Un liberal podría ser definido aproximadamente como un hombre que, si pudiera hacer callar para siempre a todos los que engañan a la humanidad con solo mover su mano en un cuarto a oscuras, no la movería.“ Gilbert Keith Chesterton

Aún hoy día, la masonería aprovecha cualquier ocasión para hacer hincapié en que su afán no es ocuparse de la política sino del desarrollo humanístico y perfección del hombre. En el presente artículo veremos la evolución de su actuación en la política interna de España, después del gran apoyo que dieron a la emancipación de los territorios hispanoamericanos.

Desde la última década del siglo XIX, España entra en una fase continua de cambios profundos que se manifestaron de forma convulsiva y que dieron lugar a nuevas pautas en las prácticas políticas: sufragio universal, empuje del movimiento obrero, reestructuración del republicanismo, democratización incipiente, urbanización, regionalismos, etc. La masonería española, que ya había dado a partir del Sexenio Democrático signos de actividad política, irrumpe en este nuevo marco participando en los cambios sociopolíticos y culturales. Logias y masones modifican sus comportamientos, amplifican su influencia por medio de una élite, unen a las familias republicanas, adoptan una gran flexibilidad política y modernizan su discurso. Es decir, que optimizan sus recursos y alcanzan un alto grado de acción política que viene explicitada tanto por su trayectoria como por sus planteamientos y propuestas. De modo que cada generación masónica muestra una diferenciación en el impacto de los acontecimientos políticos, procediendo a un ajuste de los hábitos. Estos acontecimientos son la crisis del 98, la Semana Trágica y la dictadura de Primo de Rivera. Dicha generación política en la masonería vendría definida por el hecho de que no es tanto una generación de edad, como una generación de experiencia compartida, por tanto, una generación plural entre las generaciones. Podemos establecer varios grupos:

1.-La generación de los republicanos centralistas. Los masones de Morayta (1900-1909): Los masones españoles acusados de ser instigadores, promotores y defensores de los independentistas filipinos, cubanos y puertorriqueños, sufrirán las consecuencias del fracaso de la política autonomista de los liberales. Los hechos remontan a 1896, cuando el gobierno de Cánovas del Castillo encuentra una colisión de intereses entre el Gran Oriente Español (GOE) y una asociación filipina establecida en Madrid. Se produce una campaña orquestada por sectores conservadores, que concluye en una encuesta parlamentaria, algunos dicen que tendenciosa, y una resolución del gobierno: Por decreto-ley, las actividades de la masonería son prohibidas, los archivos de las obediencias confiscados y sus dirigentes detenidos. Estas medidas provocaron un choque de tal envergadura que la sociedad masónica, paralizada, se disuelve prácticamente sin intervención judicial.

De esta forma comienza un periodo de silencio que no quiere decir un periodo vacío. Algunas logias, dispersas, continúan sus trabajos en una singular discreción. Sin embargo, la mayoría de las obediencias ha desaparecido, dejando un espacio masónico casi virgen. Este espacio será recuperado por el GOE y, en menor medida debido a su proyección, por la Gran Logia Simbólica Regional Catalano-Balear (GLRCB). Entre 1896 y 1902, la masonería española es incapaz de retomar unas actividades similares a las que desarrollaba una década antes, pero Miguel Morayta[1] imprimirá al GOE desde 1889 una corriente moderada, krausista, levemente jacobina, que por reunir valores de progreso burgués, no provocaba sobresaltos. Su actitud respecto a la religión era respetuosa, nada anticatólica y razonablemente anticlerical. Era el partido de Salmerón y de la Institución Libre de Enseñanza.

El GOE se configuró como un espacio políticamente moderado, lo que le facilitó adquirir gran desarrollo en las filas del republicanismo salmeroniano, sobre todo desde la creación del partido de Unión Republicana en 1903. Esta generación masónica de Morayta entendió que la Orden no podía existir por sí misma si no se inscribía en el movimiento que se perfila en la España de después de 1898, a pesar de aquellos masones demasiado preocupados en “no hacer política”. Sin embargo, la gravedad en que vivía la sociedad española: huelgas obreras, guerra de Marruecos, llegada en masa de religiosos franceses expulsados por las leyes laicas,  el bloqueo sistemático de los gobiernos de la monarquía y las necesidades de concertación de todas las fuerzas republicanas, empujó a la masonería a insertarse en la regeneración nacional, con la prioridad, según aseguran, no de dar un aval al régimen, sino salvar a la nación. Esto conlleva su introducción en el cuerpo político y en un proceso de identificación nacional en el que tuvo gran importancia la impronta salmeroniana en la dirección del GOE y su concepto de la unión de las familias republicanas. Esta sólida posición se debía, por un lado, a que las relaciones con los masones catalanes pasaban por un buen momento, ya que eran autónomos de Madrid, y, por otro lado, a que la influencia de Morayta seguía siendo muy importante para la tarea de regeneración que se había impuesto[2].

