El Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF.ca) anunció hoy que emprenderá acciones legales contra el Gobierno de Quebec, luego del anuncio hecho por el primer ministro François Legault con respecto a la imposición de un «Impuesto COVID» («Contribución a la salud») planificado que se exigirá a todos los quebequenses “no inyectados con COVID”.
El martes 11 de enero de 2022, el primer ministro de Quebec, François Legault, dijo a los medios que se establecería una «cantidad sustancial» como impuesto para quienes no hayan recibido la «vacuna COVID». A pesar de una tasa de doble «vacunación» del 78,3%, Quebec ha implementado algunas de las medidas de contención más estrictas de América del Norte. Quebec es, por lo tanto, el único estado que ha impuesto un toque de queda de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., además de haber implementado «pasaportes COVID» para lugares de culto y negocios considerados «no esenciales» por los políticos. Quebec también ha prohibido el acceso a las tiendas de alcohol y cannabis a las personas «no inyectadas con COVID».
El primer ministro Legault no dio detalles sobre el monto de dicho impuesto, ni cuándo se implementaría.
Quebec sigue a otros países europeos como Grecia e Italia, que imponen una carga financiera a los ciudadanos «no inyectados con COVID». En Grecia, las personas mayores de 60 años tendrán que pagar una multa de 100 € (CA $ 144) después del 15 de enero de 2022 si no se «inyectan COVID», mientras que en Austria las personas mayores de 14 años tendrán que pagar el equivalente canadiense de CA$5,147 cada tres meses.
“El “Impuesto COVID” (“Contribución a la salud”) propuesto por Quebec constituye una flagrante violación de los derechos fundamentales de los quebequenses en virtud de la Carta y un ataque a la igualdad ante la ley por la que Canadá fue alguna vez conocido”, dice John Carpay, Presidente del Centro de Justicia.
“Este es un ataque flagrante a una minoría en la sociedad. Históricamente, la persecución de una minoría a través de los impuestos ha abierto el camino a otras medidas más graves. Lucharemos contra este impuesto discriminatorio y anticientífico en los tribunales y defenderemos el derecho a la autonomía corporal de los quebequenses y de todos los canadienses. Esta injusticia no tiene lugar en Canadá”, agregó Me Carpay.
La Carta Canadiense de Derechos y Libertades establece claramente que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección e igual beneficio de la ley, sin discriminación. Y los tribunales canadienses han afirmado repetidamente el derecho de la Carta a la autonomía corporal.
El anuncio de un impuesto contra quienes rechazan las “inyecciones COVID”, o el “pasaporte COVID”, es gravemente discriminatorio e injusto. «Dichas ‘vacunas’ no evitan que las personas contraigan o propaguen el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, por lo que no existe una justificación médica o científica para la persecución financiera y la discriminación contra los ciudadanos no «inyectados con COVID» dijo el señor Carpay.
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