimentó el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado, salido de una terrible guerra, pasó a tener el décimo PIB mundial. Hoy, nos han descendido al decimocuarto. De una renta per cápita en 1950 equivalente al 45% de la de los nueve países centrales de Europa que en 1975 constituían la Comunidad Económica Europea, al 83%, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzado desde el siglo XVI, hoy en el 71%. De una industria que en 1950 representaba el 12% del PIB, al 36% en 1975, y hoy hundida al 15% con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos y especuladores. Un dato importante: En 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita; hoy, la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda.

Pero no solo fue lo económico. La Administración española sería en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado, abogados, ingenieros o economistas, y un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay: 2,5 millones según las AAPP, tres millones según la EPA y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias. De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ministro de Hacienda Montoro, el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.

Pero si en lo económico y en la eficacia de la gestión se degrada todo lo realizado, en lo social el engaño alcanza proporciones del Ministerio de la Verdad. Repiten hasta el hartazgo que Felipe González creó la Seguridad Social, cuando fue Franco quien creó la sanidad pública universal (todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en 1975, y Franco murió en uno de ellos). Creó la pensión de jubilación, la de viudedad y estableció la edad obligatoria de jubilación en condiciones más favorables para los españoles que las que quieren imponer ahora los que “no van a dejar a nadie atrás” (Esto tiene fácil explicación: lo dice mirando a su padre).

En el área de los acuerdos internacionales, mejor no compararlos con las imperdonables actuaciones sufridas últimamente que nos han dejado consecuencias muy desfavorables para España. Franco, al contrario de los que nos han desgobernado posteriormente, supo rodearse de personas inteligentes y preparadas, como Alberto Ullastres, uno de los mejores ministros junto con López Rodó de toda la historia de España, artífice en 1970 del importante Acuerdo Económico Preferencial con la CEE por la que ésta redujo un 30% los aranceles de casi todos los productos españoles. Este acuerdo era infinitamente más ventajoso para España que la desastrosamente negociada entrada de pleno derecho con Felipe González en 1986, a costa del desmantelamiento industrial de nuestra nación[5].

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Además de Rumasa, se produjeron otros grandes fiascos empresariales de la democracia española: la Banca Catalana de Pujol, el Banesto de Mario Conde,  el caso Filesa (fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas: Filesa, Matesa y Time-Export, cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989). El caso Ibercorp de Manuel de la Concha, Terra de Juan de Villalonga, Gescartera de Antonio Camacho, Martinsa de Fernando Martín, Marsans de Gerardo Díaz Ferrán, Pescanova de Manuel Fernández Sousa, Bankia de Rodrigo Rato, Banco Popular de Ángel Ron, Abengoa de Benjumea…[6]

Menos halagüeño todavía es el futuro de las medidas adoptadas por Pedro Sánchez contra el fraude fiscal. El Consejo de Ministros no llegó a aprobar siquiera el proyecto de ley correspondiente, que hubiera incluido propuestas para limitar los pagos en metálico y actualizar la lista de paraísos fiscales, entre otras. Pero lo peor es que la deuda pública vuelve a marcar un nuevo récord. Esta vez no solo ha sido en términos absolutos, tras alcanzar los 1,392 billones de euros (máximo histórico), también ha marcado un nuevo hito en términos relativos, al superar el 125% del PIB, una cifra que no se veía desde 1881. Hay que remontarse al siglo XIX para encontrar un endeudamiento sobre PIB tan elevado, según la base de datos histórica del Fondo Monetario Internacional, un PIB de los más elevados de Europa.

¿Y las reservas? ¿Quedan reservas de oro en el Banco de España? Sabido es que al llegar las tropas de Franco a la Ciudad Universitaria de Madrid, el gobierno de la República abandonó la capital ´hacia Valencia, no sin antes expoliar el oro depositado en el Banco de España, que enviaron a su mentor Stalin. Un total de 510 toneladas de oro salieron del puerto de Cartagena hacia el de Odessa por orden del gobierno de la II República, presidido por Francisco Largo Caballero, y a iniciativa de su ministro de Hacienda Juan Negrín. En la actualidad las reservas en toneladas oro son de 281, 101 toneladas menos que Portugal (382); todos los demás países de la UE disponen de muchas más reservas oro y tienen mejores perspectivas económicas porque esto va en relación con la gestión económica que el gobierno realice.

