Por Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) Los demócratas en la Cámara de Representantes de EE. UU. se están preparando para intimidar e incluso castigar a los opositores extranjeros de la agenda homosexual/trans. El tema fue debatido en el Comité de Reglas de la Cámara esta semana cuando el Congreso consideró la Ley de Respeto Global.
Los defensores dicen que la Ley impondrá sanciones por violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas que se identifiquen como homosexuales o trans. Los republicanos acordaron que los violadores de los derechos humanos deben ser castigados, pero argumentan que el proyecto de ley amenaza la libertad religiosa y apunta políticamente a los opositores de las políticas LGBT en todo el mundo, incluidos los líderes religiosos y los padres preocupados de niños transgénero.
La congresista Claudia Tenney (R-NY), quien testificó por la minoría republicana en el Comité de Reglas, dijo que otras leyes federales ya protegen a las personas de los abusos contra los derechos humanos, independientemente de sus preferencias o comportamiento sexuales. Dijo que el proyecto de ley era, en el mejor de los casos, un “truco publicitario” y un “proyecto de ley de mensajes” para silenciar a los opositores al matrimonio homosexual y las políticas LGBTQI+ en todo el mundo.
Tenney señaló que el Departamento de Estado de EE. UU. se había opuesto al proyecto de ley como “repetitivo e innecesario” y advirtió que el proyecto de ley impondría requisitos burocráticos onerosos.
Los demócratas defendieron el proyecto de ley como una forma de “enviar un mensaje” a quienes violan los derechos de las personas homosexuales o trans y prometieron que no se utilizaría para restringir la libertad religiosa o la libertad de expresión.
Jamie Raskin (D-MD) dijo que la ley solo podría usarse para enjuiciar a los violadores de los derechos humanos “por sus acciones, no por su discurso.
Tenney dijo que esas garantías de los demócratas sonaban huecas. “No podemos asumir que no se utilizará para fines políticos partidistas. Independientemente de la intención, se utilizará para atacar a los oponentes religiosos e ideológicos en las guerras culturales”.
Tenney dijo que el lenguaje en el proyecto de ley sobre quién era “cómplice” en los abusos de los derechos humanos era lo suficientemente vago como para ser utilizado para disuadir la libertad de expresión y la libertad de religión. Podría cubrir los puntos de vista del Papa sobre el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer, así como la oposición política a las políticas transgénero en los baños escolares y los deportes organizados, explicó.
Acusó a los demócratas de traicionar su intención porque la versión original del proyecto de ley presentado en la Cámara tenía un lenguaje aún más amplio que cubría explícitamente la “incitación”.
Los demócratas no estaban dispuestos a permitir una enmienda al proyecto de ley para prohibir la aplicación de la ley contra la expresión de puntos de vista religiosos sobre “el matrimonio, la familia o la biología humana y la sexualidad”, propuesta por el congresista Scott Perry (R-PA).
En respuesta, Tenney dijo que los demócratas solo “predican la tolerancia hasta que se les pide que voten por ella” y los acusó de “empujar los límites en temas de guerras culturales en cada coyuntura, no sólo a nivel nacional sino también en el extranjero”.
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La enmienda republicana sobre la libertad religiosa fue rechazada por el Comité de Reglas siguiendo líneas partidistas.
Los mecanismos internacionales de derechos humanos acusan habitualmente a los líderes religiosos de ser cómplices del odio y la violencia a través de doctrinas religiosas a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer y de oponerse a las políticas transgénero para los niños.
Durante la audiencia del comité, los republicanos también acusaron a los demócratas de evitar debates más urgentes sobre derechos humanos. El representante Guy Reschenthaler (R-PA) calificó la Ley de Respeto Global como una “distracción de lo que deberíamos estar haciendo para responsabilizar a China”.
El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes anunció una votación sobre el proyecto de ley para el 7 de febrero.
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