2.- El masón reformista. La generación del doctor Luis Simarro (1909-1921): La masonería española se une a una oposición republicana y socialista cada vez más presente en la vida política, fieles a los grandes principios de Salmerón, pero más contestatarios. Las grandes instancias de la obediencia, están ocupadas por miembros eminentes del reciente partido republicano reformista como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, incluso Melquiades Álvarez, iniciado en la masonería el día 23 de noviembre de 1912, pasado al grado de Compañero el 28 de agosto de 1915 y exaltado al grado de Maestro el 10 de diciembre de 1917, llegó a ser presidente del Congreso de los Diputados (1922-1923) y diputado por Valencia en las Cortes constituyentes de 1931.

El gran maestre Simarro publicó en 1910 un libro que revelaba la falta de garantías judiciales que hubo en el juicio en que fue condenado Francisco Ferrer y con él mostró la urgente necesidad de crear las bases de un proyecto jurídico y político que fuera más allá de los partidos políticos, acusaba a la Iglesia de haber influido en el proceso de Ferrer y, planteó la exigencia de una secularización y la separación de la Iglesia y del Estado, germen que impulsó al GOE  a crear la Liga Anticlerical en 1911[3].

El segundo proyecto de envergadura que surgirá desde el GOE será la creación, en 1913, de la Liga Española de los Derechos del Hombre (LEDH). Simarro había considerado la importancia de crear un centro que pudiera defender los derechos del hombre y del ciudadano, como habían hecho los masones franceses en 1890. Finalmente, en una última reunión en el Centro Republicano de Madrid, se decidió la creación de la Liga siendo Benito Pérez Galdós su primer presidente.

La generación de los masones reformistas estaba compuesta por abogados, tribunos políticos, periodistas, escritores y profesionales, todos convencidos de la trascendencia del derecho en la vida política por lo que sólo contemplaban las relaciones políticas y sociales como medio del Estado de derecho. De aquí que la convergencia entre la masonería y la LEDH se suponía que establecía un componente ético a los comportamientos políticos y un referente jurídico frente a las faltas de derecho. Además, su desarrollo facilitaba el componente político de los masones en un espacio político (y politizado) pero no partidista. Una vez más, los masones reformistas creían hacer política para la polis, por el interés general y así lo defendían.

Rediseñar los espacios de actuación, señalar cuestiones de reflexión susceptibles de consensuar una contestación, abrir canales de comunicación, etc., para lo cual crean dos revistas: El Mundo Latino una nueva fórmula de acercamiento social de la masonería española y España, con la que los masones se van a dedicar a consolidar la LEDH que los masones quieren que sea un canal de comunicación directo con la sociedad española.

Esta generación, gracias a su posición en el tablero político nacional, logró también un cambio fundamental en las prácticas masónicas: no estar en los márgenes de las movilizaciones, sino formar parte de ellas, de modo que el GOE sale de esta operación beneficiado porque fue aceptado, en tanto que actor, por una gran parte del abanico político de la oposición, admitido en los círculos de debates y con vías directas de contacto.

3.-El masón radical. La generación de Martínez Barrio (1921-1931): Se produce un agotamiento de la vía reformista debido a dos contextos diferentes: uno, el control de las logias por el Gran Consejo de la Orden, que era mal soportado por la base a causa de una actitud poco democrática por parte de los dirigentes del GOE, y otro, los males producidos por el posibilismo reformista, fórmula de salvamento de la monarquía. Los masones reformistas pretendían conservar un poder en el GOE, lo cual, en cierto modo, estaba en contradicción con su declarado espíritu democrático. Las actitudes recurrentes del Gran Consejo de la Orden molestaban profundamente en las logias simbólicas, las cuales veían que sus demandas y proyectos eran, muy a menudo, rechazadas por los altos dignatarios. Esto provocó reacciones muy vivas y manifestaciones de todo tipo.

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Una masonería más joven reclama un estatuto diferente del pasado. El hecho de que los últimos masones más recientes tuvieran una tonalidad más radical que reformista obligará a cambiar de arriba abajo, la tendencia dominante. Las logias «radicales» apenas soportaban a esos «señores», esos masones abogados, intelectuales y ateneístas. El nuevo masón se encuentra entre los negociantes, comerciantes, empleados, profesores de instituto y maestros. Es decir, un nivel social más popular. La masonería española a partir de los años veinte es la expresión de un cambio generacional y de un cambio sociológico.

