Poco falta para que comience el debate electoral en Colombia, en medio del más sombrío panorama que pueda uno imaginarse.

El desmoronamiento moral de nuestra sociedad ha tocado fondo. No se respeta ya ni el más esencial de los derechos, el derecho a la vida. Los más crueles asesinos ahora fugen como Padres de la patria; los vándalos que atentan contra la vida de los agentes del orden y la ciudadanía andan libres como Pedro por su casa; los seres más indefensos, los niños en el vientre de su madre, han sido condenados a muerte por una Corte prevaricadora y perversa.

De la Democracia ya no nos queda ni la separación de poderes, pues la tiranía de los jueces se ha apoderado de las tres ramas; ahora legislan, imparten órdenes al Ejecutivo y hasta reforman la Constitución sin rendir cuentas a nadie. Se pasaron por la faja impunemente la voluntad del pueblo soberano cuando rechazó en el plebiscito de 2016 el claudicante pacto con las FARC.

La violencia, aupada por el humillante pacto, alimentada por los recursos de la droga y tolerada por un gobierno timorato y descaracterizado, se ha entronizado en casi todo el territorio nacional. Son las FARC (ahora llamadas “disidencias”), el  resucitado ELN y los carteles de la droga quienes imponen su ley en  el 40% de la geografía patria. Ya los cotidianos crímenes contra soldados, policías, líderes campesinos o simples transeúntes no conmueven a nadie. Ninguna tragedia nos impacta pues pareciera que hace parte del paisaje.

Por supuesto la delincuencia campea a sus anchas por todas nuestras ciudades. La población atemorizada e inerme es víctima a diario de los asaltantes, que no se conforman con despojar de sus bienes a sus víctimas, sino que atentan contra su integridad personal.

Nada podemos esperar en un país que vive bajo el imperio de la droga. Tenemos que agradecer a Juan Manuel Santos y a la izquierda colombiana su aporte para frenar la erradicación de la coca que venía adelantando el gobierno de la Seguridad Democrática. Ahora, gracias al espurio acuerdo de La Habana y a la complicidad de la Corte Constitucional, se ha multiplicado por 4 el área cultivada y venimos desde el 2019 batiendo los récords de producción y exportación de coca .

Sin desconocer los enormes perjuicios que a la economía mundial causó la pandemia del Covid-19, debemos agregar que en nuestro país, quienes lograron superar la crisis, se vieron afectados por los paros nacionales permitidos por el Gobierno Duque a pesar de que no se trataba de pacíficas protestas sino de una verdadera toma guerrillera. Nos toca ahora buscar solución a un estado de pobreza que afecta a un 42% de la población.

En medio de esta peligrosa coyuntura económica, insisten nuestros gobernantes en mantener una pesada e improductiva carga burocrática, en lugar de reducir drásticamente el tamaño y los gastos del Estado para aplicar los recursos recuperados a la generación de empleo y la mitigación de la pobreza. Tampoco entendemos que se pretenda mantener a toda costa la vigencia de un acuerdo espurio en su origen, cuya financiación implica para el Estado sumas impagables. Lo que no es legítimo se debe suprimir, y los recursos que este engendro cuesta, (129 billones de pesos) deben aplicarse a generar el desarrollo económico y social que el país requiere.

Como si lo anterior fuera poco, Colombia, a partir del humillante acuerdo habanero, emprendió la tarea de destruir la familia tradicional que ha sido parte de nuestra identidad nacional. Por todos los medios a su alcance, el Estado quiere imponernos una anticientífica y antinatural “ideología de género”, implantar – como lo ha determinado la prevaricadora Corte Constitucional –  el aborto hasta los seis meses  a voluntad de los padres, permitir la eutanasia, adoctrinar a la juventud en el materialismo ateo y marxista, en fin , corromper a las futuras generaciones .

Para rematar esta letanía de desvergüenzas, se vienen aplicando en Colombia, ante la indiferente mirada de una mediocre clase dirigente, todas las recomendaciones del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, para convertir a Colombia en otro esclavo del socialismo del Siglo XXI. ¿Es que no nos hemos percatado de lo que ello significa?   ¿Acaso no vemos por nuestras calles a centenares de desplazados que huyen del hambre y la miseria del “paraíso comunista” de Venezuela?

El panorama, como Ud. mismo lo puede juzgar, no puede ser más sombrío. Pero la solución es aún más difícil: Debemos enfrentar 3 monumentales escollos : 

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1. La perplejidad de un electorado que no encuentra líderes capaces de enfrentar con soluciones  eficaces y contundentes la problemática de fondo. Por eso los debates presidenciales no pasan de ser una insulsa palabrería, lugares comunes y chismes de cocina;
2.  La conjura nacional e internacional de gobiernos socialistas, partidos de izquierda, medios infiltrados por el marxismo cultural, carteles de la droga, grupos guerrilleros e “idiotas útiles”, que acompaña la pretensión de conducirnos al castro-chavismo;
3. La preparación de un gigantesco fraude electoral, para el cual se ha contratado la empresa que durante tantos años permitió el triunfo del chavismo en Venezuela.

Por : Luis Alfonso García Carmona, Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia 

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