(C-Fam) La oficina de derechos humanos de la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para promover el activismo judicial en cuestiones de género en América Central y del Sur, incluido el aborto y la agenda LGBT.
La oficina de derechos humanos de la ONU estableció una organización para promover litigios estratégicos, reformas legales y educación legal sobre cuestiones de género en América Central y del Sur, regiones donde las leyes siguen siendo altamente protectoras de los niños en el útero. Si bien la organización, llamada Red Latinoamericana de Litigios Estratégicos de Género, se enfoca principalmente en la violencia contra las mujeres, también promueve el aborto como un derecho internacional siguiendo las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU.
El informe de la ONU en el que se basa el trabajo de la organización describe el “acceso al aborto legal y seguro” como un derecho humano y hace un llamado a los defensores de toda América Latina para promover la negación del aborto como un acto criminal de “violencia reproductiva”.
“Cambiar las leyes, la práctica judicial y la cultura patriarcal que envuelve la investigación y sanción de los delitos de violencia sexual y de género sigue siendo el desafío central”, dijeron en un blog las coordinadoras del grupo y las profesoras de American University Susana SáCouto y Claudia Martin .
El sitio web de la organización promueve los fallos de los tribunales latinoamericanos que promueven el aborto como modelos a seguir, incluyendo casos controvertidos que han sido denominados activismo judicial, o intentos de los jueces de imponer sus preferencias políticas sin tener en cuenta la voluntad del pueblo expresada por sus representantes electos.
A pesar de la gran presión internacional, América Central y América Latina siguen siendo obstinadamente pro-vida, y tanto los votos democráticos como los referendos sobre el aborto tienden a producir resultados pro-vida. Es por eso que los defensores del aborto y los gobiernos que los respaldan recurren cada vez más al poder judicial y las fuerzas del orden, aunque técnicamente esto es una forma de interferir en los asuntos internos de los países, algo prohibido por la Carta de la ONU.
La iniciativa de la oficina de derechos humanos de la ONU es solo el último esfuerzo de la oficina de la ONU y de los poderosos países occidentales para instumentalizar a jueces, abogados, activistas y personal policial en la región para promover el aborto.
Varias agencias de la ONU han promovido durante mucho tiempo la noción de que la negación del aborto debería ser un delito según el derecho internacional. Los programas en curso de la oficina de derechos humanos de la ONU, así como otros programas llevados a cabo en la región con dinero de donantes occidentales, vinculan la violencia de género con la aplicación de las leyes sobre el aborto.
Según un Protocolo Modelo Latinoamericano de 2014 para la investigación de asesinatos de mujeres por motivos de género elaborado por las agencias de la ONU, “las muertes por abortos inseguros o clandestinos” deben ser consideradas como “categoría pasiva o indirecta de feminicidios”.
La oficina de derechos humanos de la ONU y las agencias de la ONU organizan talleres en la región para el personal legal y policial cada año, según informes preparados por la oficina de derechos humanos de la ONU. En Centroamérica, las oficinas regionales de la burocracia de derechos humanos de la ONU promueven habitualmente el aborto. Y las evaluaciones internas de la oficina de derechos humanos de la ONU elogian el papel de los “asesores de género” dentro de la burocracia de la ONU para promover el aborto y la agenda LGBT en América Latina y en todo el mundo.
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