Dos hechos van a influir: por una parte, la «revuelta catalana» de una decena de logias del GOE que, con la ayuda de algunas logias andaluzas, se van a separar y crearán la Gran Logia Española (GLE). Por lo tanto, una masonería periférica, más política y menos a la escucha de las variables madrileñas. La GLE es la resultante de una visión de la masonería más amplia y democrática, pero también de un republicanismo más radical, social y laico. Por otro lado y debido a la contestación de las logias, la puesta en pie de una nueva carta territorial de tipo federal en el GOE. Estas dos cuestiones van a ser llevadas a cabo por los radicales, desplazando a los reformistas, los cuales en un golpe de mano imponen en los organismos internacionales (Asociación Masónica Internacional (AMI), la Sociedad de Naciones y otros organismos asociados como la Oficina Internacional del Trabajo, OIT) a la GLE sobre el GOE que se vio abocado a desarrollar una política más nacional, a intentar enraizar estos nuevos masones radicales, para lo cual encontró el dirigente más adecuado en la persona del dirigente sevillano Diego Martínez Barrio.

En un ambiente masónico en plena evolución y sin haber tenido tiempo para consolidar los proyectos de ambas obediencias, el golpe militar de septiembre de 1923 va a modificar profundamente las cosas. La dictadura militar de Primo de Rivera, primero, y el directorio civil, después, a partir de 1925 van a convertir la masonería en un canal de movilización política. La contestación timorata del GOE y las peticiones sibilinas de colaboración de la GLE no podrán impedir una represión masónica arbitraria y selectiva. El poder no se deja embaucar por las propuestas de la GLE, ni por la neutralidad manifiesta del GOE.

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Los masones radicales aplicaron los recursos propios del radicalismo, siguieron actuando entre visillos. Curiosamente hasta tenían espacios secretos en algunos centros de reunión con los que lograban escapar al control de las logias y de los dirigentes nacionales. Según Luis P. Martín en su libro “Generaciones políticas en la masonería española (1900-1931)” asegura que ninguno de los dos grupos avalaron nunca  las actividades conspiradoras y que seguían aquello que decía Martínez Barrio de que las logias eran «casa de todas las izquierdas». En realidad, venían a ser un espacio de reunión masónica y política, lo que añadido a la actitud de la dictadura, contribuyó a la solidificación del radical-socialismo e incluso al acuerdo entre las dos obediencias en 1924 y  atrajo a muchos socialistas a la masonería.

La llegada de militantes de base, de simpatizantes provenientes de todos los sectores socio[1]profesionales de la burguesía, de cuadros de los partidos, militares contrarios a Primo de Rivera y, por último, también intelectuales, dará a la masonería española un nuevo carácter dentro de la oposición y juntos crearán la logia Dantón. Como se ve por lo expuesto, es demasiado evidente el maridaje «política y masonería», a pesar de sus protestas en escritos de miembros masones que siguen insistiendo en que la política no entra en sus objetivos.

La Masonería española, en los años precedentes a la proclamación de la Segunda República (14-IV-1931), aumentó notablemente sus efectivos, de manera que en 1930 sus 2.455 miembros se encuadraban en 81 logias y 26 triángulos. Pero si llamativo fue el crecimiento de la Masonería durante la Dictadura de Primo de Rivera y del General Berenguer (1923-1931), más sorprendente fue el que experimentó durante el período republicano pues el año 1934, los masones en España casi se duplicaron, llegando a un total de 4.446 miembros. Otro dato muy significativo es que de 470 diputados a Cortes, 151 eran masones, pero de su actividad durante el período de la II República Española, hablaremos en un próximo artículo.

• [1] Iniciado en 1870, llegó a Gran Maestre del Gran Oriente de España logrando la fusión de esta obediencia con el Gran Oriente Nacional de España, dando lugar, el 21 de mayo de 1889 al Grande Oriente Español, donde el Hermano Miguel Morayta y Sagrario fue el primero en ocupar cargo de Gran Maestro y Soberano Gran Comendador entre 1889 y 1901 y más adelante  desde 1906 hasta su muerte en 1917.
• [2] Sobre esta cuestión son elocuentes las palabras del gran maestre accidental, Francisco Sosa, en la Asamblea anual del GOE de 1904: «Nosotros queridos hermanos estamos en el deber de renovar esta sociedad española. Los hombres que nos han llevado al desastre material y que nos hacen vivir en el desastre moral es preciso que desaparezcan para siempre de la vida pública; que desaparezcan los gobernantes que no supieron evitar guerras que trajeron la deshonra; que desaparezcan los maestros que, fanáticos e ignorantes, crearon seres enteros y raquíticos de inteligencia y ricos en fanatismo y superstición», Boletín Oficial del Gran Oriente Español (BOGOE), 146 (11 de mayo de 1904), pp. 95-98)
• [3] Entre los animadores de la Liga encontramos Miguel Morayta (presidente), Luis Morote (vicepresidente), Eduardo Ovejero (secretario), Santiagon Arimón, Augusto Barcia, Francisco Escola, Ricardo Villamor (vocales) y todos masones. Los estatutos de la Liga precisan la finalidad de su creación: «su objeto es influir en los gobiernos y en la opinión para afirmar la supremacía del poder civil contra las in[3]trusiones del clero». Cfr. Estatutos de la Liga Anticlerical Española, Madrid, Im[3]prenta Ducazcal, 1911.

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