Ante esta desastrosa situación económica que el gobierno no parece ni preparado ni dispuesto para solventar, un nuevo documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) –el anterior fue en 2014−, vuelve a poner a sobre el tapete la posibilidad de aplicar quitas soberanas y expropiar parte de los ahorros de las familias para reducir el ingente volumen de deuda que acumulan los gobiernos de los países desarrollados. En su último informe sobre Vigilancia Fiscal (Fiscal Monitor), publicado el pasado octubre, dicha entidad advertía de la posibilidad de confiscar hasta el 10% del patrimonio que acumulan los hogares para reducir la deuda pública a niveles de 2007, antes de de que estallara la actual crisis financiera.

Los economistas Reinhart y Rogoff prevén la quiebra parcial (default) de diversos países, refiriéndose en particular a la periferia del euro (entiéndase España), y avalan reducir la deuda pública mediante la transferencia de recursos desde los ahorradores privados hacia el Estado.

La conclusión del informe es clara. La historia demuestra que los gobiernos suelen optar por este tipo de salidas en caso de elevado endeudamiento público, y la situación actual no será muy distinta. En España, la sociedad ha sufrido a lo largo de los siglos varias quitas y quiebras financieras  del Estado, pero hay que reconocer que al menos en otros tiempos se empleaban en hazañas gloriosas, que Felipe II fue un trabajador infatigable que empleó a ministros, consejeros, ayudantes y demás comparsas en un imperio donde “no se ponía el sol” en menor número que el gobierno actual, el cual, a pesar del dispendio que para las arcas nacionales supone tan elevado número, no solo no los reduce, sino que sigue aumentándolos y con cierto abuso de poder incrementa su gasto al subirles el sueldo, sin respeto alguno por las personas en paro, 3.416.799, según los datos del tercer trimestre del presente año.

Los bienpensantes comodones dirán que esto de las quitas del 10% de nuestros ahorros familiares, no es posible porque éste es un gobierno progresista y no retrógrado, porque sería un volver atrás,si aplicase esas medidas. Lo harán. Se escudarán con que les obliga el FMI y el virus y para que ni siquiera podamos protestar por el robo para que con nuestros humildes ahorros compensen su derrochadora inutilidad. Sacarán diktats en forma de decreto ley, de manera que ni siquiera podamos ejercer el derecho al pataleo. Volvemos a ser siervos de la gleba[7] ante el señor feudal.

• [1] Un juro era un papel por el que se definía un privilegio a favor de la persona citada en él. Esta persona declaraba entregar al rey un capital y, a cambio, el rey le concedía el privilegio de cobrar una parte de determinados impuestos de la Renta feudal citados en el documento, hasta una cantidad prefijada.
• [2] Masón del «Taller Sublime» de Cádiz junto a Francisco Istúriz y Antonio Alcalá Galiano.
• [3] Terrero Monesterio, Vicente. San Roque (Cádiz), 18.III.1776 – Cádiz, 18.VI.1825. Diputado, examinador sinodial del arzobispado de Sevilla y del obispado de Málaga y Ceuta, y párroco mayor  de Algeciras. Se le conocía como “el cura de Algeciras”. Diputado por la provincia de Cádiz en las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813 tuvo una participación considerable, perteneciendo a tres comisiones, Reglamento de Cortes, Expedientes y Proposiciones Preferentes. En el debate sobre el principio de soberanía nacional, dentro de los postulados del padre Mariana defendió la potestad del legislativo basándose en lo más rebuscado de la tradición española, sosteniendo que la autoridad de la nación “es superior a la del Rey”, pidiendo, además, que la Jefatura del Estado estuviera estrechamente tutelada por el Parlamento
• [4] Enrique Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, Palencia, 13-XII-1924- Madrid,6-VI-2007) fue uno de los economistas españoles de la segunda mitad de siglo XX que tuvo mayor influencia académica y social, pero no solo en el campo de la hacienda pública sino también en el de la política.
• [5] Roberto Centeno: “El disparate económico” en “Cotizalia” de “El Confidencial” el 4-11-2018. NOTA: Por este artículo sobre los logros económicos y sociales del franquismo censuraron al autor que ya no puede escribir en este digital.
• [6] Miguel Ángel Noceda en El País: Los-grandes-fiascos-empresariales-de-la-democracia-espanola
• [7] Los siervos eran trabajadores vinculados a un lugar de residencia y labor, que estaban obligados a cultivar y cosechar la tierra de su señor. A cambio, podían laborar parcelas para su propio sustento y el de su familia, pagando al señor una parte de las ganancias en metálico y en especie

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