Por Rebecca Oas, Ph.D. 

(C-Fam) En sus primeros 12 meses en el cargo, el presidente Joe Biden ha demostrado ser más agresivo en política social internacional que Barack Obama o Bill Clinton.

Comenzó inmediatamente después de asumir el cargo revocando la prohibición de EE.UU. de financiar grupos extranjeros que promueven el aborto, conocida como la Política de la Ciudad de México, que Donald Trump había ampliado para cubrir toda la ayuda mundial a la salud.

Biden también retiró a EE.UU. de la Declaración del Consenso de Ginebra, en la que más de 30 países reafirmaron su compromiso de mejorar la salud mundial de las mujeres al tiempo que insistían en que tales esfuerzos no incluían el aborto, que no es un derecho humano.

Biden disolvió la Comisión de Derechos Inalienables, que el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, había convocado para explorar las formas en que el concepto de derechos humanos se ha politizado y distorsionado.

Reemplazó la estrategia de género de Trump por una que promueve el aborto y los derechos LGBTQ.

Biden despidió a defensores pro-vida de las Comisiones Presidenciales mientras nombraba nominados pro-aborto para dirigir agencias federales, incluyendo el nombramiento de la abogada pro-aborto Sarah Cleveland como asesora legal del Departamento de Estado, la elección de Geeta Rao Gupta para ser la jefa de la Oficina de Asuntos Mundiales de la Mujer del Departamento de Estado, y la selección de Cathy Russell para dirigir UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia.

Biden restableció y aumentó la financiación al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), convirtiéndose en el primer presidente de EE.UU. en contribuir a su fondo temático, UNFPA Supplies, que distribuye medicamentos y dispositivos para el aborto.

Biden apoyó la derogación de la Enmienda Helms, que prohíbe a EE.UU. la asistencia extranjera para financiar directamente la promoción o provisión del aborto, aunque esto requeriría una ley del Congreso.  Mientras tanto, su administración ha dado muestras de estar dispuesta a redefinir la enmienda para incluir excepciones.  La Casa Blanca de Biden también emitió un memorándum apoyando la legislación que declara el aborto como un derecho humano.

La administración Biden señaló su apoyo a la ratificación de más tratados de derechos humanos de la ONU. También quiere usar legislación para evitar que cualquier futuro presidente republicano reintroduzca la Política de la Ciudad de México.

La administración Biden ha avanzado constantemente hacia la despenalización de la prostitución, incluso adoptando el término “trabajo sexual”, usado por los activistas para legitimar la venta de sexo como un tipo de trabajo como cualquier otro.

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Estableció un Consejo de Política de Género que promoverá la ideología de género en todo el mundo, y que es su principal mecanismo de compromiso con las organizaciones pro-aborto en cuestiones de política. También ha restablecido la práctica iniciada bajo el ex presidente Barack Obama de incluir el aborto en el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado bajo el título de “derechos reproductivos.”

El apoyo global a la orientación sexual y la identidad de género como categorías de derechos humanos siguió siendo parte de la política de EE.UU. bajo la administración de Trump, aunque fue promovido menos agresivamente que bajo el mandato del ex president Obama.  Con Biden, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de Obama, el apoyo a la agenda LGBTQ se ha convertido en un mandato de todo el gobierno.

Asignó $10 millones al “Fondo Mundial para la Igualdad”, lo que permitiría al gobierno de EE.UU. incluir en la lista negra a líderes religiosos extranjeros que se pronuncian a favor de la familia natural y en contra de la homosexualidad o la ideología de género.

Este otoño, la administración Biden puso su peso detrás de la inclusión del lenguaje de “orientación sexual e identidad de género” en una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el apoyo a elecciones justas.  Aunque muchos países expresaron su indignación en declaraciones orales, permitieron que la resolución se aprobara por consenso.

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