Por Rebecca Oas, Ph.D.

(C-Fam) Los organismos de derechos humanos de la ONU presionan cada vez más a los países para que acepten nuevas definiciones de género y familia, y de esta manera, liberalizar las leyes sobre el aborto. El informe del Examen Periódico Universal (EPU), revela la falta de acuerdo existente para estos temas. Lo sorprendete es que esto está ocurriendo a pesar de los esfuerzos coordinados de los países occidentales ricos para dirigir el proceso y así alcanzar sus prioridades.

A diferencia de otros sistemas de derechos humanos, en la ONU, se incorporan expertos que les dicen a los países qué hacer. En la EPU, el historial de derechos humanos de cada país es revisado a su vez por sus países aliados. Esta semana concluyó en Ginebra el tercer ciclo de exámenes.

Desde la década de 1990, los órganos de supervisión de tratados de la ONU y los relatores especiales se han vuelto cada vez más agresivos al presionar a los países para que cumplan con sus controvertidas posiciones sobre cuestiones sociales. Por el contrario, cuando las naciones hablan entre sí en el Examen Periódico Universal, el resultado es una mezcla mucho más diversa de voces y preocupaciones.

De las miles de recomendaciones hechas en cada ciclo, la orientación sexual y la identidad de género (SOGI) constituyen una minoría relativamente pequeña: alrededor del cuatro por ciento. Asimismo las recomendaciones sobre el aborto representan el cuatro y medio por ciento. Las recomendaciones sobre estos temas también tienen muchas más probabilidades de ser “observadas” en lugar de “apoyadas” por el país que se está revisando.

La presión sobre el aborto y SOGI proviene de un grupo relativamente pequeño, en su mayoría países ricos de Europa occidental y sus aliados. En cada ciclo del EPU, menos de la mitad de los casi 200 estados miembros de la ONU han hecho alguna vez una recomendación sobre estos temas. Islandia se ha distinguido como la más agresiva en la promoción tanto del aborto como de SOGI. En el ciclo recientemente concluido, Islandia hizo más del diez por ciento de todas las recomendaciones SOGI y más del veinte por ciento de todas las recomendaciones de aborto.

Al igual que los hallazgos de otros expertos en derechos humanos de la ONU, ninguna de las recomendaciones hechas en el EPU es legalmente vinculante. Sin embargo, la estructura del EPU muestra el poco acuerdo existente entre las naciones miembros de la ONU sobre el aborto y las SOGI. También revela la poca concordancia de las opiniones de los expertos en derechos humanos de la ONU con las prioridades de los países donantes ricos.

Una investigación de C-Fam revela que la influencia de estos países ricos también se ha infiltrado en la UPR a nivel de ciudadanos comunes. Se invita a las partes interesadas no gubernamentales a presentar sus propios informes sobre los registros de derechos humanos de los países. C-Fam ha descubierto que las organizaciones locales que envían informes favorables al aborto y SOGI en realidad están financiadas por la Unión Europea, Canadá y otros gobiernos poderosos. Estas organizaciones se presentan como parte de la base.

Una coalición llamada “Iniciativa de derechos sexuales” recibe fondos de Dinamarca, los Países Bajos y Canadá para ayudar a las organizaciones locales a presentar informes a la UPR que promuevan la SOGI y el aborto. Luego, los países donantes hacen recomendaciones en el EPU, a veces palabra por palabra, en función del contenido de los informes que ayudaron a crear.

Algunos países, como Egipto y Kenia, han hecho recomendaciones a favor de la vida y la familia en el EPU, aunque son mucho menos numerosas, en parte porque no existe una alianza de países ricos y otras organizaciones filantrópicas que trabajen con organizaciones locales para inundar el sistema de la UPR con informes que reflejen sus prioridades.

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